8.-
Las
Asociaciones
de
jueces
y
fiscales
llevamos
meses
intentando
negociar
con
el
Ministro
de
Justicia.
Hemos
tratado
de
adoptar
medidas
que
no
supongan
quebranto
alguno
para
el
justiciable
(concentraciones,
paros
de
una
hora...).
Ante
la
incapacidad
del
Ministro
de
Justicia
para
gestionar
la
crisis,
hemos
solicitado
ser
recibidos
por
el
Presidente
del
Gobierno,
sin
respuesta.
Y
por
ello,
sin
desearlo
pero
sin
tener
otra
salida,
nos
vemos
obligadas
a
convocar
una
de
huelga
de
jueces
y
fiscales,
el
próximo
día
20
de
febrero,
invitando
al
resto
de
profesionales
de
la
Justicia
a
secundarla,
con
las
siguientes
reivindicaciones:
1.-
Incremento
de
la
inversión
pública
en
Justicia
para
que
los
jueces
y
fiscales
dispongan
de
los
medios
materiales
y
personales
suficientes
para
poder
desempeñar
sus
funciones
de
acuerdo
con
las
elevadas
atribuciones
constitucionales
que
tienen
asignadas
y
poder
prestar
un
servicio
público
adecuado
a la
ciudadanía
en
defensa
de
sus
derechos
fundamentales.
2.-
Paralización
inmediata
del
Proyecto
de
Ley
para
la
reforma
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial,
órgano
constitucional
llamado
a
garantizar
la
independencia
de
los
jueces
que,
con
la
proyectada
reforma,
pasaría
a
convertirse
en
un
apéndice
del
Ministerio
de
Justicia.
3.-
Derogación
de
la
LO
8/2012,
a
fin
de
garantizar
la
tutela
judicial
efectiva,
y
dotación
inmediata
de
presupuesto
suficiente
para
la
designación
de
jueces
y
fiscales
sustitutos,
hasta
que
se
incremente
la
planta
judicial
y
fiscal.
4.-
Derogación
de
la
Ley
10/2012,
o
modificación
urgente
de
la
misma,
a
fin
de
que
las
tasas
judiciales
no
supongan
vulneración
del
derecho
a la
tutela
judicial
efectiva
de
los
ciudadanos.
5.-
Reforma
de
la
Ley
del
Indulto,
porque
en
la
actualidad
incumple
el
deber
de
sujeción
al
derecho
de
todos
los
poderes,
propiciando
la
discrecionalidad
política
de
forma
arbitraria,
al
no
requerir
explicación
alguna
para
su
concesión,
y
dejar
sin
efecto
las
condenas.
No
obstante,
los
gravísimos
acontecimientos
recientes
hacen
preciso,
en
interés
de
la
Nación
y de
su
imagen
internacional,
un
fortalecimiento
del
Poder
Judicial,
como
último
garante
del
Estado.
Pedimos
el
apoyo
para
esta
convocatoria
a la
Plataforma
Justicia
para
Todos
y a
los
distintos
sectores
de
la
administración
de
justicia.
Por
ello,
pese
a
que
consideramos
la
huelga
una
medida
de
conflicto
legítima
y
justificada,
estamos
dispuestos
a
desconvocarla
siempre
que
el
poder
político
abandone
toda
tentativa
de
recortar
las
competencias
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial
y
que
el
Ministerio
de
Justicia
empiece
a
actuar
como
un
gestor
competente,
dotando
realmente
a la
Administración
de
Justicia
de
los
medios
personales
y
materiales
imprescindibles,
que
mejoren
la
paupérrima
situación,
en
vez
de
recortar
aún
más
los
escasos
medios
con
que
contamos.
Madrid,
5 de
febrero
de
2013
ASOCIACIÓN
JUDICIAL
FRANCISCO
DE
VITORIA
JUECES
PARA
LA
DEMOCRACIA
FORO
JUDICIAL
INDEPENDIENTE
UNIÓN
PROGRESISTA
DE
FISCALES
ASOCIACIÓN
PROFESIONAL
INDEPENDIENTE
DE
FISCALES