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Mediación civil y mercantil
MADRID, 04 de ABRIL de 2012 - LAWYERPRESS
 

Vidal Vilches Vilela, Socio del Gabinete Jurídico Palomo & VilchesEl pasado 7 de marzo entró en vigor el Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, mediante el cual se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, creándose un régimen general aplicable a toda mediación que tenga lugar en España en asuntos civiles y mercantiles (se excluyen los asuntos no disponibles por la voluntad de las partes y los pertenecientes al ámbito penal, de las Administraciones Públicas, laboral y de consumo), con el objetivo de impulsar esta vía de resolución de conflictos como alternativa a la jurisdicción y el arbitraje.
Se busca una fórmula rápida, económica y válida, para vertebrar un posible acuerdo equilibrado, minimizando el deterioro de relación futura entre las partes, deterioro de relaciones que siempre es mayor si el asunto se judicializa o se somete al arbitraje.
Empezamos a incorporar a nuestra cultura jurídica lo que en el mundo anglosajón se conoce bajo el acrónimo “ADR” (Alternative Dispute Resolution).
Hasta ahora en España la mediación solo había tenido recorrido en el ámbito familiar, y además con una regulación dispersa, dada la capacidad legislativa de las Comunidades Autónomas, toda vez que País Vasco, Andalucía, Cataluña, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León y Galicia, tienen sus propias leyes de Mediación Familiar.
El decreto ley 5/2012 es un texto sustancialmente distinto al del Proyecto de Ley de Mediación Civil y Mercantil del Ministerio de Justicia de abril de 2011. Sus principales notas diferenciadoras son:
a) No existe ninguna materia, de naturaleza civil o mercantil, en el que el sometimiento a la mediación sea obligatorio. De esta forma se modifica lo previsto en el mentado proyecto de Ley, para aquellos asuntos que, por razón de su cuantía, debían ser tramitados por los cauces del juicio verbal, que imponía a las partes a acudir previamente a un proceso de mediación.
b) Ya no se habla de Acuerdo. El art.13 apartado 2º del Decreto Ley establece que la conducta del mediador tenderá a lograr el acercamiento entre las partes, con respeto a los principios establecidos, y no hace mención a la palabra “acuerdo”, ni lo hace al desarrollar el concepto de mediación o de la actividad del mediador.
Caso de alcanzarse, el Decreto Ley permite dotar al acuerdo de mediación de virtualidad ejecutiva, mediante su elevación a escritura pública ante un Notario, aplicándose los aranceles de “documentos sin cuantía”, lo que reduce los costos. Eso si, el Notario deberá verificar que el contenido del acuerdo no es contrario a Derecho, llevando a cabo una labor de control de legalidad, lo que en cierta medida desvirtúa lo establecido en el propio Decreto, Art. 13 apartado 1º, que “el Mediador facilitará la comunicación entre las partes y velará porque dispongan de la información y el asesoramiento suficientes”, transfiriendo la responsabilidad de obtener el debido asesoramiento jurídico a las partes involucradas.
c) El Decreto Ley establece que el comienzo de la mediación suspenderá los plazos de prescripción y caducidad. Al no fijar un plazo máximo de duración de la mediación (como sí lo hacía el Proyecto de Ley anterior), la suspensión de plazos también es “sine die”.
En resumen, el Real Decreto-ley establece una regulación legal de mínimos, en la que la mediación se configura como un proceso voluntario, ágil y flexible, sobre el que las partes tienen el control absoluto.
Como crítica, la mediación puede dar pie a retrasar lo inevitable, el pleito o el arbitraje.
El tiempo y la práctica darán y quitarán razones. De momento el sentido común y el colapso judicial justifican calificar este intento de potenciar la mediación civil y mercantil como un acierto.

 


 




 

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