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Miguel Rodríguez-Piñero, premio Pelayo 2013 y Consejero de Estado:
“La explosión de despidos provocados por la reforma laboral es algo transitorio”
MADRID, 22 de NOVIEMBRE de 2013 - LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez
 

El Jurado del Premio Pelayo otorgó recientemente el galardón de la XIX edición a Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo- Ferrer, por su larga y fructífera trayectoria en el ámbito jurídico y su gran contribución a la sociedad española en una gala que reunió a los principales protagonistas de nuestra actividad jurídica. Tras sucesivas votaciones, el Jurado eligió a M Rodríguez-Piñero y, por su extensa trayectoria dedicada al Derecho del Trabajo desde las distintas Instituciones del Estado. Con él, un 20N hemos hablado de la reforma laboral, sus claros y oscuros; de las tasas judiciales y de los problemas de nuestra justicia en el Consejo de Estado, donde ahora trabaja “Hablar de empleabilidad es positivo; significa estar preparado para poder trabajar aunque el empleo tiene que existir. Ahora tenemos un problema grave de empleabilidad. En los años de crecimiento del país se ha creado empleo de baja calidad con escasa formación y temporal. Estoy de acuerdo en que se potencien iniciativas de autoempleo; es evidente que el emprendimiento requiere medios, formación y nicho de mercado. Es bueno que el ciudadano piense que puede gestionar su proyecto empresarial. De ahí que la solución a los problemas del país pase por el autoempleo, no lo creo. Crear una empresa necesita medios financieros para que tu empresa crezca”, afirma.

Según el Presidente del Jurado Landelino Lavilla Alsina, la elección de Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo- Ferrer en esta décimo novena edición consolida aún más, si cabe, los objetivos que pretende resaltar esta iniciativa, en la que se potencian los valores de las profesiones jurídicas en cualquiera de sus ámbitos, apreciando tanto la dedicación de los juristas como los valores que desde la Universidad, la sociedad, la empresa, las Instituciones Judiciales o el ejercicio liberal, se consideren de interés para la Comunidad.
Sobre el ganador, hay que señalar que es Nacido en Sevilla, el 17 de febrero de 1935, es Doctor en Derecho con Premio Extraordinario (1959) por la Universidad de Sevilla y Doctor h.c. por las Universidades de Ferrara (1994) y Huelva (2003).
Ha desarrollado una excelente actividad docente e investigadora en las Universidades de Murcia (1961), Sevilla (1962) y Alcalá de Henares (1995), como Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, categoría académica a la que accedió con veintiséis años.
Ha sido Presidente de la Comisión Consultiva nacional de Convenios Colectivos y del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, así como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y Director del Colegio Universitario de la Rabida.
Entre los años 1986 y 1995 fue Magistrado del Tribunal Constitucional y Presidente de dicho Tribunal entre 1992 y 1995, siendo en la actualidad Presidente Emérito. En 1996 fue nombrado Consejero Permanente de Estado, pasando después a ser Presidente de la Sección Segunda (Justicia, Trabajo y Asuntos Sociales).
Desde 1995, es Miembro de la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el mismo año, se le otorgó la más alta distinción de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la de Hijo Predilecto.
Ha recibido diversos honores y condecoraciones entre los que destacan, la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, la Orden del Mérito Constitucional o la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo.
Gracias a las gestiones del Gabinete de Prensa de Pelayo hemos podido conversar largo y tendido con Miguel Rodríguez-Piñero. Esta es la síntesis de más de una hora de charla.

Sr Rodríguez-Piñero, ¿Cómo se ve desde esta entidad la protesta de operadores jurídicos y ciudadanos en contra de las tasas judiciales?
Es evidente que el ciudadano tiene derecho a ejercer su derecho a una tutela judicial efectiva que afecta a derechos subjetivos propios que son derechos materiales. Sin embargo hay que darse cuenta que pese a que la justicia es un servicio público que debe prestar el Estado, la situación financiera es mala. Eso choca con la situación de demanda universal de justicia que hay ahora. El ciudadano quiere que alguien le repare ese daño que sufre y eso ha incrementado la litigiosidad en los últimos años.
Las tasas judiciales han existido históricamente siempre junto a l modelo de justicia gratuita para aquellos con menos recursos. Ahora se han implantado este nuevo modelo en un momento de crisis donde los justiciables tienen más dificultades de asumir ese coste. Conozco casos cercanos de sentencias de despidos que no apelan porque no pueden asumir ese gasto.
Es posible que junto con esta vertiente disuasoria tenga otra positiva la implantación de las tasas. Ahora es un filtro más que junto con la opinión del abogado hace al ciudadano que siga o no ese pleito en apelación. En países anglosajones el abogado se juega su prestigio y prefiere no arriesgarse en ciertos casos. En España ha faltado este autocontrol que le comento.
En el tema de las tasas mi opinión es ambigua, por ello, creo que en los pleitos económicos o de carácter patrimonial deberían estar exentos de ellas. No me gustan en principio las tasas pero entiendo que por las circunstancias económicas del país estén justificadas.
Si realmente se mejora la situación de la justicia si se puede admitir estas tasas de las que estamos hablando. Lo que la ciudadanía no puede admitir es que la justicia sea lenta y encima tengas que pagar esas tasas además.

¿Le ha sorprendido que en la jurisdicción social también se hayan implantado pese a los diferentes puntos de vista de algunos TSJ y el Supremo?
En principio, se han establecido en materia de recursos y efectivamente sobre esta cuestión las opiniones de los tribunales han sido diferentes. Llama además la atención la cantidad de autos y sentencias del Supremo de inadmisión de recursos de casación sobre unificación de doctrina. Igual llama la atención el número de recursos de amparo en el Constitucional que no se admiten o las reclamaciones que llegan al Consejo de Estado por el mal funcionamiento de la administración de justicia que no se tienen en cuenta. No reúnen los requisitos legales pero se siguen planteando pese a ello.
Creo que debería hacerse un examen de conciencia para desde la autorestricción buscar un mejor funcionamiento de la justicia. El abogado debe asesorar sobre las posibilidades que tiene ese tema para el cliente y no recurrir por recurrir. En el plano laboral, el número de sentencias que se revocan es mínimo. Igual pasa en el resto de las jurisdicciones.

¿Considera que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse de forma rápida sobre los recursos de inconstitucionalidad que le han llegado sobre las tasas?
El problema de este Alto Tribunal es que tiene muchos asuntos importantes pendientes desde un punto de vista objetivo. La política del Tribunal es primer el orden cronológico de entrada.
Creo que este asunto estará resuelto antes que otros. Tiene menos complicación política y jurídica que otros. Es algo más técnico saber si es un límite para la litigiosidad o si está frenando el derecho a la tutela judicial efectiva, lo que habrá que probar. Será bueno ver que han hecho otros países de nuestro entorno al respecto.
El Tribunal Constitucional no debe restringir nunca el ámbito de decisiones políticas. En el momento que se pronuncie en uno u otro sentido el debate político debe acabarse. El control constitucional debe ser abierto para permitir este tipo de opciones políticas

Si le parece nos centramos en la reforma laboral, otro tema clave en estos años, ¿Hay un antes y un después tras su implantación?
Es cierto ese comentario. Antes le diré que hubo otra reforma laboral muy importante en 1994; en la última etapa del gobierno socialista de Zapatero se puso en marcha otra que dio pasos importantes en esta misma línea.
La reforma laboral del 2012 es más radical y completa. Desde luego más rupturista. Después de esta reforma las cosas no serán como fueron hasta el momento.

¿Cree que empresarios y sindicatos han entendido el espíritu de la misma?
Desde esa aceptación de la reforma es obvio que a los sindicatos les ha costado más adaptarse a este nuevo marco laboral. Por otro lado a los empresarios les ha gustado mucho sin embargo a los más ambiciosos les puede haber resultado en algunos aspectos insuficiente. Algunos pretendían la libertad de despido como hace unos días insinuaba el presidente de la CEOE.
La aplicación práctica de la reforma me consta que no se está boicoteando. Se están negociando los ERES; la conflictividad laboral no es muy elevada, salvo casos aislados como el tema de la limpieza de Madrid ya resuelto.
En este contexto los tribunales están intentando aplicar la reforma que tiene problemas técnicos muy complejos, flecos y contradicciones internas. Los jueces tienden a mantener la doctrina precedente con lo cual la corrección de la doctrina judicial es más lenta que la aplicación de las leyes.

Han entendido los jueces de lo social cómo aplicar esta nueva reforma laboral…
Es evidente que ha habido algunas discrepancias sobre la misma en cuestiones como la interpretación del alcance del control judicial de los despidos en diferentes tribunales.
Esas discrepancias se irán salvando de forma progresiva desde la labor unificadora que corresponde al Tribunal Supremo. Tendrá que hacer ese papel unificador haciendo una síntesis equilibrada de todas las tendencias existentes.
La causalidad del despido se mantiene en la ley; de hecho en el propio preámbulo de dicha reforma se habla que es preferible medidas de flexibilidad interna al despido, con lo cual da alguna pauta sobre este tema de una manera racional.

Y ahora se habla de la reforma de la reforma….
Ya se están acometiendo reformas importantes este año que ha afectado a los despidos colectivos; al trabajo a tiempo parcial y que también ha impulsado el emprendimiento y autoempleo del que luego hablaremos con más profundidad.

Los dos últimos fallos del Constitucional en materia social, uno sobre control ordenadores de trabajadores y otro sobre protección de mujer embarazada no han pasado desapercibidos...
Es evidente que los cambios de personas en los Tribunales tienen que verse en determinadas sentencias aunque se intente respetar la jurisprudencia precedente. En el caso del control de los ordenadores no hay una posición definida clara, aunque ese último fallo beneficie a la empresa.
Este es un asunto que preocupa en todos los países y donde no se ve una solución clara : se trataría de ver si están protegidos los derechos fundamentales del trabajador cuando este usa los medios de la empresa.
La renovación del Tribunal Constitucional en partes lo que hace es reflejar esos cambios de puntos de vista en sus sentencias. Tienen que reflejar también los cambios de tendencia en la sociedad sobre estos temas siempre a nivel mundial. Dicho esto estoy convencido que seguirá respetando los derechos fundamentales de los trabajadores.

Y sobre el fallo de la mujer embarazada sin protección por estar en periodo de prueba…
Es cierto que a priori llama mucho la atención este asunto. No sabemos si se hubiese consultado al Tribunal de Luxemburgo lo que éste hubiera decidido. Es cierto que una mujer no puede discriminarse por estar embarazada pero estar embarazada no le da derechos adicionales más allá de los pertinentes permisos.

¿Necesita más medios y otro enfoque la jurisdicción social por la avalancha de casos que le llegan en estos meses?
La explosión de despidos fruto de la reforma laboral es algo excepcional y transitorio. Con la reforma se ha eliminado el llamado despido exprés que agilizaba esta situación. Ahora pese a que han sido numerosas las conciliaciones sigue habiendo demasiados despidos.
El desconocimiento de la jurisprudencia definitiva hace que el abogado tienda al pleito y que el empresario también lo haga. Se juega veinte días sin salarios de tramitación que no es igual que cuarenta y cinco días y esos salarios de tramitación añadidos.
Por otro lado, las reclamaciones económicas de las empresas están fomentando más reclamaciones de cantidad, con vistas a que el fondo de garantía salarial se haga cargo de ello.
Sí, son necesarios más jueces; a la vez hay que favorecer el desarrollo de mecanismos alternativos extrajudiciales, como la mediación y el arbitraje. Junto a ello hay medidas internas en las empresas que no se utilizan como en otro países como son las reclamaciones preventivas.

¿Qué hay que hacer para que la mediación laboral sea una realidad en nuestro país?
Los principios que están en la recién aprobada Ley de Mediación se pueden aplicar bien al entorno laboral. De hecho la técnica de mediación casi nació en este contexto.
El problema de la mediación en los conflictos colectivos es su desarrollo aunque se están produciendo muchas mediaciones de corte informal.
Labor de entidades como el SIMA es importante en este terreno. Son procesos que en muchas ocasiones si se gestionan bien pueden lograr que la empresa se salve.

Es evidente que en este escenario y en otros complementarios, el papel del abogado laboralista es clave ahora en nuestra sociedad…
Vivimos en un entorno con demasiados cambios normativos que no son buenos, como usted bien sabe. Se deben sobre todo a que hay error de diagnostico. Se piensa que la problemática del mercado del trabajo deriva solo de la regulación laboral. Si hay desempleo no es porque la regulación laboral lo crea; es más el sistema económico que no crea empleo.
Igual pasa con el marco laboral que parece condiciona la temporalidad; en países como Alemania ese marco es más rígido pero no hay esa temporalidad de nuestro país. Tenemos que romper la idea del trabajo de toda la vida, situación que se contempla a nivel mundial. Ahora hay muchas más modalidades de contratación.
El abogado laboralista ahora es clave. Ha sufrido una evolución; en los años sesenta eran bufetes centrados en la defensa de los trabajadores. Ahora los sindicatos han asumido sus funciones y los despachos de abogados se centran más en las empresas y sus intereses. Su papel ha sido clave en el desarrollo de la reforma laboral.

La Ministra Báñez ha anunciado una simplificación de contratos…
No es tan sencillo como parece. Habría que ver que contratos se suprimen y aquí hay empresas que demandan algunos muy concretos.
También es verdad que este tipo de cambios deben ser paulatinos. Creo que se está trabajando bien porque los cambios se están haciendo en el mismo sentido. No hay vuelta atrás como puede ver.

Sobre el emprendimiento, ¿Qué sensaciones tiene usted sobre su complementariedad con el trabajo por cuenta ajena?
Le soy sincero; hay dos palabras ambiguas, una es empleabilidad y otra emprendimiento. Hablar de empleabilidad es positivo; significa estar preparado para poder trabajar aunque el empleo tiene que existir. Ahora tenemos un problema grave de empleabilidad. En los años de crecimiento del país se ha creado empleo de baja calidad con escasa formación y temporal.
Estoy de acuerdo en que se potencien iniciativas de autoempleo; es evidente que el emprendimiento requiere medios, formación y nicho de mercado. Es bueno que el ciudadano piense que puede gestionar su proyecto empresarial. Le recuerdo que en un garaje se creó Apple hace años y ahora es una gran empresa.
De ahí que la solución a los problemas del país pase por el autoempleo, no lo creo. Crear una empresa necesita medios financieros para que tu empresa crezca. 3El emprendimiento está bien como política y ocupación pero no es muy realista pensar que vayamos a tener un millón de desempleados convertidos en empresarios. El contexto es de recesión y no hay consumo ni crédito.

Finalizamos esta entrevista, ¿Dónde está la clave para resolver los problemas de nuestra justicia?
Debemos ser todos más responsable con este tema. Sociedad, políticos y operadores jurídicos deben respetar más la justicia. Un Pacto de Estado no es siempre es útil, es un pacto entre dirigentes de partidos políticos que pueden comprometerse a reformar leyes.
Los medios de comunicación también deben comprometerse en este contexto. En otros países no es habitual ver en televisión el paseo de juez hacia su juzgado. No se debe convertir la justicia en un espectáculo ni manipular la justicia a través de determinadas informaciones. El juez nunca debe ser un actor público presionado por los medios.
Este momento que vive la justicia no lo pueden resolver únicamente los actores políticos. Hay que reconocer que la gran mayoría de jueces trabajan de forma honesta, creen en lo que hacen. No podemos quejarnos alegremente de su trabajo. Hay otros problemas en el sistema judicial más graves.

¿Debería la justicia funcionar como una empresa privada?
En absoluto. Que utilice instrumentos de gestión que emplea cualquier organización, pública o privada no sería mala idea. Pero la independencia de la justicia es sagrada. Como poder debe ser respetado. No olvidemos que es una de las columnas básicas del Estado.

¿Le gusta el modelo de CGPJ nuevo que acaban de pactar PSOE Y PP en estos días?
La justicia emana del pueblo y estos vocales son elegidos por sus representantes parlamentarios. Dicho esto creo que esa designación no debe ser política. Debe respaldar el buen funcionamiento del sistema judicial para que ese control no lo haga el Ministerio de Justicia.
La idea del nombramiento que se ha hecho por bloques que se reparten los puestos, es contrario a la idea original del propio Consejo. Hubiera sido mejor haber hecho una lista única. A la luz del público sigue habiendo un reparto de la tarta aunque no puedo dudar de la honorabilidad de los magistrados elegidos y su buen hacer. Esperamos que los nuevos vocales demuestren que este nuevo Consejo, con menos miembros permanentes, igual que el Consejo de Estado funciona mejor que el anterior.
 


 

 

 

 

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