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Hipotecas, desahucios y suicidios
MADRID, 04 de DICIEMBRE de 2012 - LAWYERPRESS
 

Cerca de medio millón de ciudadanos, residentes en España, se han visto en la calle, desprovistos de su vivienda que adquirieron a través de una hipoteca bancaria que ahora no han podido hacerle frente por no tener trabajo, estar en el paro o por cualquiera de las circunstancias adversas que campean, actualmente en nuestro país con autentica crudeza no exenta de crueldad y que engendra una situación de profundo pesar, humillación cuando no, depresión severa. Son muchas las causas. Pero, hay una muy importante que además no es difícil evitar. Sólo por el momento evitar.
Porque, al ser humano, cuando se le echa, generalmente por la fuerza, de su hábitat, resurgen en él instintos básicos muy primarios: matar o matarse. Plantar en medio de la calle, con todo su mobiliario, a la persona, es algo que puede ser muy peligroso, porque se rebelan en su interior las más fieras de las oposiciones, con una sensación de impotencia que hace saltar los resortes de agresión-defensa más primarios. El deseo de la muerte, para los demás o para él, es un rasgo muy destacado. Eso es lo que está sucediendo en España. Se han despertado las iras más profundas, los odios y rencores más variados y hasta la tentativa suicida y su consumación, y hasta la agresión contra todo. En los breves fragmentos que nuestra pacata televisión ofrece, es frecuente observar todo lo anterior.
Me refiero, fundamentalmente a la tragedia que expresan las impías hipotecas impagadas o semipagadas por personas de situación económica precaria y sobre las que se está cebando la crisis de forma absolutamente despiadada e inhumana. La cuestión tiene una raigambre psicoemocional profunda: la irrupción en el domicilio familiar de funcionarios policiales, judiciales y de otro signo, que acometen a los usuarios, tumban la puerta, y si es menester les ponen por la fuerza de patitas en la calle. Es algo que ofrece un espectáculo demoledor y que repugna su visión por muy endurecido que esté el corazón del televidente, que ve como España se va a pique, irremediablemente. Los niños sacados en volandas, llorando a mares, los padres arrastrados por los suelos o a empujones, y los viejos mal portados y en un demoníaco frenesí azul, todos a la calle. Esto es muy perturbador para todos. Los políticos y gobernantes que lo consienten y lo autorizan a diario y no hacen, pudiendo hacerlo, nada por terminar con esa situación. No pueden ser llamados ni políticos ni gobernantes de un país medianejo como es España. Desde luego no son servidores de la ciudadanía. Los jueces, siempre ellos tan lentos, en este caso, no cabe duda de que han tenido una extraña celeridad, vista con complacencia por los grandes culpables de la situación, como son los bancos. La ciudadanía española, como ha sucedido en ocasiones históricas, informalmente se organiza y clama justicia e insulta por doquier.
Se han reunido un grupo de ellos para llegar a un acuerdo y hasta ahora parece que no lo han conseguido. Nada supimos de lo que está sucediendo en esas reuniones PSOE-PP. Al final, después de tres días, se levantó la sesión sin acuerdo de ninguna clase, criticándose mutuamente ambos partidos, pero no criticando la miserable realidad social de muchos españoles y extranjeros que residen en nuestro país.
La gestación y nacimiento de la legislación hipotecaria española no fue sencilla y, ahora, lo será menos. Casi siempre no explicada o mal explicada en nuestra bizarras Facultades de Derecho públicas o privadas por el privatista de turno a unos estudiantes que apenas entendíamos algo por la farragosa complejidad y aburrimiento con que se expresaba el llamado profesor. De manera que nos producía un profundo rechazo y animadversión hacia el Derecho hipotecario. En definitiva, que finalizamos la licenciatura y no sabíamos nada, por lo general.
Conviene tomar conocimiento, brevemente, de la génesis del vigente Derecho hipotecario que se esta aplicando: “la Ley de 30 de diciembre de 1944 que introduce considerables reformas en el Derecho hipotecario, autoriza al Gobierno, en su disposición adicional segunda, para publicar, en el plazo máximo de un año, una nueva redacción de la Ley Hipotecaria, cuya finalidad debe consistir en amortizar debidamente los textos legales vigentes y abreviar el contenido de los agentes del Registro, sin mengua de los principios fundamentales del sistema y dar a los preceptos legales una más que adecuada ordenación sistemática y la necesaria unidad de estilo, sirviendo de base para todo ello, además de las disposiciones de la Ley Hipotecaria y la de su reforma, la del Reglamento, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notario.”
Debe tenerse en cuenta, igualmente, que “ la Comisión designada al efecto en el Centro directivo correspondiente ha consagrado actividad sin tasa, en una labor constante, y dar cima, dentro del término legal, al árduo trabajo que le fue encomendado y fruto de su celo es el texto refundido que por este Decreto se sanciona.”
Como puede verse, en la actualidad, lo único que debería hacerse es un Decreto urgente (lo de los suicidios es algo que revela un malestar social intolerable) de paralización o suspensión de todos los desahucios derivados de la ejecución de las hipotecas, al menos por cuatro años, y al mismo tiempo crear una comisión de juristas expertos para que presente al Gobierno un proyecto de Ley para redactar una Ley general hipotecaria para que sustituya la preconstitucional que no ha sido tocada desde el franquismo, acomodándola a la vigente Constitución y, por tanto, a la realidad social, pues ya va siendo hora de derogar y novar textos apestados de obsolescencia de la anterior dictadura, que van contra la Constitución y que se encuentran, literalmente, “apolillados”. Nada de esto se resuelve, o casi nada, con el Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.
En su día yo propuse una suspensión de cuatro años y la creación de una comisión de expertos, que los hay, y el Sr. Rajoy, que ha sido Registrador de la propiedad lo debe saber muy bien, para que presente al Gobierno un proyecto completo de Ley Hipotecaria con sus secuelas colaterales, acomodadas a la Constitución y a la Comunidad Europea y su reflejo en el Código civil, Ley de Enjuiciamiento Civil, etc., etc. Parece que no gusta una nueva Ley hipotecaria completa, sino mantener el parcheo y el trapicheo, excluyendo a miles de personas de la paralización de los desahucios, condenándolos a que más de uno termine con su vida o, en un ataque de agresividad aguda termine con la de algún funcionario o cerrajero. Yo, desde mi modesta opinión, me ardería la conciencia si no me expresara en los anteriores términos. Los bancos que contraten a buenos hipotecaristas para ofrecerlos que formen parte de la comisión. Pero que no se opongan radicalmente a la actualización de una legislación franquista y apolillada. Y, por lo demás, que se estén bien calladitos, porque menudo negocio están haciendo con la crisis a cuenta del noble pueblo español, que nada ha hecho con los cientos de miles de millones que les está costando el denominado y endemoniado “rescate” bancario. “Y lo que te rondará morena”, como se dice en mi tierra andaluza.
Otro día seguiré con más detalles, pero el citado Decreto-Ley es una tosca chapuza con un prólogo demagógico que no se lo creen ni las ovejas.

Manuel Cobo del Rosal, Catedrático de Derecho Penal y Abogado.

 


 





 


 

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