Estimado navegante:
En menos de cuarenta y ocho horas, dos dirigentes políticos, Esperanza Aguirre, presidenta del PP en Madrid y Mariano Rajo, presidente del Gobierno han hecho sendas apariciones públicas televisivas para pedir disculpas a los ciudadanos por el grado de corrupción de nuestro país.
El hecho que pudiera ser novedoso en cualquier país civilizado no deja de constatar que nos hemos acostumbrado malamente a recibir un dia sí y otro también noticias relacionadas con la corrupción. Las tarjetas opacas de Bankia, esos consejeros de la CAM; la familia Pujol y sus pufos son solo la punta del iceberg de un fenómeno que nadie sabe cuáles son sus dimensiones.
Por si fuera poco, ayer todos los medios informativos nos hemos hecho eco de la Operación Púnica, una macroredada a nivel municipal y regional en varias comunidades autónomas. Ya algunos expertos lo llaman el Gurtel 2. De momento hay 51 detenidos, 37 imputados y favores por valor de 250 millones de euros. Lo que nos faltaba.
En esta situación no basta con el gesto simbólico de los dirigentes citados pidiendo perdón o que los dos partidos políticos mayoritarios PP y PSOE suspendan de militancia a sus presuntos militantes delincuentes.
La regeneración democrática que pretende nuestro Gobierno queda coja si no se hacen los cambios adecuados en nuestra justicia para que ésta funcione y si los propios partidos políticos no se dan cuenta de la necesidad de ser éticos.
E n esa tolerancia cero contra la corrupción es fundamental que todas las fuerzas políticas acuerden un Pacto de Estado para regenerar el país. El escepticismo de los ciudadanos es notable; la frase de “siempre van a la cárcel los de siempre” ya es una cantinela. Y lo que parece cierto, ya lo dio el presidente Lesmes del TS Y CGPJ que la actual normativa solo vale para perseguir al robagallinas.
Es posible que sea así, pero usted debe pedir los medios y las leyes adecuadas y no quedarse cruzado de brazos, sr Lesmes. Hasta ahora ha sorprendido la falta de proactividad de los últimos presidentes del CGPJ. Es el momento que alguien defienda a los jueces y plante cara a nuestros políticos.
Que funcione el Estado de Derecho, Sr Catalá, no es solo por la detención de unos presuntos delincuentes. Se trata ahora que los procesos penales se desarrollen con las garantías constitucionales adecuadas y con la agilidad que requieren estos asuntos, algunos de la máxima gravedad social.
Uno de esos cambios principales es la reforma procesal. Hay que actualizar la Lecrim que data del siglo XIX y que se convierta en una norma de nuestro tiempo. En estos momentos el ministro entrante Catalá asegura que cuenta con este cambio procesal, necesario para que las causas no se eternicen. Esperemos que el consenso político no frene ese cambio clave
A este respecto es fundamental acortar los procesos de instrucción para que realmente el delincuente vaya a la cárcel en su tiempo debido y dotar a los jueces en las macrocausas del apoyo suficiente para que ese tipo de asuntos no se les vaya de las manos.
Ahí tenemos a la jueza Alaya con el caso de los Eres de Andalucía, es evidente que con más apoyo el asunto estaría más avanzado y no tendría que pelear con la Audiencia Provincial de Sevilla, quien no parece muy de acuerdo con como instruye la magistrada sevillana.
El otro de los cambios necesario tiene que ver con ceder la instrucción a los fiscales. Esta es una situación que ya es habitual en muchos países europeos. A nivel penal los rendimientos son mayores que un único magistrado instruyendo un caso penal de cierta enjundia
En España la adscripción del Fiscal General del Estado al Ministerio de Justicia hace inevitable un cambio de su Estatuto Orgánico, de esa manera cualquier sospecha de politización quedaría al margen de cualquier duda sobre esta cuestión. En un momento en el que los jueces carecen de medios no estaría de más acometer este cambio lo antes posible.
De esta manera a cualquier causa de corrupción se podrían incorporar los fiscales que fueran necesario para hacer la investigación mientras que el llamado juez de garantías se encargaría de velar por la importancia del proceso.
En un momento como el que vivimos, donde las noticias de tribunales ocupan más de la mitad del minutado de los Telediarios y la Audiencia Nacional es el lugar en el que los periodistas esperan a los presuntos ladrones de guante blanco, ha llegado el momento de tomar el toro por los cuernos.
La sociedad española en vísperas de unas elecciones importantes como serán las de mayo del 2015 no puede consentir estar en manos de dirigentes corruptos. Ha llegado el momento de dejar el talante a un lado y ser contundente con los delincuentes.
La justicia penal debe ser implacable con quien aprovechándose de su cargo realiza cualquier tipo de operación en su favor suyo y de otros.
Para ello es fundamental que nuestros políticos, si creen en la regeneración ética, colaboren de verdad para expulsar y poner ante la justicia a sus compañeros corruptos.
Y, por otro lado, que nuestros jueces tengan las leyes adecuadas para perseguir al malhechor.
Ha llegado el momento de decir basta y de responder con contundencia a la corrupción
Nos seguimos en twitter
Un cordial saludo
@LuisjaSánchez |