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“Desmoraliza el escaso nivel de independencia de que dan muestra los nuevos vocales del CGPJ, nombrados mediante un sistema pernicioso, cuando se avienen a nombrar como Presidente a quien los medios de comunicación sabían elegido antes incluso de iniciarse el supuesto proceso de elección.” Por su actualidad, reproducimos el comunicado que el Comité Nacional de la Asociación Francisco de Vitoria, una de las más representativas de la carrera judicial, ha hecho llegar a los medios de comunicación indicando su malestar ante la constitución del nuevo CGPJ y la elección de presidentes y locales. En el mismo se afirma que “el proceso de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial ha dado lugar un grave problema de legitimación de origen al ser fruto de oscuros pactos políticos, ocultos para el ciudadano pero de los que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que ante todo procuran garantizar una espuria sintonía entre los políticos y quienes tienen como oficio y responsabilidad ejercer control judicial sobre sus desviaciones de poder.” “Quien conozca el último comunicado de la Asociación Francisco de Vitoria, con ocasión del nombramiento de los vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial, entenderá que ni a sus asociados ni a su Comité Nacional les haya suscitado sorpresa la noticia de que su primera decisión haya sido escoger como Presidente justamente a la persona que todos los medios de comunicación, por una vez unánimes en su pronóstico, señalaban desde hace semanas al tiempo que presentaban como fruto de un acuerdo entre los dos partidos políticos mayoritarios. No por menos esperada resulta menos vergonzosa la desfachatez de la clase política española que, lejos de respetar el Estado de Derecho, insisten en prostituir el espíritu constituyente y sin ningún disimulo, se permiten el lujo de pervertir las instituciones que han de garantizar la independencia del poder judicial con irreversible daño a quienes la encarnan pero, por encima de todo, a los ciudadanos, destinatarios de la Justicia que por dicho Poder se administra. Con respeto a las personas pero con la franqueza que nos caracteriza debemos expresar nuevamente nuestra indignación y denunciar esa desleal actuación con los principios que deben inspirar el funcionamiento de las instituciones del Estado. Una vez más asistimos atónitos a una quiebra de esos principios y una burla al constituyente y con ello a la voluntad del Pueblo Español. No es el gobierno del poder judicial el de un negociado o una dirección general más. Objeto de expresa regulación constitucional su finalidad nuclear es garantizar la independencia que predica de los integrantes del poder judicial el artículo 117 de nuestra Constitución, entendida no como privilegio de quienes ejercen la jurisdicción sino como garantía esencial del ciudadano. Para hacer efectiva esa idea básica, al punto que si no está garantizada no puede afirmarse que haya una verdadera Democracia, y sabiendo de la necesidad de proteger al poder judicial de las injerencias de los otros poderes del Estado el constituyente diseñó sabiamente un sistema de autogobierno del poder judicial con el Consejo General del Poder Judicial en su cúspide y aunque permitió que el legislador ordinario regulase su funcionamiento le reservó en todo caso competencias en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario (artículo 122), las materias más sensibles. Por esa misma razón determinó que el nombramiento de su Presidente, que corresponde a S.M. El Rey, sea a propuesta del propio Consejo General del Poder Judicial (artículo 123) y de nadie más. La finalidad no es otra que garantizar que quien ha de representar al tercer poder del Estado sea elegido sin la inadecuada intervención de los otros poderes del Estado. Como ya hemos denunciado reiteradamente, y con particular crudeza en nuestro último comunicado, el proceso de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial ha dado lugar un grave problema de legitimación de origen al ser fruto de oscuros pactos políticos, ocultos para el ciudadano pero de los que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que ante todo procuran garantizar una espuria sintonía entre los políticos y quienes tienen como oficio y responsabilidad ejercer control judicial sobre sus desviaciones de poder. Es triste que la voracidad de los poderes legislativo y ejecutivo no se sacie con la perversión del sistema de designación de sus Vocales del CGPJ y que también alcance a la de su Presidente, convirtiendo su elección por los vocales, decisión de nuestro texto constitucional, en una formalidad vacía, en un paripé. De igual modo desmoraliza el escaso nivel de independencia de que dan muestra los nuevos vocales del CGPJ, nombrados mediante un sistema pernicioso, cuando se avienen a nombrar como Presidente a quien los medios de comunicación sabían elegido antes incluso de iniciarse el supuesto proceso de elección. Este Comité afirma que el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, máximo representante de uno de los tres poderes del Estado, en un Estado de Derecho que se precie de serlo debe ser elegido sin intervención de los otros poderes del Estado. Por eso lo que aquí se denuncia es tan censurable. Da comienzo un proyecto que, como integrantes de una asociación judicial, como jueces y magistrados y como simples ciudadanos de a pie, nos inspira preocupación. Pese a todo es principio y vocación irrenunciable de este Comité Nacional y de la Asociación Francisco de Vitoria mantener una actitud leal y no queremos perder la esperanza de que la defensa de la independencia del Poder Judicial presida la actuación de este nuevo Consejo General del Poder Judicial. Desde AJFV queremos mostrar nuestra mejor voluntad de colaborar en servir a ese fin y deseamos, con firme respeto, el mejor de los desempeños a nuestro nuevo órgano de gobierno, a quien pedimos que cumpla con la misión para la que fue creado.
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