La percepción de un alto nivel de corrupción en los estamentos públicos en connivencia con parte del sector privado es algo que, mes tras mes, aparece en los primeros puestos de la encuesta del CIS sobre las preocupaciones de los españoles. Anida en nuestra sociedad la convicción de que a menudo el soborno es moneda de cambio entre poderes públicos y grandes corporaciones. Y aquí es donde entra de lleno el llamado compliance o cumplimiento normativo, mucho más que un simple listado de normas. Y si hay alguien empeñado en poner en valor esta herramienta es Cristina del Val. Entrevistamos a la Legal Counsel, Legal & Business Integrity de Mondelēz International y miembro de la Junta Directiva de Cumplen (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo) para conocer de cerca qué novedades tienen las empresas para evitar (o erradicar) la corrupción en su seno.
Lawyerpress (LP): ¿Cómo se percibe en el mundo empresarial la situación actual de corrupción en los negocios?
Cristina del Val (CdV): Mire, recientemente se ha publicado el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 elaborado por Transparencia Internacional que analiza las percepciones sobre corrupción en el sector público en 176 países. Esta organización llama a abordar con urgencia el círculo vicioso de corrupción y desigualdad e informa de que el 69 % de los países obtuvieron una puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción de muy altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de ínfimos niveles de corrupción). Según Transparencia Internacional, el resultado evidencia el carácter masivo y generalizado de la corrupción en el sector público a nivel mundial.
LP: ¿Y España qué puntuación ha obtenido?
CdV: España ha mantenido la puntuación de 2015, un 58 sobre 100. Pero hay que tener en cuenta que, por otra parte, en los últimos años se ha producido un notable aumento de la actividad de los organismos reguladores e instancias judiciales en la investigación de casos de corrupción que han captado así mismo la atención de los medios de comunicación. Todo ello ha provocado mayor sensibilidad y conciencia social sobre la lucha contra la corrupción y ha provocado que las políticas y sistemas anti-corrupción implantados en las compañías sean mejores que hace cinco años. La lucha contra el soborno y otras prácticas corruptas son una de las principales preocupaciones de las organizaciones.
LP: Pero, ¿es solucionable la corrupción en los negocios cuando, según los últimos estudios, en la mitad de los casos está implicada la propia dirección de la compañía?
CdV: Está claro que erradicar la corrupción en los negocios pasa irremediablemente porque el órgano de gobierno y la dirección de la compañía estén realmente comprometidos con la aplicación de un estándar de conducta y ética profesional que prohíba y combata cualquier tipo de conducta ilícita o no ética. En este sentido, los departamentos de recursos humanos de las organizaciones juegan un papel fundamental a la hora de contratar personas que respondan a dichos estándares y que vayan a ocupar puestos estratégicos en el organigrama de la organización. Por otra parte, la adopción de un código de conducta en el que la declaración de tolerancia cero a la corrupción ocupe un lugar destacado es un factor relevante ya que traslada un claro mensaje tanto internamente, a los empleados sobre las normas que rigen la forma de actuar en la compañía, como externamente a socios de negocio o inversores respecto de sus expectativas en relación con la compañía. La norma ISO 37001 declara que ‘la naturaleza de la cultura de la organización es crítica para el éxito o fracaso del sistema de gestión anti-soborno’.
LP: Hablemos de esta nueva herramienta, la norma ISO 37001. ¿Qué novedades introduce?
CdV: Vamos a ver. La norma ISO 37001 es el estándar internacional que especifica los requerimientos y proporciona una guía para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión anti-soborno. Y es importante señalar que la ISO 37001 no es legislación de obligado cumplimiento sino una norma de aplicación voluntaria que recoge un conjunto de buenas prácticas internacionalmente reconocidas dirigidas a combatir el soborno. Dicho esto, tener un estándar internacional tiene enormes ventajas. Y como novedades principales, aporta medidas concretas para construir el sistema de gestión. En este contexto, la norma aborda los roles y responsabilidades que atañen al órgano de gobierno, a la alta dirección y a la Función de Cumplimiento (o Compliance Officers) de la organización; cual es el contenido mínimo de la política anti-soborno; qué materias deberían abordar las acciones de formación y concienciación; la importancia de llevar a cabo procesos de diligencia debida a empleados, terceros y determinados proyectos y operaciones en función de la naturaleza y magnitud del riesgo de corrupción al que expongan a la organización; medidas concretas para gestionar prácticas de riesgo como son los regalos, hospitalidades, donaciones y beneficios similares; la necesidad de arbitrar un canal de denuncias y un sistema de investigación de las mismas y someter el sistema a procesos de mejora continua.
LP: Es una norma muy amplia y concreta…
CdV: Lo es. Pero personalmente considero que la efectividad de las medidas específicas que acabo de mencionar dependen de la construcción de una verdadera cultura ética corporativa y de compromiso con la integridad, la transparencia y respeto a las leyes. Sin esta cultura, cualquier sistema de gestión anti-corrupción es difícilmente sostenible.
LP: En este sentido, ¿por qué cree que la mayoría de directivos consideran que las actuales políticas anticorrupción en las empresas dificultan la buena marcha de los negocios?
CdV: Básicamente por su complejidad. Las principales críticas que la alta dirección de las compañías realiza sobre las políticas corporativas de lucha contra la corrupción están relacionadas con la falta de claridad y complejidad de las mismas, la dificultad en su comprensión; la insuficiente información y formación recibida, la excesiva carga burocrática que suponen y el complejo encaje en los procesos habituales de negocio. En este contexto, los profesionales que trabajan en funciones de Cumplimiento Normativo, los Compliance Officers, son clave para contribuir a solucionar estos problemas. Y, por supuesto, desde la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, Cumplen, movidos por el propósito de impulsar una verdadera cultura de compliance en el seno de las empresas de nuestro país, abogamos por una política anticorrupción para empresas como elemento clave dentro del sistema que las mismas han de implantar para prevenir los riesgos derivados de dichas conductas ilícitas.
LP: A veces da la sensación de que, amparados por este impulso del ‘compliance’ al hilo de la reforma del Código Penal, se ha mezclado un cierto oportunismo por parte de algunos, digamos, avispados que creen haber encontrado un nuevo nicho de mercado. ¿No cree que hay una cierta ‘burbuja’ del compliance en España?
CdV: En absoluto creo que exista una burbuja de compliance. Todos aquellos que hayan interpretado la necesidad de asentar el Compliance en España como un nuevo mercado u oportunidad de negocio temporal o pasajera, no han entendido verdaderamente qué significa el compliance ni están “haciendo compliance”. Es posible que alguien se atreva a hacer un plan de prevención en 5 minutos y estará en su derecho de hacerlo pero me preocuparía que alguien diera credibilidad a ese plan y decidiera implementarlo. Diseñar e implementar un verdadero sistema de gestión de compliance es un trabajo que debe ser asignado a profesionales con una formación, experiencia, competencias y capacidades profesionales y personales determinadas. Y uno de los motivos por los que nació Cumplen en 2014 fue precisamente la detección de una falta profunda de conocimiento en materia de compliance en nuestro país a todos los niveles y en todos los sectores.
LP: En este sentido, el de la profesonalización de los compliance officers, una de las claves para implementar una buena estrategia de cumplimiento es el mapa de riesgos. ¿Qué es lo más importante a la hora de elaborar un mapa de riesgos antes de implementar políticas anticorrupción en una compañía?
CdV: El elemento esencial de cualquier mapa o análisis de riesgos de cumplimiento es que esté adaptado específicamente a los riesgos a que se enfrenta la organización. En otros términos, los análisis de riesgos de otras compañías o entidades no nos van a servir de modelo para elaborar nuestro propio análisis de riesgos. La correcta identificación de los riesgos de corrupción de la organización depende de un análisis específico de las características y contexto particulares de la misma como, por ejemplo, tamaño, estructura, ubicaciones, sector en el que opera, complejidad operacional, modelos de negocio, stakeholders, grado de interacción con funcionarios públicos, legislación aplicable, entre otros. Una vez identificados los riesgos se podrá seleccionar la metodología de análisis más adecuada y los riesgos detectados para clasificarlos en distintos niveles y finalmente poder evaluar la efectividad de los controles implementados.
