Estimado navegante:
Que en Comunidades Autónomas como Madrid, Andalucía o Valencia vuelva a ser noticia el problema de la justicia gratuita y su falta de financiación, grave para los derechos de los ciudadanos con menos recursos, no puede caer en saco roto sino que debe plantear con urgencia un cambio de modelo para la próxima legislatura. Ese cambio de modelo puede servir para que estas CCAA devuelvan sus competencias a Justicia y así el modelo de organización jurídico con Ministerio y CGAE sea más manejable y coherente.
En estos meses que quedan para acabar esta legislatura se deben establecer las medidas oportunas para pasar de un modelo descentralizado donde las CCAA se las ven y le las desean para pagar en tiempo y hora a los abogados del turno de oficio, a otro modelo en que el propio Ministerio, bien directamente o a través de una Agencia Estatal creada al efecto, haga el pago en tiempo y forma a estos profesionales sabiendo que la gestión seguirá en manos de los colegios de abogados que han demostrado su buen hacer.
Conocido es por nuestros lectores que pocas de las comunidades autónomas con competencias transferidas como Asturias, Madrid, Canarias, Aragón, Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Valencia, La Rioja, Navarra y Cantabria han logrado diseñar un modelo de justicia apropiado a los intereses de sus conciudadanos. La crisis económica ha convertido a muchos ciudadanos en usuarios de la justicia gratuita y con este sobrecoste hasta la fecha prácticamente ninguna autonomía ha logrado estar al día.
En una plaza como Madrid, donde los jueces decanos han denunciado los colapsos de los juzgados, el propio Salvador Victoria, Consejero de Justicia y Presidencia http://goo.gl/lBk1WY , se confesaba ante nuestro medio señalando que igual era mejor devolver las competencias en justicia. La inversión de más de 3000 millones de euros en justicia, en estos once años de competencias transferidas, no ha servido para lograr que los juzgados estén al dia.
En este contexto parece lógico que sea el Ministerio de Justicia quien vuelva a tomar las riendas de la justicia a nivel general y de la gratuita, a nivel singular, sobre todo a nivel de pagos. De crear un baremo único a nivel nacional para que los abogados del Turno de Oficio puedan cobrar lo mismo, en cualquier punto del país, con una actualización del IPC que sería lo más lógico. También, sabiendo que nuestro Ministerio apuesta por la justicia electrónica, buscar el pago mensual y no trimestral, cuestión que si funcionases nuestra tecnologías no podría ser un obstáculo irrealizable.
Sabemos que quedan pocos meses de esta legislatura. Un calendario electoral marcado por varias citas regionales y una nacional como colofón a cuatro años de gobierno del PP. Cuatro años donde la situación a nivel de justicia no ha mejorado en absoluto. La llegada de Gallardón generó unas expectativas poco colmadas; solo la Ley de Tasas y la reforma del CGPJ, en un organismo ingobernable, con vocales de primera y segunda, están en su haber.
Es digno de elogiar el cambio de talante desde el pasado mes de septiembre del Ministro Catalá. Su llegada y la de su cualificado equipo ha pacificado un sector en pie de guerra. Sin embargo las reformas que afronta, tanto a nivel de Código Penal o Lecrim son escasas. Algunos expertos señalan que mejor hubiera sido que no tocase nada. Catalá retiró las tasas para las personas físicas y debería hacer lo posible para que las pymes no sufran este atropello.
Por cierto con los 564 millones recaudados se podría pagar dos anualidades para los abogados del Turno de Oficio. Sería deseable que ese dinero, ya recaudado se repartiera entre las CCAA en función de su litigiosidad. Los juzgados están colapsados, sin medios ni personal y los jueces sustitutos, al contrario que las prostitutas, sin ningún derecho laboral pese a haber aguantado muchos de nuestros juzgados en estos último veinte años.
Ha llegado de dar un golpe de timón a nuestra justicia. Recentralizar el modelo no hay que verlo como un atraso sino como un síntoma de mejora de cara a que el ciudadano pueda verse mejor atendido en sus derechos fundamentales. La justicia gratuita, al igual que nuestra Justicia, necesita otro modelo de gestión donde se optimicen mejor los recursos. Mientras no se avance por esta senda todo lo que se intente serán inversiones a fondo perdido.
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