Estimado navegante:
Como bien adelantamos en un reportaje que publicamos en este viernes, la dimisión de Eduardo Torres-Dulce, FGE es una noticia de gran magnitud abierta a muchas interpretaciones.
Parafraseando a Berlanga y a su alcalde que esperaba que los americanos llegasen a ese pueblo castellano “alguien nos debe una explicación a esta situación”, generada por la renuncia del FGE, noticia que nadie esperaba con tanta prontitud
Torres-Dulce, un hombre del Ministro saliente de Gallardón, dejaba ayer el cargo de máximo exponente del Ministerio Público, rodeado de rumores de todo tipo, en un contexto que no es el más propicio cuando nuestro Gobierno lucha por regenerar el país, o al menos eso parece.
Por bien de nuestra democracia resulta fundamental que “ esos motivos personales”, que aludía en el comunicado de prensa que recibíamos ayer los medios informativos, queden aclarados lo antes posible.
Llama poderosamente la atención que antes de haberse admitida a trámite la querella por el 9N contra Artur Mas y su equipo, por parte del TSJ Catalunya, órgano competente el propio FGE haya decidido quitarse de en medio, situación que se ha interpretado desde diferentes ámbitos políticos del país como de hartazgo frente a las presiones externas de nuestro Gobierno.
Curiosamente la figura del FGE, tal y como nos recuerda Salvador Viada, Fiscal del Tribunal Supremo, uno de los intervinientes en ese reportaje que publicamos hoy, está blindada a raíz de una reforma del estatuto público que se hizo en el 2007. Entonces se entiende menos la dimisión de Torres-Dulce a no ser que dichas presiones o desencuentros fueran ya insostenibles.
Los papeles de Bárcenas, el caso Noos y la defensa de la infanta Cristina, y el tema soberanista catalán imprimieron mucha importancia a las actuaciones y manifestaciones del propio Eduardo Torres-Dulce, sobre todo por ser el principal representante del Ministerio Público.
De la noche a la mañana, los fiscales pasaron de ser esos profesionales eficientes, siempre a la sombra por su eleva carga de trabajo a tener una vis mediática extraña. El ejemplo más significativo aparte de Torres-Dulce, Pedro Horrach, fiscal anticorrupción en el caso Noos, quien ha defendido a ultranza la no imputación de la infanta Cristina.
Precisamente un país que acaba de aprobar su Ley de transparencia hace unos días y que quiere que el ciudadano pueda acceder a la información, tiene ahora la oportunidad de aclarar una noticia que llega en un momento crucial para nuestra Justicia.
En esta oportunidad y tal y como han reclamado algunos operadores jurídicos y algunos grupos parlamentarios es fundamental conocer el transfondo de la cuestión. Luz y taquígrafos que decía aquel para saber realmente que está pasando.
A nadie se le escapa el deseo de Eduardo Torres-Dulce de dignificar la carrera fiscal dotándola de más medios humanos y materiales. Y su desencuentro con el Ministro Catalá cuando éste anunciaba hace unos días una reforma de la Lecrim, ley que data del siglo XIX, sin la parte más importante: que el fiscal se encargue de la instrucción del procedimiento bajo la supervisión de un juez de garantías.
Presiones políticas, desencanto por las reformas que no llegan, falta de sintonía con el poder, los comentarios se disparan ante esta situación creada por la renuncia de Eduardo Torres-Dulce.
Es evidente que su dimisión, segundo fiscal que dimite en nuestra democracia tiene que aclararse. En juego están muchas cosas, entre ellas la credibilidad de nuestro Estado de Derecho.
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