El nuevo despertar de la abogacia (León 1970) – Joaquín Ruiz-Giménez Cortés

Publicado el jueves, 24 octubre 2019

José Manuel Pradas – La huella de la toga.

En la huella de la toga saltamos adelante y atrás en el tiempo, que más pareciera que estamos bailando la “yenka”, como también damos pasos a izquierda y derecha, emulando metafóricamente a Chiquito de la Calzada en sus actuaciones. En este afán que nos hemos propuesto de recordar o dar a conocer hechos pretéritos de la abogacía y alguno de sus personajes importantes, hoy corresponde dar el brinco hacia adelante e irnos al tardofranquismo -ayer mismo como si dijéramos- y tratar del Consejo de la Abogacía de León de 1970.

José Manuel Pradas

José Manuel Pradas, abogado.

En la segunda mitad del siglo XIX existieron por la dispersa geografía española lo que se vinieron en llamar Congresos de Jurisconsultos, cabalgando la ola de la codificación. Pero no fue hasta 1917, cuando se celebró en San Sebastián el primer Congreso de la Abogacía española y luego, quince años más tarde, el segundo en el Madrid republicano de 1932. Después vinieron los grises años del franquismo, donde hasta 1951 estuvo vedado a los colegiados poder elegir a sus dirigentes. Fue con esa pequeña recuperación democrática, cuando se fragua el tercer Congreso, celebrado en Valencia en 1954 y veintidós años después, finalmente, el tormentoso cuarto Congreso de León de 1970, del que hablaremos someramente dentro del limitado espacio que disponemos.

Tan traumático fue el Congreso de 1970 que hasta 1989, ya bien entrada la democracia en España,  no se volvió a plantear la celebración de otro Congreso, el quinto de Palma de Mallorca, que también produjo momentos de una gran tensión, de manera que, según muchos críticos, a partir de ese momento y hasta ahora, los Congresos que se celebran, -ya con la continuidad que marca el Estatuto General- se han suavizado en las formas y en el fondo, de manera que los llegan a calificar despectivamente más como Ferias que como auténticos congresos. Pero no es este el momento el punto de profundizar en ello, quizá en otra entrega. Aquellos que quieran conocer la historia de todos los Congresos y sus conclusiones hasta 2003, les brindo este enlace donde se puede acceder al libro del profesor Perez Bustamante, editado por el Consejo General https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/07/90-a%C3%83%C2%B1os-de-Congresos-I.pdf

Los Congresos de la abogacía no dejan de ser como un termómetro para conocer el estado de la profesión; en teoría los propios abogados son los encargados de tomarse la temperatura y emitir con sus conclusiones los diagnósticos de sus variadas y recurrentes enfermedades y expedir las recetas que mejor consideran para su tratamiento, mediante mandatos a sus órganos rectores, es decir, el Consejo General o los propios Colegios, y que sean ellos los que insten a quien corresponda, generalmente los poderes públicos a legislar, modificar o derogar materias que afectan a la profesión y a la sociedad en general. Otra cosa distinta es que esos mandatos se ejecuten y no digamos ya, que se cumpla el objetivo. Pero esto, tampoco toca hoy.

El Congreso de León -14 a 21 de junio de 1970- tuvo lugar en unos momentos donde el franquismo daba ya claros signos de esclerosis, con una situación internacional muy agitada -guerra del Vietnam, fenómeno hippy, mayo del 68 en Francia, etcétera- y también sucedía así en el ámbito interno, baste recordar las huelgas en la minería y universidad, proceso 1001, inicio del terrorismo de ETA o el nombramiento de Juan Carlos de Borbón como sucesor a título de rey. Es en ese escenario tan complejo donde los ministerios de Gobernación y Justicia autorizan el evento en julio de 1969 y se comienza de inmediato a trabajar en su organización.

El Congreso fue calificado como el “Congreso de la Ruptura” pues en él la abogacía decidió abrirse a la sociedad, se volcó en la defensa de los Derechos Humanos y sentó las bases para el Estatuto General de la Abogacía de 1982. Documentándome mínimamente, he encontrado una interesante crónica del corresponsal de Le Monde –  https://linz.march.es/documento.asp?reg=r-11559 – en ella se narra, entre otras cosas, cómo al empezar su discurso de inauguración el ministro de Justicia, el requeté Antonio María de Oriol y Urquijo, 250 de los 800 congresistas se levantaron ostensiblemente y se marcharon del auditorio y relata también como se inscribió masivamente a abogados funcionarios de la Administración y de los sindicatos del régimen para tratar de compensar las protestas que se veían venir ya desde la propia organización del Congreso.

La crónica aborda las conclusiones finales, de la que reproduzco un párrafo significativo: “En sus conclusiones, el Congreso reunido en sesión plenaria ha decidido pedir al Gobierno la supresión de las 26 jurisdicciones de excepción existentes actualmente en España, entre las que se encuentra el Tribunal de Orden Público; la anulación de la ley sobre el bandidaje y terrorismo que permite a los tribunales militares juzgar delitos políticos; una amnistía general para los presos políticos; la prohibición de ejercer la profesión de abogado cuando se desempeñen funciones en la Administración o en la C.N;S. Los congresistas han votado también en favor del derecho de toda persona de contar con asistencia jurídica desde el momento de su detención y en favor de la igualdad de derechos para hombres y mujeres”.

No han pasado cincuenta años y pareciera que estamos hablando de un pasado muy remoto.

Muchos de nosotros reconoceremos los nombres de algunos de los Abogados que protagonizaron aquellos hechos y que luego tuvieron un lugar destacado en la Transición, por citar a algunos, Areilza, Jiménez de Parga, Tierno, Federico de Carvajal, Enrique Múgica, Joaquín Satrústegui o Jaime Miralles.

Joaquín Ruiz-Giménez

Joaquín Ruiz-Giménez

Finalmente he optado por escoger a Joaquín Ruiz-Giménez García, que se colegió con el número 12.296 el 31de octubre de 1939, después de expedírsele el título el 31 de agosto de ese año, es decir, pocas fechas después de terminada la guerra. Catedrático de Filosofía del Derecho desde 1943, Director de Instituto de Cultura Hispánica, Embajador ante la Santa Sede y fundador de la trascendental revista Cuadernos para el Diálogo. Del ala izquierda de la Democracia Cristiana, no puede considerarse que fuera afortunado en la política nacional cuando entró la democracia, si bien le cupo el honor de ser el primer Defensor del Pueblo de la democracia española y posteriormente la presidencia de Unicef.

El papel de Ruiz-Giménez en el propio Congreso resultó importantísimo, pero para mí es aún, más destacable en la Asamblea general extraordinaria que tuvo lugar el 16 de enero de 1969 en el Colegio de abogados de Madrid. Ese día el profesor Ruiz Giménez, que era el presidente internacional de Pax Romana, consiguió que la asamblea se pronunciase en favor de la elaboración de un estatuto de presos políticos. A partir de instante, los abogados se dividen en tres categorías: los fieles al régimen, los miembros de la oposición y la «mayoría silenciosa». Quedó establecido el reto de las dos alas más radicales para el enfrentamiento del año siguiente en León, donde se produjo el nuevo despertar de la Abogacía, que sigue hasta nuestros días.

Siento que algo serio y académico ha quedado este artículo y lo lamento, pero el tema no da para muchas bromas, de forma que quedo emplazado para el siguiente que, si no más instructivo, confío que sea al menos más divertido.

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