En el Gobierno con más ministras de la historia de España, por fin la cartera de Justicia también será capitaneada por una mujer: Dolores Delgado (Madrid, 1962). Fiscal progresista, con una amplísima trayectoria a sus espaldas, estaba destinada actualmente en la Audiencia Nacional como fiscal especializada contra el terrorismo yihadista. Será la segunda ministra de Justicia en toda la historia de España, tras Margarita Mariscal de Gante (1996-2000).
Núria Ribas / @oikit
Delgado llega precedida por su fama de tenaz, apasionada, peleona y progresista. Destacada miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), lleva más de dos décadas ejerciendo como representante del Ministerio Público en la Audiencia Nacional. Muy cercana al ex juez Baltasar Garzón, ha sido una feroz defensora de la transparencia y de la lucha contra el fraude. Quedó claro en su oposición, en 2013, a la extradición a suiza del informático Hervé Falciani.
Es conocida su oposición a la mayoría de premisas que han guiado las políticas aplicadas por el PP en Justicia. Muchas de las iniciativas llevadas a cabo por su antecesor, Rafael Catalá, no parecen ser del agrado de Delgado. Desde arreglar el fracaso de la justicia digital hasta derogar la eliminación de la Justicia Universal, la nueva ministra tiene sobre la mesa una buena carpeta de peticiones por parte de la judicatura.
Para empezar, los 14 puntos – más los cuatro específicos de las asociaciones de Fiscales – que todas las asociaciones de jueces, magistrados y fiscales hace un año entregaron a Catalá y que han provocado las movilizaciones y la huelga general del pasado 22 de mayo. A buen seguro que Delgado conoce de sobra estas reivindicaciones, en las que la asociación a la que pertenece, UPF, ha sido capital. Es más, hace solo unas semanas fue designada miembro del Consejo Fiscal en representación de UPF, según informa El Confidencial.
Mucho trabajo en un departamento con escaso presupuesto para las necesidades reales que la Justicia tiene en España: más jueces, más fiscales, una mayor inversión para que la digitalización de la justicia sea un avance y no un problema, unas retribuciones más justas… Y no solo necesidades presupuestarias si no también necesidades reformistas. Especialmente en el Ministerio Fiscal y en todo lo que concierne a la politización de la Justicia.
En frente, se encontrará con una cúpula del Consejo General del Poder Judicial, presidido por Carlos Lesmes, claramente alineada al PP y a políticas conservadoras. Un Consejo que ha ido nombrando – más por ideología que por méritos, según denuncia la judicatura – a los máximos responsables de los altos tribunales españoles, incluidos algunos Tribunales Superiores de Justicia.
El nuevo Ejecutivo no tiene competencias para cambiar a los jueces y magistrados, pero sí a la única figura de la judicatura que va unida al Gobierno: el o la Fiscal General del Estado. Un cargo decisivo en varios frentes abiertos con los que deberá lidiar Dolores Delgado.
