El Colegio de Abogados de A Coruña vuelve a denunciar la grave situación que viven varios Juzgados de lo Social de A Coruña, aspecto que fue alertado hace un año y que, lejos de mejorar, ha empeorado aún más en los últimos meses.

“Una Justicia lenta no es Justicia, y esto es a lo que se tienen que enfrentar los ciudadanos de A Coruña que tienen que acudir a ella”, afirman desde el Colegio de Abogados. La realidad es que a día de hoy se están recibiendo citaciones  de juicios para el año 2023, un retraso desproporcionado ante la saturación que viven los juzgados y que no se está solucionando por parte de la Administración.

Por otro lado, el Juzgado de refuerzo creado para atender los casos de cláusula suelo y reclamaciones de gastos de hipoteca está desbordado, paradoja que muestra el punto al que se ha llegado en la falta de previsión de la Administración.

Los casos que se tramitan en los Juzgados de lo Social son de índole cotidiano, por lo que afectan a una gran parte de la ciudadanía. Los trabajadores inmersos en conflictos laborales tienen que esperar más de tres años en resolver situaciones que afectan a su trabajo y fuente de ingresos.

Ante esto, la abogacía actúa como representante del ciudadano a la hora de acudir a la Justicia para la resolución de sus problemas y conflictos, pero, ¿cómo explican los abogados a sus clientes esta situación? ¿Cómo justifican que la respuesta a su reclamación tardará tantos años? El Colegio de Abogados denuncia que son los letrados quienes tienen que hacer frente a las quejas de los ciudadanos, porque son los que atienden en primera instancia a las personas que han de acudir a la Justicia.

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de A Coruña mantuvo la semana pasada una reunión de urgencia con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Don José María Gómez y Diaz-Castroverde, para abordar esta problemática, en la que el máximo representante de la Justicia en nuestra Comunidad comparte la preocupación del colectivo de la Abogacía ante esta situación.

De hecho, el Sr. Gómez y Díaz-Castroverde, tras exponer con detalle los datos y estadísticas de la situación actual de asuntos pendientes en los juzgados coruñeses, concretó a los representantes del Colegio de Abogados las medidas a implantar desde el TSJ con carácter inmediato, encaminadas a mejorar sensiblemente el atasco judicial a lo largo del próximo año 2020. Entre sus objetivos prioritarios se encuentra agilizar el funcionamiento y resolver la pendencia de litigios en el Juzgado especializado en cláusulas bancarias, así como ampliar el refuerzo en los Juzgados de lo Social. Asimismo, se ha acordado establecer un mecanismo de seguimiento de las medidas a través de un canal de comunicación directo  entre ambas instituciones.

Es imprescindible aliviar de modo inmediato este contexto de saturación de los órganos judiciales, dado que algunos ciudadanos afectados se están planteando interponer reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra la administración de Justicia, solicitando indemnizaciones por retrasos injustificados que están generando perjuicios a los ciudadanos.

La problemática de los juzgados de A Coruña se agravó en su día por la huelga de los funcionarios de Justicia del pasado 2018, aunque ya existía una situación previa de dilación de los procesos que está cercenando el derecho de la ciudadanía al acceso a la Justicia, y que requiere sin demora una modernización tecnológica y una dotación de medios efectiva, real y adaptada a las necesidades del sistema judicial.