El Popular emitió un producto financiero complejo en Irlanda para captar más recursos ocultando su situación real

Publicado el miércoles, 12 febrero 2020

El juzgado de primera instancia nº 2 de La Bañeza (León) ha dictado una sentencia pionera que declara la nulidad de contratos de adquisición de OBLIGACIONES SUBORDINADAS BANCO POPULAR FINANCIACIONES Serie 1 (Código ISIN: XS0550098569) y condena al Banco Santander a devolver 130.671,51 euros.

El juez entiende que “la entidad bancaria no cumplió con las exigencias de información suficiente, pues es llamativo que un cliente de perfil conservador, a tenor del propio test realizado, contrate un producto de una complejidad como la de los bonos subordinados, de modo que el consentimiento que prestó estaba viciado por error (…) al no disponer de todos los elementos necesarios para tomar la decisión de contratar, debiendo tenerse presente que el producto fue ofrecido por la entidad bancaria, y que al percibir intereses no pudieron tener conocimiento de la realidad de lo contratado sino hasta el momento en que se efectuó la intervención de la entidad, no acreditando la demandada que suministrase la información necesaria para comprender plenamente el alcance del contrato, sin que las explicaciones de los empleados puedan considerarse suficientes a estos efectos.“

Para Rubén Cueto, socio director de Vallverdú Abogados: “es una sentencia muy importante porque reconoce que el producto contratado, OBLIGACIONES SUBORDINADAS BANCO POPULAR FINANCIACIONES Serie 1 (Código ISIN: XS0550098569), era un producto financiero mal comercializado por Banco Popular. La complejidad del asunto es que había sido emitido en Irlanda por una sociedad instrumental denominada BPE FINANCIACIONES, S.A., para reforzar el capital social de Banco Popular y apenas existía información del mismo. Banco Popular lo comercializó mediante Popular Banca Privada como un producto sin riesgos, dirigido a clientes conservadores y con vencimiento en el 2020. En realidad, era un producto de altísimo riesgo cuya inversión mínima era de 50.000 euros y que el cliente podía perder su dinero como ha sucedido a la postre. Los afectados todavía están a tiempo de reclamar, estimamos que la pérdida derivada de este producto es de 91.700.000 euros y que hay miles de personas afectadas.”

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