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Imputado e “imputación”

MADRID, 18 de FEBRERO de 2013
 

En el Derecho penal medieval, los prácticos del Derecho de los siglos XII y XIII, por lo general exigían al crimen o delito dos elementos esenciales, que no podían faltar: 1. La imputatio facti; y de otra parte, 2. la imputatio iuris.

La imputación será, históricamente entendida y sinónima de atribución, en la medida que imputar no es más que atribuir a otra persona un acto, en este caso, posiblemente punible.

Posteriormente, los elementos estructurales del delito van a ser mucho más complejos, pero en esencia la noción de los prácticos de los siglos XII y XIII se va a mantener a través de los tiempos. De ahí, va a derivar un término procesal más anfibológico que concreto, que es el de “imputado” y que está causando verdaderos rompecabezas en su simplicidad, a pesar de que tenemos un artículo que introdujo la UCD que al respecto es esencial, como es el 118 de la todavía vigente Ley de enjuiciamiento criminal y que fue introducido de acuerdo con la Ley 53/1978 de 4 de diciembre (BOE nº 293 de 8 de diciembre). A mi juicio dicho precepto legal, muchas veces jurisdiccionalmente incumplido o empleado para fines por demás espúreos y como tales ajenos al proceso, literalmente dice lo siguiente “Toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento , cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquiera otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá de este derecho.

La admisión de denuncia o querella y cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación de un delito contra persona o personas determinadas, será puesta inmediatamente en conocimiento de los presuntamente inculpados”.

Como ya hemos visto más arriba, la simple admisión de una denuncia o de una querella y cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación o atribución de un delito contra personas determinadas será puesta inmediatamente en conocimiento de los interesados.

De suerte que imputado será más concretamente, por vía judicial, sea denunciado o querellado o incluido en cualquier tipo de atestado policial. En definitiva, imputado será aquel a quien se le atribuya inicialmente por un juez un acto punible, a través de cualquiera de las formas existentes al respecto. Lo mismo puede ser denominado “denunciado”, o “querellado” o que se derive alguna acusación (acusado) derivado de un atestado policial o de una diligencia informativa del Ministerio fiscal.

Inmediatamente que el juez de instrucción admita cualquiera de las manifestaciones ya dichas y tenga por hecha la imputación de un delito contra persona o personas determinadas deberá ponerlo en conocimiento de los interesados.

Imputado, por tanto, no es procesado, no es tampoco procesalmente acusado, ni tampoco inculpado. Imputado puede ser cualquiera incluso falsamente de la imputación sólo se puede derivar una investigación y si da resultado negativo se podrá proceder por el delito de acusación y denuncia falsa contra el denunciante. Y el imputado ha de estar siempre asistido por letrado de su elección. Esto último le distingue del simple “testigo” que va al juzgado a pecho descubierto.

Sin embargo y de forma lamentable ha sucedido en nuestro país en fechas muy recientes que, por una parte, se le estaban atribuyendo por filtraciones directas o indirectas provenientes de juzgados de instrucción, nada menos que la condición de inculpado de delito sin que se les notificará a estos últimos la razón de su imputación. Más aún, sin que fueran imputados, pues no tenían conocimiento exacto de lo que se les atribuía. Solo meros rumores, cuando no simples maledicencias que no frenadas a su tiempo condujo a la génesis de los “malvados juicios paralelos”. Todavía se puede recordar a un ministro del Interior del PSOE pidiendo por doquier que se le comunicara qué cargos penales se le atribuía, o sea que se le diera traslado de la materialidad de la denuncia o de la querella. Así pasaron varios meses, estando en la cuerda floja y creándole una auténtica desazón y zozobra en contra del inmediatamente que exige, de manera imperativa, el párrafo segundo del artículo 118 del la Ley de Enjuiciamiento criminal. Y podríamos citar más, pero es todo ello tan indecente que me abstengo de no concretar más datos que el genérico anteriormente citado.

De manera que imputado, no es más que denunciado, o querellado, o que aparece su nombre en un atestado policial o diligencia del Ministerio fiscal. La cosa, por tanto, legalmente, dentro de la ambigüedad habitual de nuestras leyes, parece que es clara si se actúa con buena fe procesal. Y no se guarda la querella la denuncia o el atestado o la diligencia del Ministerio fiscal en un cajón, por supuesto cerrado con llave, y pasan meses y hasta años. Y sólo se saca a relucir con gran escándalo mediático cuando le conviene personalmente al llamado juez de instrucción.

Pero, más vale por el momento tan solo aclarar términos y no entrar en rigores con quienes ya han sido expulsados de Administración de justicia y con su modus operandi, por ahora, ya está bien.

Manuel Cobo del Rosal, Catedrático de Derecho Penal y Abogado.

 


 





 


 

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