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Hacia notarios y abogados suspicaces y delatores. ¿A dónde vamos?

MADRID, 17 de JUNIO de 2013
 

(SEGUNDA PARTE)
La entrada en vigor de dicha directiva comunitaria, no cabe duda que contribuirá a una mejor lucha contra los supuestos delictivos o infracciones administrativas que consistan en eludir el control financiero de la Administración del Estado sobre el dinero. Y esto, desde luego, es meritorio, como no podía ser de otra forma. Pero, ya lo es menos que se pretenda convertir a los abogados en auxiliares o colaboradores de las fuerzas represivas del Estado, ya sean policiales o jurisdiccionales o, simplemente, administrativas, por la sencilla razón de que esto contraviene toda una tradición jurídica liberal, que se ha mantenido en nuestro país, incluso por las dictaduras padecidas que, en modo alguno, modificaron en ese sentido nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. El secreto profesional del abogado es, en cierto modo, piedra angular de la misma existencia de esa profesión, que debe mantenerse a toda costa. Por eso cobra su máximo sentido la condena por prevaricación a un mediático juez con la consiguiente expulsión de la carrera judicial. Un abogado incontinente o que se pretenda convertir en un apéndice policiaco o judicial no es un abogado, será otra cosa, será un confidente, será un arrepentido deleznable pero nunca estará defendiendo con honestidad los intereses que le han sido encomendados. Si el eje diamantino de la abogacía es la confianza no tiene sentido de ninguna clase introducir en la legislación interna un deber jurídico de sospechar del cliente y delatarlo, pues no debe ser función del abogado, que se aprovecha de esa suerte, con verdadero abuso de la relación de confianza, que le dá cifra y sentido, junto con el secreto, a su profesión . La utilitas que preside muchas mentes y legislaciones parainquisitoriales, fuera de época es, en el fondo, la negación de la justicia. Una justicia fundamentada de la delación no es justicia, será otra cosa, será pura y simple represión criminal .

Ahora va a resultar que ni siquiera por una realidad, sino simplemente por una sospecha, con toda la carga subjetiva que conlleva, del abogado, éste deberá poner en conocimiento de la autoridad, nada menos que su conjetura, que, a la vez, puede versar sobre una actuación de su cliente tan sólo sospechosa, por ejemplo, de blanqueo de dinero. Y a esto se le va a obligar, según parece, a la persona en la que el justiciable vuelca todo su depósito de confianza personal, y, en cumplimiento de esa obligación jurídica, deberá denunciarle a la autoridad, porque el abogado tiene la sospecha de que su cliente lleva a cabo actividades sospechosas... de blanqueo de dinero.

Y entre sospechas andaría la cosa. Y por mi parte, estoy en contra, no ya sólo en relación con las <<sospechas>>, sino hasta de las <<realidades>>. Todavía no sé por qué regla de tres se le va a exigir al letrado un comportamiento delator en el tema del blanqueo de dinero y no en una cuestión relacionada con el terrorismo o el asesinato.

Una posición meramente pragmática en orden a la represión de estas cuestiones económicas hace que se ponga el mundo al revés: letrados como los de Ceaucescu, que acusan pero no defienden, no son sencillamente letrados, son, si se quiere, delatores pagados por el propio cliente.
Y ya en puro régimen de sicofancia nos vamos a mover en el resbaladizo y tenebroso mundo de las <<sospechas>>. Pues lo que nos faltaba: que el Derecho y la justicia de nuestro proclamado Estado Social y Democrático de Derecho se fundamente en sospechas, en prospecciones, en conjeturas, en delatores, nada menos que con la condición de Letrado, que reforzarán así el grupo de los denominados <<arrepentidos>>, que asola, en nuestro días, la justicia de algunos países que se tienen por civilizados(Italia), a pesar se las críticas llevadas a cabo por los juristas más ilustres de este siglo y del pasado, sobre toda esta posición pretendidamente pragmática que choca frontalmente con principios inveterados, y que a la hora de la verdad se ha demostrado como en absoluto pragmática y ha llevado a resoluciones infames, por totalmente injustas. Se han <<fundamentado>>, curiosamente sin ningún fundamento, gravísima sentencias condenatorias por el mero testimonio de un delator, y ya lo último sería que fuese un Letrado, o mejor, su Letrado.

Impunidad ninguna, pero cuando las infracciones sean por hechos propios, y no de terceros; confidencialidad y secreto total de todos los hechos conocidos, y más aún de los sospechados, del cliente, sean o no constitutivos de cualquier modalidad infractora. Y abogado se es también cuando se asesora sobre una operación mercantil, no sólo cuando se alega la inocencia en solicitud de la libertad en un proceso penal.

Nuestro país pretende ser un Estado de Derecho, pero se pretende negar que ya podamos confiar, siquiera, en nuestro abogado. Según parece, la directiva aprobada deja como estaban a los eclesiásticos. Algo es algo. Menos mal. Porque entonces ya nadie acudiría a ninguna fe religiosa, con la crisis que están padeciendo algunas religiones, en nuestro caso, la católica. Y los católicos deben hablar a su letrado como si fuera su confesor y si la legalidad no le da protección o ayuda no es la legalidad de un Estado de Derecho sino de un Estado represivo, para el que sirve todo hasta intervenir los teléfonos de los abogados. Por eso ha estado muy bien despedir a quién no ha actuado como un juez de una democracia sino como un policía sin escrúpulos de ninguna clase como si fuera de un país tercermundistas, o más precisamente como actuaría un comisario del chileno Augusto Pinochet, tan utilizado para autobombo internacional. España no necesita nada de eso. Tiene una legislación suficientemente sólida para que si se aplica con justicia no haya que quebrantar principios fundamentales de una sociedad democráticamente avanzada.



Manuel Cobo del Rosal, Catedrático de Derecho Penal y Abogado.

 


 





 


 

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