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Centro escolares y Derecho penal (II)

MADRID, 02 de OCTUBRE de 2013
 

El problema por ser general corresponderá, dentro del marco constitucional al Estado, que no ha tenido previsiones ni contrapesos para soportar las inclemencias y total falta de educación, que asoma por todas las esquinas en los edificios de enseñanza superior y media (institutos incluidos). Como siempre esto ha sido, una total imprevisión de los poderes públicos españoles, sobre todo centrales, y posteriormente autonómicos y desde luego también académicos.

Porque transferir la universidad a las Comunidades autónomas ¿Para qué?. Conceder autonomía universitaria a los directivos académicos ¿para qué? En suma para qué tanta frase hecha, si no se sabía ni su contenido ni su utilización. En el fondo, creo, que se ha tratado de un problema, tan español por superficial de lucha terminológica, sin que nadie supiera porqué, real y cabalmente, luchaban, como ha sucedido casi siempre en nuestro país. Ha existido una total imprevisión de los poderes públicos que posteriormente, se ha pretendido corregir, por los senderos de la más cutre demagogia, y digo lo anterior porque no sabían lo que se traían entre manos. Las absurdas ideas que ha tenido que oír uno, en su dilatada vida, como profesor universitario sobre “democratización de la Universidad”, la autonomía universitaria, la libertad de estudio, de cátedra, la elección masiva de las autoridades universitarias o de tribunales de tesis doctórales o de Comisión de selección de profesorado, por quienes no saben hacer la “o” con un canuto, para dotar una plaza de funcionario al amiguete o amiguita de última hora y si goza de algún favor rectoralis mejor, etc, etc, han conducido a que conviertan los centros no en emisores-receptores de docencia si no de caos absoluto donde por emplear una expresión popular “cada perro se come su rabo”; y así están las cosas, y así no debieran seguir.

Entonces se alzan los ojos hacia la “divinidad” que resuelve todos los problemas: El Derecho penal; ignorando que no resuelve nada y que lo que hace, la mayor de las veces, es, en realidad, empeorar socialmente la situación.

El Código penal no va a resolver nada; el Código penal no confiere autoridad moral a quién es un “pela gatos” docente, y los alumnos lo saben, de inmediato, y en cuanto salte la primera chispa, a pesar de la amenaza de las calificaciones parciales o finales, pues será moral o físicamente objeto de alguna agresión porque el problema es muchísimo más complejo que el que puede tratar el Código penal con su habitual torpeza, carente de toda finura, para resolver los conflictos sociales sin crear otros más graves, o si se quiere, más injustos. Por eso, se debe hacer del Código penal un uso muy moderado y ponderado, teniendo en cuenta que no se encuentran en un centro carcelario, sino en un centro docente, en los que nunca ha traído nada bueno, el uso de la fuerza sino la fuerza de la razón, a la que últimamente se está poco acostumbrado a pesar de nuestra democracia social y de Derecho, que parece que no termina de calar, cabalmente, en algunos sectores de la vida social española, todavía por el “chisme inquisitorial” de siglos pasados o por la totalitaria formación del reciente franquismo.

Una última consideración no en la dolorosa línea profesor-alumnado, sino en la relación inter-alumnos que parece ser es más frecuente y desde luego siempre lo ha sido, la intervención inmediata de los agentes de la autoridad se presenta quizás como más exitosa que en el panorama un tanto exagerado, que he dibujado en el sentido de alumnos versus profesores, o padres versus profesores. Este caso es mucho más grave, aunque todavía menos frecuentes y esperemos que la propia legislación académica con sus sanciones administrativas responda al objeto de que dejen de proliferar. No aludo porque es evidente a los controles, especialmente los psiquiátricos, que deben producirse cada curso y que afecten a todos (docentes y discentes). La estabilidad psicológica y emocional también es una base por demás importantes para que se eviten las violencias escolares en todas sus dimensiones, quizás más efectiva preventivamente que el Derecho penal, de naturaleza fundamentalmente represiva.
Por que el problema no está en el Código penal ni menos su solución, sino en un inteligente y, repito, cuando sea necesario, severo reglamento de disciplina académicas confiriéndole al “profesor” una autoridad que, aunque personalmente no tenga, sin embargo representa, con los controles que fuesen necesarios. Sólo así podríamos iniciar una especie de pacificación del totum revolotum existente en la actualidad en la docencia, de la clase que fuere.
Y esto sí debieran exigirlo, y de forma maximalista, los enfurecidos padres que ven como sus hijos pierden el tiempo en la escuela y en la Universidad, sin horizonte alguno. Más ahora, que no hay quien les de un puesto de trabajo. Sin estudiar y sin trabajar la desesperación y la indignación están servidas.

Manuel Cobo del Rosal, Catedrático de Derecho Penal y Abogado.

 


 





 


 

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