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“Es necesario un marco legal estable que asegure los contratos de colaboración público privada y que reconozca al sector privado como generador de valor para el sistema”
MADRID, 21 de OCTUBRE de 2013 - LAWYERPRESS
 

“El Modelo PPP sanitario lleva 16 años demostrando que la colaboración público-privada es viable desde el punto de vista asistencial y económico siempre que se aseguren y respeten unos principios básicos que deben regular este modelo y más en un servicio tan esencial como es el sanitario” , según ha asegurado Alberto de Rosa, director general del grupo Ribera Salud que lidera el sector concesional sanitario con la gestión de varios proyectos en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad de Madrid, en el marco del XX Congreso Nacional de Derecho Sanitario que se ha celebrado en Madrid.
En la mesa redonda moderada por Juan Abarca Cidón y en la que también han participado Ignacio Riesgo, director de sanidad de PWC, Enrique de Porres, consejero delegado de ASISA y Jose Ramón Rubio, vicepresidente del grupo hospitalario Quirón, los expertos han incidido en la importancia del papel de la Administración Pública para el buen funcionamiento del modelo porque “la propiedad, la planificación y el control son públicos, y es la Administración la que controla que la prestación se realiza según lo establecido en el contrato”, han afirmado. Para Alberto de Rosa “a más gestión privada, mayor debe ser el control público y la Administración debe elegir a socios adecuados para que estén protegidos y equilibrados los criterios empresariales y asistenciales”.
La mesa redonda sirvió, además, para abordar el interés internacional que el modelo PPP suscita en países con economías sólidas y en crecimiento y es que todos los expertos coinciden en que “la sanidad española es un referente en el exterior y puede contribuir a salir de una crisis económica que está presionando aún más a un sistema sanitario que reclama reformas urgentes desde hace tiempo. Hay que reflexionar sobre la imagen que se está dando dentro y fuera de España con las querellas, amenazas y boicots a empresas concesionarias de un servicio público y que está generando una percepción negativa de un sector con un fuerte impacto sobre la economía española como es el sanitario, que genera empleo y riqueza” han concluido los ponentes.

 


 
 

 

 





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