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Una reforma totalmente equivocada del Código penal español, como es la relativa a societas delinquere non potest ( II )

MADRID, 21 de OCTUBRE de 2013
 

Han sucedido, sin embargo, que la actitud cerradamente negativa hacía el denominado neoclasicismo, expresión del pensamiento políticamente neoliberal, más precisamente socialdemócrata, le hicieron confesar a los arrogantes finalistas, a llevar a cabo una tardía confesión, en el sentido de que la metódica del finalismo no es más que un estudio para una propuesta de lege ferenda que pretendía conseguir una justicia penal más justa, según se expresara en sus últimos años el propio Hans WELZEL y, posteriormente, sin titubeo alguno, el profesor de la Universidad de Colonia H. HIRSCH.

El pensamiento neoclásico con su solidez neoliberal del Derecho penal moderno y una serie de puntos fundamentales indemostrados e indemostrables en más de medio siglo por los entusiastas finalistas, abocaron a esa tardía confesión, que no es más que una especie de retirada a tiempo, expresión sin duda de un fracaso o frustración, que pone punto final a su superficial e insensata arrogancia, como durante más de medio siglo insistí en poner de manifiesto en la rutina penal española.

Debe tenerse en cuenta que, con la aparición de los Estados totalitarios, muy exacerbados en la Europa central, se hizo tabla rasa de una estructura armoniosa del delito, creada, con sumo equilibrio, por el pensamiento jurídico exquisitamente liberal. Pretendieron configurar, muchas veces sin saberlo, una nueva concepción del delito y atacaron, política y furibundamente, el clásico y lógico método analítico, siendo sustituido por un método unitario, por no decir totalitario, y que supuso, y plantó sus raíces, todavía florecientes, como una especie de caotización de la teoría jurídica del delito, analítica, como siempre debió ser y fue, a lo largo de los años. Las ideas políticamente totalitaria se colaron de rondón en el derecho penal con la crítica feroz que se hizo a la concepción liberal del delito y de su teoría jurídica. Hoy algunos. Más despistados que otra cosa, todavía no se han enterado.

La caída, después de perder la Segunda guerra mundial, con la consiguiente e inmediata derogación del Derecho penal nazi, no va a comportar la total desaparición doctrinaria de esa serie de actitudes, en cuanto se refieren a los principios clásicos que, disimuladamente pretendieron vestir, y es curioso, con un ropaje progresista de izquierdas, que no lo son, ni mucho menos, respetuosos con los principios de un Derecho penal auténticamente de verdad, liberal y democrático. Todavía se encuentran influidos por las ideas totalitarias que ahora no se atreven a definir, de forma expresa, pero sí solapada o quizá por confusión, torpeza, o simple mimetismo y que pretenden sean tenidas como los paladines, curiosamente, del sumo progresismo, por supuesto con una extraña mezcla de izquierdismo político que, genéricamente, ofrece un singular conglomerado que, en el fondo, no es más que una manera de negar aquellos postulados, que los juristas nazis denominaban pensamiento decadente y burgués del Derecho penal liberal, expresión de la no menos decadente y egoísta burguesía de la época.

Por esa y por otras razones, estoy completamente de acuerdo con mi colega y, en su día, condiscípulo, profesor RODRÍGUEZ MOURULLO, cuando ocupándose del tema societas delinquere non potest, en la reciente reforma del año 2010, cuando dice en el Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, correspondiente al mes de septiembre de ese mismo año, quizá en un lugar equivocado para mi gusto:

“El legislador de 2010 demuestra de este modo un preocupante menosprecio por la legalidad ordinaria vigente y por los principios establecidos por el Tribunal Constitucional, como si todo ello fuese absolutamente indiferente. Se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas con absoluta indiferencia de la definición legal del delito recogida en el artículo 10, del principio de responsabilidad subjetiva consagrado en el artículo 5, ambos del Código penal, y de los principios de culpabilidad y de personalidad de la pena proclamados por el Tribunal Constitucional” y lleva razón.

Curiosamente, una misma identidad metódica y de los principios penales, nos va a conducir, andando los años, a unas mismas conclusiones en el tema que hoy me ocupa, y que voy a intentar complementar en esa línea de pensamiento, reforzándolo con argumentos, principalmente técnico-jurídicos, como corresponde a quienes hemos entregado nuestra vida al estudio de las Ciencias de los delitos y las penas.

El problema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas queda totalmente en el vacío puesto que, a pesar de que sean, por decir así, receptoras de pena, en general, lógicamente no privativas de libertad, pero sí sobre todo de limitaciones de otros derechos, de orden económico y comercial y hasta de disolución (pena de muerte mercantil) se trataría de una especie de feo “pegote colgado malamente o en el delito de otros ya sean sus directivos, administradores o quienes actúan en nombre y representación de esas sociedades (personas morales).

En esos casos, seriamente no puede hablarse de una teoría jurídica del delito por muchas fantasías interpretativas que se utilicen, por la sencilla razón de que las personas jurídicas seguirán y siguen siendo entes de ficción que no tienen capacidad de acción ni de culpabilidad. Algún autor, quizá pretendiendo hacer una gracia, que no la tiene, ha afirmado que, en caso de discrepancia, “peor para la dogmática” (Zugaldía Espinar, J.M., La responsabilidad penal de empresas, fundaciones y asociaciones, Valencia, 2007), literalmente afirma que si subsiste alguna dificultad para compaginar la responsabilidad penal de las personas jurídicas con la llamada teoría jurídica del delito, pues peor para esta última. Gracia, como digo, a mí no me hace ninguna, y será difícil encontrar algún penalista medianamente serio que sonría con tan pretendido y paleto, cuando no osado gracejo. Y no es que podamos proclamar, sino que debemos afirmar que existen muchas discrepancias puesto que las dificultades no presentan solución de ninguna clase, como he dicho, dada su naturaleza aporética. De manera que cuando se echan las campanas al vuelo y se afirma rotundamente que las personas jurídicas cometen delitos puede contradecirse diciendo que NO tajantemente sin más.

Manuel Cobo del Rosal, Catedrático de Derecho Penal y Abogado.

 


 





 


 

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