Los registradores de la propiedad de la Comunitat Valenciana han propuesto a la Administración su participación activa en la aplicación de la futura Ley de Gestión, Modernización y Promoción de las Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana, actualmente en fase de borrador.
Durante la presentación de una jornada sobre el Anteproyecto de Ley celebrada ayer en la sede del Colegio de Registradores de la Comunitat Valenciana, la decana Mª Emilia Adán insistió en la necesidad de contar con el registro de la propiedad como instrumento que garantice la seguridad jurídica del tráfico económico: «Dado que los propietarios de las fincas registrales situadas dentro del área industrial delimitada se deben integrar obligatoriamente en una Entidad de Gestión y Modernización, con sus derechos y obligaciones, entre ellas el pago de terminados gastos en función de una cuota de participación asignada, es muy importante que conste en el registro qué fincas constan en cada polígono o área industrial, quiénes son los propietarios y qué categoría tiene cada área industrial».
El conseller de Economía, Rafael Climent, recalcó por su parte el consenso que está consiguiendo el Anteproyecto de Ley por parte de todas las partes implicadas, así como la importancia de que la Ley permita que después sea fácil de actuar con arreglo a su postulado. En su opinión, «la crisis evidenció el agotamiento de un modelo productivo basado en una economía especulativa, alejada de la economía real o productiva, y por ello es necesario que el sector de la transformación y la industria ganen peso, pasando incluso del 20% del PIB. Consolidar este sector nos permitirá ganar en equilibrio social, cohesión y trabajo de calidad».
Entidades de Gestión y Modernización
El Anteproyecto de Ley no ha llegado aún a Las Cortes, pero se espera que pueda hacerlo a lo largo de las próximas semanas. Su objetivo es regular y ordenar jurídicamente las áreas industriales, mejorar la gestión de estos espacios, dotarlos de servicios y promocionarlos como infraestructuras de competitividad generadoras de empleo y riqueza, que generan el 50% del PIB del Estado.
Una de las figuras novedosas que introduce la ley, que podría ser replicada en otras comunidades autónomas, es la de las entidades de gestión y modernización, a las que deberán estar adscritos obligatoriamente todos los empresarios de los parques industriales. Es aquí donde entra en juego el papel del registro de la propiedad, que favorecerá el conocimiento y cumplimiento de la Ley y servirá de garantía para que todos los propietarios de las parcelas o terceros interesados puedan conocer quiénes forman parte de cada área industrial y si están o no al corriente de sus obligaciones. María Soriano, registradora de la propiedad de Xàtiva y una de las participantes en el encuentro, explicó que la «intervención del registro servirá también para comunicar telemáticamente a la gerencia cualquier cambio en la titularidad, y la fiabilidad de la información incorporada al registro aumentará la seguridad jurídica, evitará litigios y costes innecesarios». Y añadió: «Es el comprador del inmueble quien responderá de las deudas que pudiera haber, por eso es tan importante que esa información conste previamente. Eso solo lo puede hacer el registro».
Intenso debate
Los participantes de la jornada debatieron intensamente durante la tarde de ayer sobre los pormenores de la futura Ley. Representantes de polígonos industriales, políticos, catedráticos, responsables de la Administración, abogados y registradores analizaron diversos aspectos de este novedoso texto legal, «el primero en España que regula la normativa de gestión de las áreas empresariales» en palabras de Santiago Salvador, presidente de FEPEVAL, Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat Valenciana.
Los asistentes coincidieron en la necesidad de que se apruebe la nueva Ley, que debe dar solución a los más de 700 parques industriales diseminados por toda la región. Para Diego Maciá, director general de Industria y Energía, «se trata de infraestructuras económicas importantes al servicio de los empresarios que requieren bastante atención, dadas las carencias históricas que presentan muchos de ellos. Debemos conservarlos, mantenerlos, mejorarlos e incentivarlos, y ese es el espíritu de esta Ley».
Intervinieron también Juan Manuel Badenas, catedrático de Derecho Civil y presidente del Instituto Interuniversitario de Buenas Prácticas, entidad coorganizadora del encuentro, Jaime Frígols, abogado especialista en Derecho Urbanístico, Diego Romá, gerente de FEPEVAL y Ana Mª Juan, profesora titular de Derecho Financiero de la Universitat de València. Begoña Longás, directora del Centro de Estudios Registrales, actuó de moderadora en una de las dos mesas de debate. Longás subrayó la faceta social imprescindible que cumple el registro y el carácter pionero de esta ley, al tiempo que concluyó que la información sobre qué área geográfica comprende, qué categoría tiene ese área industrial y las obligaciones que tienen sus propietarios debe constar en el registro. «Resulta imprescindible también para aquellos casos de transmisión de las parcelas o cambios de titularidad».
