El decano-presidente del Colegio de Registradores de España, Gonzalo Aguilera, y la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector de la Universidad Complutense, Isabel Fernández Torres, durante la inauguración del curso
Ayer se inauguró dentro de la XXX edición de los Cursos de Verano de El Escorial, el curso sobre prevención de blanqueo de capitales en materia de créditos inmobiliarios y el papel que desempeñarán los registradores en la legislación resultante de la transposición de las Directivas europeas correspondientes al derecho español. El curso está dirigido por el director del Centro de Estudios, Juan María Díaz Fraile, y el catedrático Juan Sánchez-Calero, ambos codirectores de la cátedra de Derecho Registral de la Universidad Complutense de Madrid.
En sus palabras de bienvenida al curso, el decano-presidente del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Gonzalo Aguilera, ha destacado la gran importancia que ambos asuntos, blanqueo de capitales y créditos hipotecarios, tienen en la adaptación del derecho europeo al español, y ha destacado el papel fundamental que cobran los registradores en ambos aspectos. El decano también ha hecho hincapié en el peso jurídico y social de ambos aspectos “ya que los registradores están luchando para contribuir a la transparencia del mercado y a la seguridad de los ciudadanos en sus transacciones dentro y fuera de nuestras fronteras”.
El curso abordará el estudio de la adaptación de la materia normativa española a la más reciente jurisprudencia comunitaria en los dos ámbitos concretos antes mencionados, el crédito hipotecario y la prevención del blanqueo de capitales.
La primera jornada se dedicará al estudio de la adaptación del derecho español a la legislación y jurisprudencia europea en materia de crédito inmobiliario, con especial atención a los problemas que plantea la financiación del mercado hipotecario, especialmente con los consumidores.
La segunda sesión versará sobre la necesaria adaptación del derecho español a la IV Directiva en materia de prevención de blanqueo de capitales con especial atención al tratamiento de acciones y participaciones sociales.
