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Concreción sobre la cadena perpetua revisable

MADRID, 25 de FEBRERO de 2014
 

En esta publicación de fecha 10 de enero del pasado año ya me hice eco de la reforma que se avecinaba sobre la cuestionada prisión permanente revisable. Con posterioridad el debate se ha abierto con posiciones muy distantes entre si y aprovecho para concretar sobre el tema de la razón de ser, desde antiguo de la llamada cadena perpetua.
Desde hace tiempo se viene anunciando la introducción en el Código penal de una pena privativa de libertad muy severa para delitos sumamente graves. Ese estado de opinión se ha ido acrecentando popularmente con la aparición de delitos, a mi juicio, gravísimos, y que han prendido, seria y fuertemente, en la ciudadanía española. Tal es el caso de aquellos supuestos de crímenes crueles en niños acompañados de situaciones sexuales más que reprobables. Han existido casos, que están en la conciencia de todos, en los que la sociedad española ha reaccionado con abundantes manifestaciones, por demás habituales, y protestas multitudinarias, con presentación de cientos de miles de firmas pidiendo un cambio de actitud, agravatoria de las penas privativas de libertad. La opinión pública, por tanto, sin necesidad de entrar en los casos concretos, se encuentra muy sensibilizada.
Si a lo anterior se le une el descalabro que ha supuesto para el rigor penal la nulidad de la mal llamada doctrina Parot, por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la sensibilidad de la ciudadanía se ha multiplicado. El ciudadano español difícilmente puede comprender que tanto las Audiencias, como incluso el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional se hayan podido equivocar de plano, quebrantando un ininteligible para él, juego lógico de hermenéuticas jurídico-penales que, en inexorable contradicción con el principio de legalidad, estaba claro que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo no iba, como ya se anunció, a transigir con esa cuestión, en principio, polémica pero bastante clara. Así las cosas, el ciudadano medio ha contemplado como terroristas condenados a centenares de años salían sonrientes de las prisiones y asesinos violadores en serie, más o menos lo mismo.
Con todo lo anterior, el principio de la “prevención general” de la pena ha quedado prácticamente destrozado. Con ello, se ha roto también la imagen que se pretendió crear con el denominado Derecho penal simbólico, y también con el Derecho penal del enemigo, como se ha venido propiciando por sectores muy reducidos de la doctrina española, con escaso calaje por lo demás.
Con el advenimiento en 1976 del régimen democrático en España y la derogación, sumamente simplista, de la pena de muerte, la verdad es que, a pesar de su nula utilidad y justicia, desempeñaba una cierta función de prevención general, que con su desaparición, también se esfumó del mapa de las amenazas penales y no fue sustituida por una pena grave, o si se quiere, muy grave que cumpliera parejo papel, al modo como lo fue en otros países europeos como Alemania, Francia, Italia etc. Quizás fue el momento el de esa desaparición, cuando debió instaurarse la cadena perpetua, como una especie de sustitutoria alternativa a la pena de muerte. Los inefables gobiernos a la sazón ni se lo plantearon, como tampoco lo hizo con la legalización de la doctrina Parot que habría evitado el fracaso que ésta última ha supuesto. Con posterioridad, se han perdido también otras ocasiones, más sensatas y oportunas, para la implantación de la ahora llamada prisión permanente revisable, que no es mas que la tradicional “cadena perpetua” que puede dejar de ser perpetua tras largos años de privación de libertad.
La Exposición de Motivos que, por el momento, lleva el proyecto indica expresamente que sería de aplicación “para supuestos de excepcional gravedad” y precisa a continuación que “de ningún modo renuncia a la reinserción del penado”. La verdad es que resulta difícil concluir que después de un cumplimiento de condena de 25 - 30 años alguien se reinserte en la sociedad. Difícil en la realidad y difícil teóricamente. Se trata, a mi juicio, de una escasamente habilidosa posición que, en cierto modo, se adelanta a la cuestión sobre su constitucionalidad, pues ya se clama por doquier que dicha “cadena perpetua” es dudosamente compatible con el artículo 25.2 de la Constitución Española.
Llegado este momento debo precisar que prefiero utilizar la clásica expresión de “cadena perpetua”, que refleja la básica finalidad de prevención general de dicho instituto que no la de “prisión perpetua”. La sociedad española está habituada a la primera denominación que parece más sincera y que refleja mejor la finalidad a la que se refiere. De otra parte, la redacción del artículo 25.2 de la Constitución no es tan tajante como se pretende. Dice: “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la readaptación social del delincuente”. Este pasaje del texto constitucional no significa, de ninguna forma, que la esencia de la pena privativa de libertad sea la readaptación social del delincuente. Una cosa es la esencia de la pena y otra muy distinta su orientación o su finalidad, que ahora se confunden, para mantener posiciones negativas. Son cuestiones diferentes. No es ningún obstáculo la vigencia del artículo 25.2 de la Constitución con la cadena perpetua revisable. La exagerada virtualidad que se le concede a una mera “orientación”, sólo tiene explicación desde un punto de vista cerradamente negativo para la cadena perpetua. Pero, si es así, pues que se diga y no se utilice el subterfugio constitucional. Y entonces nos entenderemos todos.


Manuel Cobo del Rosal, Catedrático de Derecho Penal y Abogado.

 


 

 

 
 
 
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