Por Núria Ribas (@oikit)
El próximo 5 de abril cerrará las comparecencias ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos. Tras Burgos, el parón de la Semana Santa y luego, el inicio de las deliberaciones para emitir las recomendaciones que deben guiar el futuro de las pensiones en España.
Un futuro complicado. Una ‘hucha de las pensiones’ vacía: el agujero financiero de la Seguridad Social ronda los 18.500 millones en 2016, según datos del propio Gobierno. Un envejecimiento de la población galopante. Y un sistema, el actual, que hará quebrar el modelo de solidaridad intergeneracional que hasta ahora ha guiado nuestras pensiones: se acerca la generación que no recibirá lo que ella ha aportado a sus mayores. La escasa fiscalidad positiva sobre el ahorro – el ahorro de ciudadanos medios, no de grandes fondos de inversión a través de las SICAV – no ayuda a que los trabajadores en activo se animen a potenciar el ahorro privado. El no saber exactamente qué pensión nos quedará al final de nuestra vida laboral, tampoco incentiva al ahorro. ¿Cómo financiar, pues, las pensiones del futuro? ¿Subiendo las cotizaciones sociales que pagan las empresas y los trabajadores?
“En España, el 80% de las cotizaciones sociales lo pagan las empresas, cuando en Europa está equilibrado entre empresas y trabajadores. Cuando hablamos de aumentar las cotizaciones sociales para sostener las pensiones y que se hagan cargo de esta subida las empresas, estamos hablando de un impuesto directo al trabajo: si se aumentan las cotizaciones sociales, disminuirá el empleo”, asegura Jesús Sainz, secretario general de Círculo de Empresarios.
Pocos, en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, apuestan por esta solución, conscientes de que el mercado laboral ya está bastante mal trecho. Aina Vidal, portavoz de Podemos en la comisión, explica que su grupo defiende un incremento de las cotizaciones pero “creemos sinceramente que no será por esta vía por la que podamos llegar a una sostenibilidad económica del sistema. Creemos que es más bien por la vía de captaciones puntuales en los Presupuestos Generales del Estado, por la vía impositiva y por la vía de acabar con las exenciones, las bonificaciones y las tarifas planas que a día de hoy están malgastando una parte de nuestros recursos”.
Pero no parece que estas vías que apunta Vidal sean las que el Gobierno del PP quiere explotar. De hecho, la reforma emprendida casi en solitario por los populares en 2013 se sustenta en el índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad que entrará en vigor en 2019. Es decir, se acaba con la evolución de los precios como referencia para revalorizar las pensiones y las vinculan a los ingresos del sistema y a la situación económica del país. O sea, una bajada asegurada de las pensiones. ¿Solo las contributivas? ¿O también las no contributivas?
El modelo sueco
“Lo que está claro es que algo tenemos que hacer porque si no hiciéramos nada, en el año 2030 la relación entre cotizante y pensionista será de 1,3 y en el año 2015, de 1 a 1”, avisa Jesús Sainz, secretario general del Círculo de Empresarios. Desde esta institución proponen, en un reciente informe sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, medidas a corto plazo por la vía de los ingresos y de los gastos a la Seguridad Social. “Por la vía de los ingresos, hay que seguir haciendo reformas paramétricas que no solucionan el problema, pero ayudan a pasar estos años en que el problema se va agrandando. Por ejemplo, retrasar la edad de jubilación, alargar el número de años que se usan para calcular la pensión y, muy importante, poder realizar un cálculo fiable de la pensión que nos quedará. Por el lado de los gastos, que las pensiones no contributivas se cubran a través de los Presupuestos Generales del Estado”, apunta Sainz.
A largo plazo, la propuesta hace años que está encima de la mesa, pero no ha habido hasta ahora ningún gobierno que sea capaz de llevarla a cabo, probablemente porque implica reformar otros parámetros como el mercado laboral, la formación profesional, la fiscalidad sobre el ahorro y las políticas de conciliación para aumentar la natalidad. Se trataría de transformar el actual sistema de reparto en un sistema mixto basado en tres patas: reparto, capitalización voluntaria y capitalización obligatoria.
Es el sistema sueco, por ejemplo, “aunque los suecos lo han implementado a lo largo de 25 años”, avisa Sainz. Las soluciones a realidades complejas no suelen ser ni fáciles ni rápidas. “Primero hay que establecer un año a partir del cual los que hayan nacido después de esa fecha, ya no entran en el actual sistema. Mediante un periodo transitorio se establecerían esas tres vías de financiación de las pensiones. Si nos fijamos en Suecia, la vía del reparto, la pensión mínima, se financia a través de los Presupuestos Generales del Estado; la capitalización obligatoria es un 16% del salario; y luego está la capitalización voluntaria a través de planes de pensiones privados, pero con buenas bonificaciones fiscales, porque ahora, en España, el ahorro privado de los trabajadores está penalizado”, explica el secretario general del Círculo.
Efectivamente, para que el modelo sueco pudiera llegar a implementarse en España deberían cambiar parámetros estructurales que se extienden en el tiempo de una manera frustrante: con bajos salarios y altos precios de la vivienda difícilmente las nuevas generaciones pueden llevar a cabo un proyecto de vida que incluya formar una familia y, por tanto, aumentar la natalidad. Del mismo modo, es casi imposible fomentar el ahorro entre los trabajadores si los sueldos prácticamente no llegan a final de mes. Unos salarios que no se incrementarán nunca si no formamos a trabajadores especializados, tanto a través de las universidades como de los centros de formación profesional, todavía muy denostados. “La educación, la demografía… no son cuestiones que se solucionen en una legislatura. Son necesarios pactos de Estado de consenso duraderos en el tiempo”, se lamenta Sainz.
