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Derechos económicos y fondos de inversión en fútbol: Ideas Básicas
MADRID, 13 de ENERO de 2014 - Lawyerpress

Por María Teresa Nadal, Abogado especialista en Derecho Deportivo, (nf sports law, Madrid) y Árbitro del TEAD

María Teresa Nadal: Abogado especialista en Derecho Deportivo, (nf sports law, Madrid) y Árbitro del TEADEn los últimos años, pocos temas están resultando tan controvertidos como la irrupción en el mundo del fútbol de los Fondos de Inversión (F.I. )- aunque, a grandes rasgos, no llevan a cabo actividades muy distintas de las que sociedades y personas físicas llevan desarrollando desde hace décadas en Sudamérica-, provocando un claro posicionamiento de las instituciones relacionadas con este deporte, que van desde una posición absolutamente contraria, - a mi entender radical, y por qué no, poco fundada - de UEFA, apoyada por FIFA, a la más tolerante de la LNFP española.
Igualmente, los abogados que nos dedicamos a derecho deportivo, y ante la creciente preocupación de los distintos agentes implicados, hemos intentado dar respuesta a los interrogantes que nos planteaban jugadores, clubes, representantes… ¿Qué son los F.I.?, ¿Con qué activos comercian?, ¿Es posible (o aceptable) su presencia en el ámbito del fútbol?.
En mi opinión la cuestión que se debe abordar en primer lugar es la referente al objeto de los fondos. Solo partiendo de esta base podremos analizar adecuadamente la presencia de estos nuevos agentes de inversión en el mundo del fútbol.
Comenzamos por tanto refiriéndonos a dos conceptos absolutamente básicos en el derecho deportivo, y más concretamente aquél centrado en el fútbol, (que para bien, o para mal, es hoy en día el mayoritario): Los derechos federativos y los llamados derechos económicos (o como los denomina parte de la doctrina: derechos económicos derivados de los derechos federativos). No existe un consenso a la hora de dar una definición de ambos, por ello y dado lo reducido del espacio, nos centraremos en las definiciones más aceptadas por la doctrina y la jurisprudencia.
Así, podemos definir los derechos federativos como, el derecho de una entidad deportiva a inscribir a un deportista en una determinada competición oficial para que participe en nombre y representación de dicha entidad.
Para que esta inscripción sea válida es necesaria la concurrencia de la voluntad del deportista, de tal manera que el ejercicio de los derechos federativos por parte de la entidad deportiva en cuestión (que en España puede adoptar la formad e club o S.A.D.), necesita irremediablemente de su consentimiento. Los derechos federativos sólo pueden ser propiedad de clubes o SAD, no son divisibles y para su efectividad, deben ser inscritos en el correspondiente registro.
Evidentemente estos derechos federativos, entendidos como el derecho a inscribir a un deportista en una determinada competición pueden tener un contenido patrimonial, como bien queda demostrado con las cifras que podemos oír en los medios de comunicación cada vez que se produce una transferencia de estos derechos federativos de un club a otro y que culmina con la contratación del jugador por el club de destino.
Los derechos económicos, en su acepción más básica pueden ser definidos como un derecho de un tercero para hacerse acreedor de un porcentaje sobre estas transferencias futuras de derechos federativos.
Los derechos económicos pueden ser propiedad no sólo de entidades deportivas sino también de otras personas jurídicas e incluso físicas, y además son divisibles pudiendo repartirse su titularidad entre varios propietarios. Finalmente, estos derechos económicos no son de inscripción obligatoria, y sólo algunas entidades han habilitado registros especiales (por ejemplo la LNFP).
La Partiendo por tanto de la diferenciación jurídica y conceptual entre unos derechos y otros, nada obsta a que clubes o S.A.D. actuando amparados por el artículo 1271 del Código Civil, cedan de manera parcial los derechos económicos de los futbolistas que se encuentran inscritos a su nombre en competiciones. La comerciabilidad de tales derechos ha sido reconocida por la Jurisprudencia del TS (entre otras la STS de 3-02-2010, que cita las STS de la AN (Sala de lo Contencioso) de 6-06-07 y 11-11-09) y en laudos de CAS.
Pues bien, los F.I. (regulados en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva y el Reglamento que desarrolla esta ley (RD 1309/2005)) han encontrado muchas posibilidades de negocio en el mercado de los derechos económicos y los diversos negocios que pueden realizarse con estos derechos, buscando obtener importantes beneficios. A ello se ha unido las dificultades de financiación que muchos clubes padecen y que provocan que el recurso a la intervención de los F.I. sea el único que tienen para lograr contratar deportistas que permitan construir un equipo competitivo.
Su actuación principal supone “apostar” por un activo (que no es otro que el valor económico de los derechos federativos de un jugador), con la intención de que se revalorice y repercuta en beneficios para el fondo.
Las Inversiones de los FI pueden adoptar dos estrategias principales:
1. Adquisición de los derechos económicos de jóvenes promesas.
2. Financiación de fichajes mediante la adquisición de porcentajes.
En ambos casos estaríamos hablando de
– Operación de riesgo.
– Negocios jurídicos atípicos (pero perfectamente válidos conforme al CC Español y la Jurisprudencia Española).
– Contratos que suponen la adquisición de los derechos económicos para su posterior venta/ cesión temporal a clubes o SAD.
Las posiciones sobre la aparición de estos Fondos de Inversión son encontradas; Así UEFA ha mostrado una beligerante oposición a los mismos (como muestra las, a mi juicio, poco afortunadas declaraciones de G. Infantino en la publicación oficial de UEFA en marzo del pasado año en el que incluso hablaba de “dilema ético y morar”), tesis que está siendo defendida por FIFA (que se limitó en su momento a incluir en el Reglamento de Estatuto y transferencia de Jugadores un muy poco claro artículo 18 bis), y , aquí en España, AFE.
En el otro lado la LNFP, acepta que se trata de un fenómeno imparable y aboga por una regulación de los mismos.
Quizá esta última sea, en mi opinión la opción correcta, una adecuada regulación es la única manera de proteger todos los intereses en conflicto y evitar que se pudieran producir abusos sobre los que parecen ser los más débiles en estas operaciones: Los jugadores.

 

 

 

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