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JUSTICIA
La Fiscalía Anticorrupción en Málaga se ha opuesto a la suspensión de la condena de cinco años y medio de prisión impuesta al letrado Fernando del Valle por el caso 'Ballena Blanca', contra el blanqueo de capitales, mientras se tramita el indulto y ha pedido que se proceda a ordenar el cumplimiento de las penas, "mediante el ingreso en prisión" del abogado. Así consta en un escrito, remitido por el ministerio público a la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga, que juzgó el caso y que la pasada semana inició la ejecución de la sentencia, instando a los cinco condenados, entre ellos Del Valle, a pagar las responsabilidades económicas, aunque también pidió al fiscal que se pronunciara sobre la suspensión solicitada por el letrado. En respuesta a dicha petición, el fiscal ha señalado en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que la mera petición del indulto "no conlleva la necesidad de suspender la ejecución de las penas privativas de libertad", ya que para ello "debe tratarse de una pena que por su escasa entidad, de ejecutarse la sentencia, haría ilusoria la finalidad del indulto". "No es este el caso. Las penas impuestas son de la suficiente duración como para que la tramitación del indulto o no produzca ese efecto pernicioso", precisa el ministerio público, quien apunta a que en lo que respecta a Del Valle, las penas impuestas "exceden del límite" que sirve al Tribunal Constitucional como criterio prioritario para adoptar la decisión. Es más, añade, si se atiende a otros criterios complementarios, "los hechos por los que se ha condenado al señor Del Valle son de indudable gravedad y tienen un gran trascendencia social, pues se le condena por blanquear dinero procedente del tráfico de drogas", aludiendo a jurisprudencia sobre la relación entre la concesión de la suspensión y el que el indulto prospere. "La gravedad de los delitos por los que ha sido condenado el señor Del Valle, la duración de las penas y su trascendencia social determinan que sea muy poco probable que el indulto interesado sea informado favorablemente en su momento, al no concurrir en el caso especiales circunstancias de justicia, de equidad o de conveniencia pública que aconsejen su concesión", considera el fiscal. Asimismo, apunta que las penas privativas de libertad "no solo tienden a la reeducación y reinserción del penado sino que cumplen con otros fines legítimos como el relativo a la evitación del delito", algo que, según pone de manifiesto la acusación pública, "quedaría desvirtuado" si se accede a la suspensión de la condena impuesta. Tras revisar el Tribunal Supremo la sentencia, Del Valle fue condenado por un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública. En este sentido, la Fiscalía recuerda que el letrado tiene otras causas pendientes por hechos similares y una de ellas fue juzgada hace unas semanas, en la que el ministerio público pide 12 años de prisión por delitos fiscales.
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