Estimado
navegante:
La
primera
vez
que
oí
hablar
del
céntimo
sanitario
fue
hace
seis
años.
Lo
recuerdo
perfectamente
estaba
poniendo
en
marcha
otro
proyecto
empresarial
cuando
un
conocido
fiscalista
me
advertía
de
ese
tema.
Las
circunstancias
de
la
vida
cambiaron
para
todos.
Aquel
abogado
dejó
ese
conocido
despacho,
inmerso
en
un
posible
delito
de
blanqueo
de
capitales
y
este
periodista
encauzó
el
rumbo
hacia
este
grupo
editorial,
donde
seguimos
contando
e
interpretando
una
realidad
jurídica
que
no
es
fácil
para
nadie.
Por
suerte
o
por
desgracia
para
los
infractores,
en
este
caso
el
Estado
español,
el
fallo
del
TJUE
se
ha
producido
cuando
menos
se
esperaba
y
con
la
contundencia
de
siempre.
Ahora,
como
comentamos
en
el
reportaje
hecho
este
viernes
http://goo.gl/U47nA4
veremos
qué
sucede
con
los
perjudicados
y en
qué
tiempo
se
les
abona
ese
dinero
cobrado
de
más.
En
un
momento
clave
para
nuestro
país,
inmerso
en
una
grave
crisis
económica,
muchos
de
nuestros
ciudadanos
y
juristas
han
puesto
su
mirada
en
Bruselas
para
buscar
comprensión
y
amparo
frente
a
nuestro
derecho
local.
Y es
que
desde
que
el
magistrado
Fdez
Seijo
puso
patas
arriba
nuestra
legislación
hipotecaria
con
otra
cuestión
prejudicial,
http://goo.gl/SuJZBV
las
consultas
a
Bruselas
de
nuestros
magistrados,
muy
sensibilizados
por
la
situación
de
nuestro
país
han
incrementado.
La
última
de
ellas
responde
a la
situación
dramática
de
una
familia,
a
punto
de
perder
el
piso,
y en
la
que
otro
juez
de
Miranda
de
Ebro
pregunta
al
alto
Tribunal
Europeo
si
ha
lugar
a un
embargo
en
la
situación
que
describe
la
noticia
que
publicamos
http://goo.gl/qUsUIf
Este
tipo
de
situaciones,
u
otras
similares,
como
las
que
viven
los
jueces
sustitutos
españoles,
fuera
de
la
plantilla
judicial
por
una
normativa
del
pasado
año,
y
que
gracias
a
diferentes
eurodiputados
han
mostrado
su
injusto
caso
en
Bruselas
http://goo.gl/KdSpxE
,
revelan
las
carencias
de
nuestros
juzgados
lentos
para
dar
justicia
y
caros
para
enfrentarte
a
una
demanda
o
apelarla
tras
las
tasas
impuestas
por
Gallardon.
Precisamente
en
un
momento
como
el
que
vivimos.
De
transición
a la
recuperación
económica
nuestro
legislador
debería
ser
más
cuidadoso
con
las
normas.
Y
darse
cuenta,
sobre
todo,
que
es
fundamental
disponer
de
normativa
sólida
y
consensuada
que
pueda
generar
la
seguridad
jurídica
que
estos
reclamantes
buscan
fuera
de
España.
En
campos
como
la
jurisdicción
laboral
o la
fiscal,
cuando
hablamos
con
ciertos
especialistas
en
estos
temas
revelan
su
preocupación
ante
excesiva
normativa,
casi
siempre
no
bien
pulida
y
que
está
abierta
a
muchas
interpretaciones.
Es
evidente
que
en
esta
tesitura
ni
empresarios
ni
inversores
extranjeros
se
encuentran
cómodos.
¿Qué
hacer,
pues?
Volver
a
los
debates
parlamentarios
y
evitar
los
Decretos
Leyes
en
la
medida
de
lo
posible.
Las
normas
de
nuestra
convivencia
deben
estar
consensuadas
siempre
que
se
puedan
para
que
tengan
un
poso
en
el
tiempo
que
ofrezca
seguridad
jurídica
a
todos.
A
este
respecto,
el
legislador
debería
tener
en
más
en
cuenta
los
informes
consultivos
que
emiten
entidades
como
el
Consejo
de
Estado
que
criticó
con
dureza
la
futura
Ley
de
Propiedad
Intelectual
o el
propio
CGPJ
que
ha
señalado
ciertas
trabajas
en
el
Anteproyecto
de
Jurisdicción
Voluntaria
por
suprimir
la
figura
del
juez
en
ciertas
situaciones
concretas.
¿Cómo
repercute
en #MarcaEspaña
este
tipo
de
denuncias
fuera
de
nuestras
fronteras?
Si
bien
es
sabido
que
las
infracciones
comunitarias
son
bastante
frecuentes.
De
hecho
hace
unos
días
publicábamos
un
análisis
de
la
abogada
Nazareth
Romero
sobre
este
tema
http://goo.gl/ba1Js0
,
bien
es
verdad
que
determinadas
situaciones
pueden
empañar
la
reputación
corporativa
de
un
país
y,
lo
que
es
más
grave,
que
posibles
inversores
extranjeros
marchen
a
otros
países.
Lo
ha
dicho
muchas
veces
nuestro
actual
Ministro
de
Justicia,
Alberto
Ruiz-Gallardón,
la
justicia
es
un
elemento
de
competitividad.
Y
como
ha
apuntado
en
alguna
de
sus
intervenciones
esos
15.000
millones
de
euros
atascados
en
los
juzgados
no
son
una
buena
tarjeta
de
visita.
Contar,
además,
con
un
sistema
judicial
ágil,
rápido
y
con
una
buena
jurisprudencia
es
lo
que
quieren
profesionales,
empresarios
e
inversores
que
se
juegan
todos
los
días
su
dinero
y
prestigio.
Ha
llegado
el
momento
pues
de
apostar
por
el
consenso
y
buenas
leyes
que
eviten
este
tipo
de
protestas
fuera
de
nuestras
fronteras.
Ya
lo
decía
aquel
refrán
popular
español
cuando
alguien
comentaba
que
“ es
mejor
que
los
trapos
sucios
se
laven
en
casa”.
Esperemos
que
la
reforma
fiscal,
http://goo.gl/srWUbd
ya
analizada
por
otros
expertos
en
nuestro
medio
y
sobre
todo
las
medidas
para
crear
empleo
y
financiación
se
adecúen
a lo
que
empresarios
y
ciudadanos
buscan.
Necesitamos
una
justicia,
rápida,
eficaz
y de
calidad.
Igual
para
todos.
Que
se
apoye
en
una
legislación
apropiada
que
ofrezca
la
seguridad
jurídica
que
todos
necesitamos.
Estaremos
atentos
a
los
acontecimientos.
Un
abrazo
Nos
seguimos
en
twitter
@LuisjaSánchez