A pesar de que ha ido evolucionando al compás de los nuevos tiempos, la familia sigue siendo la unidad básica de la sociedad. De ahí deriva la importancia que el Derecho le ha otorgado desde la Roma clásica hasta nuestros tiempos. Como ocurre en cualquier ámbito de las relaciones humanas, la familia es una estructura dinámica y por tanto sometida a etapas de crisis que, en muchas, cada vez más ocasiones, terminan con la ruptura del matrimonio.
Sin embargo, la ruptura no conlleva el fin de la aplicación del Derecho. Bien al contrario, esta se intensifica para dar respuesta a todo un elenco de situaciones personales, familiares, emocionales, económicas y jurídicas que cualquier ruptura de pareja conlleva.
La infidelidad, la violencia intrafamiliar, la falta de madurez, las expectativas personales y/o familiares no cumplidas, son algunas de las principales causas que se alegan en todo proceso de separación, divorcio o nulidad matrimonial.
Poner fin a una situación de convivencia no es fácil y menos aun cuando esa ruptura conlleva consecuencias que afectan a terceras personas implicadas, especialmente a los hijos. Regular desde un punto de vista humano y por lo tanto lo mas cordial posible, el sinfín de consecuencias que entran en juego tras una ruptura matrimonial, acarrea, en la mayoría de las ocasiones, conflictos a los que el Derecho no es ajeno y por tanto tampoco lo son los profesionales jurídicos.
Aspectos como quién ejercerá la custodia de los hijos menores, si esta deberá ser o no compartida, delimitar un uso racional de la vivienda familiar, garantizar el abono de las pensiones alimenticias y compensatoria o por desequilibrio, que cada ruptura precise, luchar por un derecho de visitas lo mas enriquecedor posible para los menores, donde los afectos, de los padres y demás familiares, encuentros y posibles desencuentros fluyan en un ambiente de máximo respeto y cordialidad, no es tarea fácil.
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