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Un aspecto muy injusto de la prisión “provisional”

MADRID, 28 de MARZO de 2013
 

La prisión provisional, simple medida tutelar, funciona en la práctica, y es conveniente llamarle ya las cosas por su nombre, como una verdadera condena adelantada (pena anticipada), colcuncando el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la libertad. Declaraciones tan evidentes como las constitucionalmente recogidas en el art. 24 de la Constitución quedan, así, convertidas en papel mojado, burladas por una institución que, a veces, excede de todas las previsiones legales y raya en lo escandaloso, poniendo en peligro los derechos fundamentales más básicos.

Desde muy distintas perspectivas ha sido criticada la prisión provisional incondicional.

Esta naturaleza que, aunque reiteradamente negada, se ofrece como pena anticipada, presenta, en ocasiones, gravísimas e intolerantes consecuencias.

Como todo lo que se hace con vehemencia, impaciencia, o concretamente, y a veces es esto lo más doloroso, por simples y personales operaciones de imagen instructorias, absolutamente infames e inflamantes, esa pena anticipada, sin duda, lleva a situaciones por demás absurdas.

No recuerdo bien qué político extranjero vino a decir, hace algunos años, que España era un país muy extraño: por lo general, se ingresa en prisión cuando aún no había sentencia condenatoria, y cuando ésta existe, pues sencillamente no se ingresa o se sale enseguida porque, escandalosamente, sucede que es más fácil salir en libertad cuando se está en prisión como interno condenado que cuando se está en prisión como preventivo a merced de un auto de prisión incondicional y que, eufemísticamente, se le denomina “medida cautelar”. Esto no deja de ser una grave antinomia de nuestro sistema procesal. Las razones sociológicas, personalmente, se me presentan como muy claras. Las razones políticas, también. Las razones jurídicas, no son razones, sino sinrazones.

Concebida la libertad como primer valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, declarado así, terminantemente, antes incluso que la propia justicia, según el artículo 1, n. 1, de la Constitución Española, la verdad es que es objeto de constante escarnio en determinadas instancias, y que no queriendo molestar en demasía me permito silenciarlas es éste breve trabajo.
Son, de otra parte, suficientemente conocidas, por lo demás.

La Crítica a la prisión incondicional provisional, no ha podido ser más severa por parte de los penalistas clásicos, de los penalistas clásicos , de lo penitenciaristas demócratas y de los criminólogos con cierta sensibilidad humana y solidaria: hasta tal punto que se ha planteado su total abolición y su sustitución por otras persona instituciones menos lesivas para la persona. De nuevo tenemos que volver al pensamiento liberal del XIX, para encontrar el fundamento de esta seria crítica. Francesco Carrara, Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Pisa y gran abogado, se expresó, con un clarísimo portentoso discurso, en contra de la prisión preventiva: es una institución perversa, que revela una gran injusticia y que es intrínsecamente inmoral (Carrara, F: Inmoralitá del cárcere preventivo, en “Opúscoli di diritto criminale”, Vol. IV. 20 ed., Prato, 1881, pp. 299 y ss., hay excelente trad. Española en Cuadernos de Política Criminal, nº 67 (año 1999), págs. 7-10 a cargo de M. Quintanar).

Todo aquello que supone una precipitación o una anticipación encierra, en gran medida, un régimen de intuiciones, presunciones y profecías, para lo que no están llamados los jueces ni tribunales, que debieran limitarse a juzgar los hechos pretéritos y a ejecutar aquello que han juzgado. Digo pretéritos porque, en cierto modo, la labor de juzgar tiene muchísima similitud con la función del historiador, dado que se juzga un hecho ya ocurrido, esto es, que ha pasado, y que el juez o Tribunal tiene que reconstruir, como hace el historiador con lo que ya ha sucedido; pero, me parece inmoral exigirle, como legal y sobre todo políticamente se exige a los jueces, llevar a cabo profecías, esto es, que prevean el futuro, y además que lo acierten, y en caso de que no lo acierten, que es lo que debería suceder más frecuentemente pues lo jueces no son ni pitonisos, ni nigromantes, pues entonces figuradamente se les quema en la hoguera pública, por la sencilla razón de que su pronóstico de fututo no se ha visto de todo punto cumplimentado. Todavía resuenan los ecos de algunos sucesos ocurridos en la administración de justicia española y que, por vergüenza propia, no voy a insistir pues, en diferentes ocasiones me he ocupado, sobre tan apesadumbrado tema.

Hoy la cuestión sobre la que escribo es diferente; justamente lo contrario, pero también sobre el estrepitoso fallo de un pronóstico judicial: quien cumplió 4 años como preso preventivo, como es lógico privado de su libertad y después de esos largos 4 años, obtuvo una sentencia absolutoria, ahora nadie ha montado, sin embargo, ningún escándalo en los medios de comunicación, nadie. Nadie ha salido defendiendo el primer valor de nuestra Constitución. Nadie. En cierto modo se ha hecho verdad la advertencia de san Agustín: “los hombres torturan para saber si se puede y debe torturar”.
La inmediata consecuencia de esto sería lo siguiente: ¿qué sucede cuando después de torturar se sabe que no se debía haber torturado?, la respuesta es muy sencilla, y en nuestro caso, dramática y hasta sangrante: pues continuar torturado, más que nada por “disimular”.

Me estoy refiriendo a los casos en que unas personas han sido objeto, o mejor, sujeto pasivo de una prisión preventiva que duró hasta 4 años, y que después resultaron absueltos en ese procedimiento, y que ahora por otro hecho, posterior, se encuentran con una sentecia condenatoria. Ni que decir tiene que por la privación de libertad que, inicuamente, padeció como una cruel pena sin delito, nada ha recibido de forma compensatoria para reparar el gravísimo daño que se le causó por una por una muy mala administración de justicia o por una craso error, en definitiva judicial.

Parecería lógico que el tiempo de privación de libertad que injustamente sufrió como preso preventivo, se le abone después si hay ocasión, de cualquier forma. Pero, van a existir dificultades muy graves debido a un perifrástico, y con redacción estúpida, artículo 58 de nuestro Código penal.

Estoy completamente de acuerdo con la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cuando afirma que: “No tiene sentido acudir al sistema de indemnización por error judicial o por anormal funcionamiento de la administración de Justicia, si es posible computar la privación de libertad en otra causa distinta de aquella en la que se acordó” (STS n. 808/2000, por todas).

No puedo estarlo, sin embargo, cuando en otras ocasiones razona en base a un muy subjetivo “sentimiento de impunidad”, no se le computa la prisión preventiva porque el condenado conoció de la sentecia absolutoria antes de cometer los hechos por los que posteriormente se le condenó, y entonces se mantiene una tesis cerradamente negativa. No lo entiendo, porque lo que estimo que no es razonable ni racional no puedo entenderlo, sobre todo en el mundo del Derecho.

Entonces si resulta que los hechos castigados son posteriores, pues el Estado estima en que se “libera” de la grave deuda que tiene contraída con la persona que, de forma inicua, pago 4 años de prisión sin tenerlos que pagar. Y ahora que sí se le puede realmente compensar por tamaño error y no con un módica y ridícula compensación económica, pues se llega a la injusticia de que como ha delinquido y ha sido condenado a la pena de 10 años pues tiene que pagar esos 10 años más los 4, que nunca debió cumplir. Esto es: que por haberse cometido un error el posteriormente condenado debe cumplir 4 años más, como si el error lo hubiese cometido el justiciable.

Esto sencillamente, no es que sea inmoral como nos exponía el genial Carrara, es que es una verdadera infamia que un Estado social y democrático de Derecho no debería darle el menor cobijo, y si se lo da es que no lo es o está incapacitado para serlo y acoger en su seno los valores, que tan sólo farisaicamente ha declamado, porque llegado el caso no está dispuesto a realmente protegerlos.

A quien delinque se le aplica su pena privativa de libertad, económica, de inhabilitación, de su suspensión, de arresto de fines de semana, etc., y nada más que su pena; pero, no se le puede, ni se le debe, reprimir vengativamente con más, porque la administración de justicia se equivocase en su día, manteniéndole 4 largos años de prisión preventiva y posteriormente haberle declarado inocente en sentencia.

Desde luego así no se compensa el error, porque lo que se destruye es a quien corporeíza ese error. Es, por tanto, una auténtica inhumanidad. La inhumanidad no tiene nada que ver con un sistema democrático y menos social y de derecho. La inhumanidad es propia de las dictaduras que ahora, parecer ser, nos vamos a dedicar a perseguir arrastrados por nuestras nuevas amistades, con verdadera amnesia histórica. Pero esto último es otro cantar. De momento político y no jurídico-penal.

Manuel Cobo del Rosal, Catedrático de Derecho Penal y Abogado.

 


 





 


 

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