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La nueva concepción del delito de usurpación

MADRID, 18 de FEBRERO de 2014
 

El nuevo Código penal en el capítulo V del título XIII recoge el delito llamado de usurpación. La usurpación ahora va a ser variada. Existirá una ocupación o usurpación de bienes, mediante violencia, ya sean bienes inmuebles o derechos reales de naturaleza inmobiliaria. Así mismo existe también una ocupación pacífica de bienes inmuebles que no constituyan morada, distinguiéndose de esa suerte del tradicional y clásico delito contra la inviolabilidad domiciliaria, como siempre fue el delito de allanamiento de morada que ha pervivido, prácticamente desde siempre, en nuestro ordenamiento penal, con ligera e inteligente modificación legal en el sentido de incriminar también no sólo la penetración en morada ajena sin permiso del morador, sino la permanencia en la misma en contra de la voluntad de este último. A mi entender, esa modificación estuvo muy bien concebida y era rigurosa y absolutamente necesaria.
Otra modalidad consiste en la alteración de los términos o lindes no sólo de pueblos sino también de heredades o previos contiguos, según se expresa el vigente artículo 246.
Finalmente se lleva a cabo la regulación penal recogiendo la distracción del curso de las aguas en propio provecho o de un tercero, en el artículo 247.
El bien jurídico protegido por estos delitos referidos a los bienes inmuebles o derechos reales, no es otro, como resulta claro, que el disfrute tranquilo y pacífico de la posesión de esos derechos reales de los que un sujeto activo, ajeno a la usurpación, (ocupación) sea el titular.
Más recientemente, la Ley orgánica 5 del año 2010 ha agravado la pena de la ocupación de la cosa inmueble, que de multa de seis a dieciocho meses, ha sido elevada a la pena de prisión de uno a dos años. La razón de dicha agravación se nos aparece como evidente y no es otra sino la alarma social producida por la frecuente ocupación de inmuebles ajenos. Esto último ha dado lugar a la aparición, con un serio y peligroso perfil criminológico, de los denominados, en el lenguaje vulgar, “okupas”, que no sólo se limitan a permanecer en el inmueble sino que, en bastantes ocasiones, llevan a cabo actividades sumamente dañosas para los propietarios pues están revelando, incluso, un modus vivendi gregario y hasta con resonancia tribales, si bien es muy variopinta la figura y comportamientos de dichas personas.
No cabe la menor duda, que la proliferación de este fenómeno no ha venido solo, ni por simple casualidad, sobre todo y muy intensificado en la llamada “época de crisis económica”, que se va transformando, a su vez, en crisis financiera, social y hasta política. La denominada “burbuja inmobiliaria” hizo explosión hiriendo a muchos sectores y patrimonios y llevando hasta cotas de muy difícil alcance no sólo el derecho constitucional a una vivienda digna, sino también el derecho inexorable a un empleo y a su vez este genera las carencias y desigualdades consiguientes.
La verdad es que el Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales, han hecho bastante poco por resolver tan dramático problema y se ha visto obligado, una vez más, a utilizar la última ratio como es y debiera ser siempre el Código penal, que se limita a intensificar la represión y poco más.
Las modalidades delictivas serían, en primer lugar, la ocupación violenta de inmuebles y usurpación de derechos reales. En segundo lugar la ocupación pacífica de los inmuebles y por último la denominada alteración de los términos de pueblos o heredades.
Ya en anterior artículo me ocupé, sucintamente, de los llamados “ocupas rurales”. Figura delictiva que ha traído algunas complicaciones e incidencias por su errónea compresión jurídica, a pesar de que la cuestión está sumamente clara, como, salvando las distancias, sucedió en su día con el ya citado delito de allanamiento de morada que, en la actualidad, parece ser está admitido, sin la menor duda por toda la doctrina jurisprudencial y científica española, sin reservas de clase alguna.
La figura de la usurpación se creo por el Código penal no sin vencer una serie de discusiones que la presentaban como algo indeseable. Como expresión de esas disconformidades doctrinarias también la jurisprudencia se ha visto, hasta cierto punto, obligada y bastante renuente a la aplicación de estas modalidades delictivas, lo que se me presenta, por parte de ella, como algo inexplicable. La jurisprudencia no está para discutir cuestiones doctrinarias, ni mucho menos, sino simplemente para aplicar la Ley, y nada más, y ya tiene bastante. Lo demás está reservado para la libre interpretación de la doctrina técnico jurídica, o si se quiera hasta científica. Pero hasta ahí puede llegar el debate. La justicia penal empieza y acaba en la aplicación de la Ley penal y no es admisible otra posición que daría al traste con el mismo concepto y vigencia del Estado de Derecho.


Manuel Cobo del Rosal, Catedrático de Derecho Penal y Abogado.

 


 

 

 
 
 
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