Rafael Bonmati, Eduardo Serra, Victoria Ortega, Juan María Sainz y Enrique Zarza

A partir de ahora los casi 155.000 abogados y abogadas ejercientes en España van a tener una nueva herramienta para lograr que sus clientes puedan recuperar el valor de las deudas líquidas, vencidas, exigibles y reconocidas por una resolución judicial firme: El Registro de Impagados Judiciales (RIJ).

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, acompañada del tesorero del Consejo, Rafael Bonmatí, presidente de la consultora everis, Eduardo Serra, del consejero delegado de  Informa D&B, Juan María Sainz, del fundador y  del director de Icired – compañía emergente granadina -, Enrique Rodríguez Zarza presentaron este fichero, de consulta en línea, destinado a recoger de los propios acreedores información hasta ahora oculta o inexistente en otros ficheros de morosidad como la relativa al impago de las pensiones de alimentos, deudas entre particulares, contratos de alquiler o de compraventa de mercancías, e  inclusive la morosidad de instituciones públicas ( aunque en este caso la Constitución protege del embargo a los bienes demaniales) .

Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía, destacó “la  innovación revolucionaria en España y en el mundo” que supone esta nueva herramienta – a la que enlazó con el impulso a la transformación digital de la abogacía proyectada en el XII Congreso Nacional de la Abogacía celebrado en Valladolid el pasado mes de mayo-  y que, dijo “va a favorecer el derecho a la tutela judicial efectiva y hacer que se cumplan las sentencias firmas, además de dotar de mayor transparencia al sistema judicial y financiero de España”.

El tesorero del CGAE, Rafael Bonmatí, detalló que el fichero será de consulta gratuita y digital para los abogados y que tendrá un coste por inscripción, que sufragará el acreedor que quiera realizar la inscripción de su deuda, de 29 euros.

Bonmatí hizo hincapié en que el RIJ cumple escrupulosamente con el Reglamento de Protección de Datos,  Ley General de Protección de Datos que la traspone al ordenamiento jurídico español así como con  la Ley de Protección del Derecho al Honor y el Código Deontológico de la Abogacía, garantizando la seguridad jurídica. “No queremos demonizar a nadie, sino que se paguen las deudas”, resaltó el tesorero del CGAE.

Según el tesorero del CGAE, más del 80% de las deudas están ocultas y solo aflora “la punta del iceberg”. Bonmatí señaló que se puede ser un “moroso recalcitrante y al tener deudas con entidades financieras, Hacienda o la Seguridad Social” estar fuera de los registros habituales de insolvencia, situación que viene a corregir el RIJ.

En todo caso, conforme a la legislación comunitaria, el deudor, al que se notificará su inclusión en el RIJ, que salde su deuda será inmediatamente eliminado del registro, y en todo caso, a los 5 años de su inclusión, cumpliendo la normativa comunitaria.

Por su parte el emprendedor y director de Inversiones Colectivas en Red (Icired) Enrique Rodríguez Zarza, socio del proyecto impulsado por el Consejo, destacó “la contribución al interés público” que supone el nacimiento del Registro de Impagados Judiciales al mejorar el proceso de estudio de solvencia, de empresas y particulares.

El Registro de Impagados Judiciales es paso delante en la inmersión de la Abogacía española en los procesos de digitalización y desarrollo tecnológico y en el uso de las herramientas de economía colaborativa propios de la era digital.