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Avanza la reforma penal de Gallardón en el Parlamento pese a las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición
MADRID, 13 de DICIEMBRE de 2013 - LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez
 

Niega que venga impulsada por el fallo de la Doctrina Parot y la relaciona con el propio programa electoral del PP

Como era previsible y frente a las críticas de la oposición que argumentan que el Gobierno teje un entramado legal para acallar cualquier tipo de movilización social, la reforma penal propuesta y explicada ayer en el Congreso de los Diputados avanza en su tramitación parlamentaria. PP; UPYD y UPN la apoyaron frente a PSOE; CIU; PNV, ERC y BNG que presentaron enmiendas a la totalidad. Gallardón defendió la prisión permanente revisable, a la que tachó la propia oposición de cadena perpetua encubierta así como la libertad vigilada llegando a decir que el Código Penal es uno de los garantes de los valores democráticos de nuestra sociedad. Desde esta perspectiva negó que viniera a ser un elemento que vaya a sustituir a la defenestrada doctrina Parot aunque si confesó que pretenderá evitar en el futuro la excarcelación de etarras.

En el debate, el PSOE, la Izquierda Plural, CiU, PNV, ERC y BNG han defendido sus enmiendas de totalidad y junto a otros partidos, como Coalición Canaria o Amaiur, han denunciado la política de los ministros de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y de Interior, Jorge Fernández Díaz, a los que algún portavoz ha tachado de "peligro" para las libertades.
En su intervención, Gallardón recordó que el espíritu de esta reforma es “ no propone un endurecimiento general de las penas, sino un enfoque equitativo que brinda una segunda oportunidad a quien de modo ocasional ha causado un daño que no tiene sin embargo consecuencias irreparables, mientras será más severo con el reincidente o el que cometa delitos graves”. De hecho parece desde su punto de vista que los tribunales tendrán ahora una herramienta más flexible de suspensión de la pena. “Ese es el motivo de introducir una nueva figura de libertad condicional para aquellos que entran por vez primera en la cárcel”, subrayó
Respecto a la prisión permanente revisable, reservada a terroristas y graves criminales, ensalzó su carácter constitucional y democrático: Sobre el primer término se apoyo en los informes positivos del Consejo Fiscal, Consejo de Estado y del CGPJ y para hablar del concepto democrático aludió a que “Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Austria, Suiza o Dinamarca no son países democráticos, porque aplican figuras equivalentes a la prisión permanente revisable y lo hacen además para un número mayor de delitos”. Sobre su perfil inhumano, recordó que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos la ve conforme al articulo 3 de la propia Convención que prohíbe las penas inhumanas.
También comentó que la prisión permanente revisable no renuncia a la reinserción del penado: una vez cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias y podrá revisar su situación personal. Es lo que se llama procedimiento judicial continuado: “Quiero recordar que una revisión judicial periódica de esa situación personal no existe en la actualidad ni para las penas máximas de veinticinco, treinta o cuarenta años de prisión, ni para las acumulaciones de condena que pueden llegar a fijar límites incluso superiores”, indicó.
Sobre la libertad vigilada comentó que es una figura que ahora se amplia su ámbito de influencia, recordando que fue introducida en el Código Penal, por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, para los delincuentes sexuales peligrosos por el PSOE. Gallardón recordó que tiene una duración específica “ mínima de tres años y máxima de cinco. Además, la posibilidad de prórroga de esta medida se circunscribe a determinados supuestos –delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores, y al riesgo de comisión de nuevos delitos.”. En este asunto el papel del Juez de Vigilancia Penitenciaria cobra más importancia porque se encargará de comprobar el grado de reinserción del penado.
Gallardón dejó claro que el Código Penal es parte de la sociedad y es una de las herramientas que ésta tiene para hacer respetar sus valores democráticos, frente a las críticas de la oposición que lo ven como un elemento represor de muchas conductas. Sobre esta reforma dejó claro que no es improvisada ni tiene falta de rigor: era un compromiso del PP con sus electores “Ya en la reforma que con carácter insuficiente promovió el Gobierno socialista en 2010 defendimos la necesidad de un nuevo Código Penal más coherente y eficaz, que incluyera la prisión permanente revisable.”, comentó.

Otros cambios importantes en esta reforma
Esta nueva reforma penal, además de la prisión permanente revisable y la libertad vigilada contempla otros cambios de interés.
La reforma aumenta de 13 a 16 años la edad de consentimiento sexual, incluye nuevas penas por la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima o por actos reiterados de acecho u hostigamiento mediante llamadas telefónicas o seguimientos continuos.
También tipifica como delito el matrimonio forzado y la inutilización de los dispositivos electrónicos utilizados en el control del cumplimiento de la pena o aumenta el reproche para la comisión de incendios graves, sobre todo si afectan a zonas protegidas.
La reforma de Gallardón se ha fijado de forma notable en la lucha contra la piratería al contemplar una pena de hasta seis años de prisión para las conductas más graves cometidas por los responsables de webs de enlaces, que hasta ahora no eran castigadas.
Otra medida que se impulsas es la posibilidad de sancionar con un año de cárcel o multa al representante legal o administrador de un partido político que no adopte medidas de vigilancia o control para evitar la comisión de delitos. En principio la pena seria de tres meses a un año de prisión o multa de doce a 24 meses e inhabilitación especial desde seis a dos años para el representante legal o administrador de "hecho o de derecho" de "cualquier" persona jurídica, empresa o entidad que no actúe con la diligencia debida.
 


 

 

 

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