Un grupo de jueces ha dirigido un escrito a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para denunciar la politización de la Justicia española. La progresiva degradación de la Justicia “amenaza los fundamentos democráticos” dicen en su carta –comunicado.


COMUNICADO

Estimados señores:

La Justicia española padece una progresiva degradación que amenaza los fundamentos democráticos de nuestro Estado de Derecho. Alarmados ante la gravedad de la situación, nos dirigimos a su partido un grupo de Jueces españoles para ponerle en conocimiento el proceso de Elecciones alternativas al Consejo General del Poder Judicial que, con mero carácter simbólico, se ha celebrado durante el pasado mes de octubre de este año 2013.

Son diversas las causas que nos mueven al envío de esta misiva, preocupados como estamos por la progresiva politización de la Justicia en el Reino de España. Consideramos como pilar fundamental para garantizar la constitucional separación de poderes que los doce vocales de origen judicial que integren el órgano de gobierno de la Justicia española, siguiendo el espíritu del Artículo 122.3 de nuestra Constitución, sean elegidos por y entre los miembros del Poder Judicial. La promulgación de la LOPJ en 1985, que derogó la precedente LO 1/1980 que así lo establecía, dejó esta facultad en manos del Parlamento; y la reciente reforma implantada por LO 4/2013 de 28 de junio no hace sino perpetuar tal modelo. El TC en sentencia 108/1986, de 26 de julio, advirtió del peligro de que el mecanismo de designación parlamentaria se convirtiese en un auténtico reparto de vocalías por razones partitocráticas, indeseado resultado por contrario a la Constitución. El Consejo de Europa, entre otras instancias internacionales, ha avisado del riesgo para la estabilidad democrática derivado de que los propios jueces no puedan elegir a ninguno de los integrantes de su órgano de gobierno, dictamen éste que respetuosamente les recordamos -Recomendación 12 (2010) del Comité de Ministros-.

Recientemente asistimos a la comprobación del riesgo pronosticado, pues los cincuenta y tres candidatos oficialistas avalados, según la reciente reforma legal, no han sido convocados al Parlamento para exponer sus proyectos, formación o trayectoria, de modo que sean elegidos por el Congreso y Senado según sus méritos, sino que el partido gobernante y la oposición parlamentaria están negociando a puerta cerrada los doce candidatos, y una vez elegidos, acudirán al Parlamento para obtener la mera convalidación de una decisión previamente pactada. No los escogerán los jueces, ni siquiera las Cortes como sede de los representantes del pueblo español, sino de facto las oligrocracias partidistas.

Asimismo, contemplamos con no menos inquietud las recientes iniciativas legislativas encaminadas a socavar la democracia interna del Poder Judicial, al prever la desaparición de los Jueces Decanos, escogidos hasta ahora en votación libre por los miembros de su respectivo partido judicial. De llegar a materializarse su reemplazo por “Presidentes de Tribunales de Instancia”, arbitrariamente designados por el CGPJ y con facultades decisorias en la distribución y reparto de asuntos judiciales, se verían seriamente afectado el principio de “predeterminación legal del Juez” (Artículo 24 de la Constitución) y con ello el ejercicio de la función jurisdiccional bajo las debidas condiciones de libertad e independencia.

El indicado proceso de Elecciones alternativas al CGPJ ha supuesto una contestación al proceso oficialista puesto en marcha bajo el imperio de la actual LOPJ. Desarrollado a través de correo electrónico electrónico y bajo fe pública notarial, contó con la presentación de veintitrés candidatos y la participación un millar de Jueces de todo el territorio nacional que eligieron a doce de entre ellos en un gesto democrático de valor simbólico. Los resultados obtenidos fueron anunciados en la capital de España el sábado 26 de octubre de este año 2013 ante el notario autorizante, señor don Ignacio Gomá.

Detrás de la organización de estas Elecciones Alternativas no hay ninguna asociación judicial, como tampoco clase alguna de grupo económico, político o periodístico. Se trata sencillamente de un conjunto de jueces espontáneamente comunicados entre sí a través del correo electrónico, asociados o no; y sin específica adscripción ideológica.

Insistimos en el carácter simbólico y la ausencia de efectos jurídicos de dicho acto electoral. El objetivo de esta iniciativa es la salvaguarda de la dignidad de la Carrera Judicial al anunciar a la opinión pública el rechazo por un millar de jueces a las injerencias políticas dirigidas a perturbar el principio constitucional de separación de poderes.

Por todo ello, es nuestra voluntad hacerles saber la urgente necesidad de despolitizar el gobierno judicial, de que el Parlamento tome (de manera real y no sólo formal) la iniciativa en la designación de los vocales, petición ésta que formulamos en condición de ciudadanos y miembros de uno de los poderes del Estado, en la plena confianza que actuarán con la prudencia y firmeza necesarias en la defensa de nuestro Estado Democrático de Derecho.

Atentamente

D. Jesús Manuel Villegas.-Magistrado. Instrucción nº 3. Guadalajara
D. Jaime Lozano Ibáñez.- Magistrado. Sala Cont-Admvo TSJ de Castilla La Mancha.
D. Manuel Ruiz de Lara.- Magistrado.1ª Instancia e Instrucción nº 2. Marchena (Sevilla)
Dª Rosa Esperanza Sánchez Ruiz-Tello.- Magistrada. Penal nº1.Logroño
Dª Mª Teresa Puchol Soriano.- Magistrada. Mixto nº 2 Almunia de Dª Godina. Zaragoza.
D. Fernando Portillo Rodrigo.- Magistrado. 1ª Instancia e Instrucción nº 3.Melilla.
D. Ernesto C. Manzano Moreno.- Magistrado.Penal nº 6. Granada
Dª Esther Fernández Arjonilla- Magistrada-refuerzo Mercantil nº 1.Pamplona (Navarra)
D. Tomás Sánchez Puente- Magistrado.1ª Instancia nº 4. Manacor.
Dª Mª Inmaculada Iglesias Sánchez. Magistrada. Instrucción nº 35. Madrid.