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NOTICIAS de los Colegios de Abogados de España
La asociación ha presentado las alegaciones aprovechando el último día del plazo para la entrega de las mismas.
El empeoramiento de la calidad de los servicios y el impacto económico han sido las principales argumentaciones ofrecidas por los asistentes.
Ayer en la Subdelegación de Gobierno, Unión Profesional de Málaga ha presentado públicamente las alegaciones al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 2 de agosto. Con el presidente del Colegio de Titulados Mercantiles, Alejandro Bengio Bengio, a la cabeza esta rueda de prensa ha contado con la presencia de delegados de las 22 organizaciones colegiales representadas por la asociación, en total 45.000 profesionales de toda la provincia. Así, han estado presentes los presidentes de los Colegios de Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Médicos, Enfermeros, Farmacéuticos, Dentistas, ATS, Veterinarios, Administradores de Fincas, Titulados Mercantiles, Economistas, Arquitectos, Decoradores, Ingenieros Industriales, Ingenieros en Informática, Agentes Propiedad Inmobiliaria, Gestores Administrativos, Agentes Comerciales, Mediadores de Seguros y Censores de Cuentas. Todos ellos mostraron su rechazo unánime en una reunión de prensa celebrada en la sede del Colegio de Abogados de Málaga el pasado 10 de septiembre y, aprovechando que hoy se agotaba el plazo para la presentación de las alegaciones, han vuelto a mantener este encuentro público que tiene como objetivo luchar por todos los profesionales de la provincia y de España. Los presentes consideran que dada la repercusión negativa del borrador para la sociedad, debería haber tenido un debate previo, donde se buscará el consenso de los profesionales principalmente afectados para obtener un texto normativo ajustado a las necesidades reales de la ciudadanía. Además, añadieron que el Anteproyecto ha sido redactado, como se infiere de la lectura de la Exposición de Motivos, exclusivamente desde la óptica económica. La Unión Profesional de Málaga defendió asimismo el modelo de colegiación obligatoria para asegurar la calidad de los servicios. En primer lugar, han demostrado que los colegios profesionales realizan sobre sus instituciones un control de los servicios que prestan, proporcionando a su vez a los consumidores información veraz sobre el experto que pretenden contratar. Por ello, la existencia de los colegios es imprescindible para ejercer control sobre los prestadores de los servicios sociales. En segundo lugar, los asistentes mostraron que la existencia de colegios profesionales no supone un obstáculo al aumento de operadores en el mercado, pues la gestión de los mismos mantiene parámetros de transparencia. Así señalaron que desde hace años las cuentas están auditadas y funciona la ventanilla única a disposición de los ciudadanos, los cargos son gratuitos y los honorarios profesionales están absolutamente liberalizados. En tercer lugar, los delegados han señalado que el control deontológico y la aplicación del régimen disciplinario es una garantía que los colegios profesionales proporcionan a los consumidores, argumento que vuelve a sostener la importancia de la colegiación obligatoria. Por otra parte, la Unión Profesional de Málaga ha presentado las consecuencias económicas que supondría la supresión de la colegiación obligatoria: actualmente las instituciones controlan que el 100% de los colegiados se encuentren asegurados al convertirse en tomadores de la póliza colectiva de responsabilidad civil; mientras que con el Anteproyecto, este seguro no estaría garantizado. Además, se suprimiría la formación profesional continua que los colegios ofrecen a los colegiados para garantizar una constante actualización de sus conocimientos. Por último, esto supondría una reducción en las plantillas de trabajadores de los colegios. Los presentes han incluido en sus alegaciones las funciones que tendría que asumir la Administración en el caso de suprimir los colegios, lo que supondría un enorme gasto para el erario público; y el impacto económico que esto implicaría, ya que el control e intervención de la Administración Pública afectaría a la autonomía de estas instituciones y dificultaría la economía por la pérdida de seguridad jurídica, aumentando los costes y la burocracia. Con estas alegaciones, Unión Profesional de Málaga ha confiado en el retroceso del Anteproyecto, buscando una nueva norma que persiga la mejora de los servicios sociales que ofrecen los profesionales.
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