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En el acto de apertura de tribunales, celebrado ayer 16 de septiembre en Madrid, bajo la presidencia de S.M el Rey, el mal endémico de la corrupción ha sido el protagonista. El acto, sin duda, también ha estado marcado por las protestas de los funcionarios de Justicia ante los recortes y las reformas emprendidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y por el anuncio de plantón de varias asociaciones judiciales con el fin de mostrar así su oposición a las políticas de Gallardón. La ley de tasas, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Demarcación y Planta o la Reforma de la Ley del Registro Civil son algunas de las reformas que están generando polémica entre algún sector de la Administración de Justicia. Ya sin saber los datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado, datos a los que hoy se ha hecho referencia en el acto de apertura de tribunales, sabíamos más que de sobra que, desde el surgimiento de la crisis, los casos de corrupción política o financiera se han disparado en nuestro país. Hoy con estos datos, nos reafirmamos en algo que ya venía siendo obvio. En alusión a las recientes palabras del alcalde de Valladolid (“En España la corrupción se resuelve con comisiones mientras que en otros países con un tiro”), salvando las distancias, con comisiones o con tiros, la corrupción huele siempre mal. Consciente del problema, Gonzalo Moliner, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo ordenó recabar información en todos los juzgados españoles con el fin de elaborar un mapa de la corrupción en España y acordar los refuerzos para erradicar este problema. En abril de 2013, había más de 1.600 casos pendientes en los juzgados españoles en materia de corrupción. Por ello, jueces y fiscales reclaman más medios. No existe un tipo penal específico de delito de corrupción, sino que éste tiene forma de tráfico de influencias, prevaricación judicial o administrativa, revelación de secretos, malversación de caudales públicos, etc. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha pedido que se refuerce la oficina fiscal con una policía especializada en corrupción y con inspectores de Hacienda. La corrupción se ha convertido en un mal endémico en España y que hay que atajar. La Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno, en fase de tramitación, puede ser sin duda un gran resorte para combatirlo. No obstante, la solución no viene sólo de la mano del legislador y se necesitan, como hoy se ha dicho, emprender más medidas en otros frentes.
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