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Informe sobre coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en defensa de la competencia durante 2013 El 95% de los expedientes sometidos al mecanismo de asignación se resuelve en favor de la respectiva Comunidad Autónoma. Esta es la principal conclusión del Informe sobre coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en defensa de la competencia durante 2013. La mitad de los casos corresponde a actividades asociativas, colegiales y sindicales. El informe pone de manifiesto que del total de expedientes sometidos al mecanismo de asignación (105) sigue predominando, como en años anteriores, el número de los asignados a la respectiva Comunidad Autónoma (95), frente a los asignados (5) a la CNMC, lo que representa en torno al 95%. El elevado número de casos presentados en las Comunidades Autónomas (59), mayor que los presentados en la CNMC (47), se puede considerar como el resultado de un mayor conocimiento y cultura de la competencia y por tanto de sus autoridades. Al margen de los expedientes sometidos a asignación se encuentran las denominadas colaboraciones no regladas. Se trata de hechos sobre los que una autoridad tiene conocimiento y los traslada a la instancia que considera competente para que, si lo estima oportuno, inicie de oficio las diligencias correspondientes. Durante 2013 se realizaron 57 colaboraciones de este tipo, frente a las 42 de 2012. De ellas, 55 han sido remitidas por la CNMC a la autoridad autonómica correspondiente. Por lo que respecta al contenido de los expedientes asignados en el año 2013, es significativo que el mayor número de casos (50%) sigue correspondiendo al sector de organizaciones profesionales (asociaciones, colegios, sindicatos…). Por otro lado, desde 2008 es habitual la colaboración entre autoridades en materia de inspecciones, que se traduce en una asistencia mutua entre la CNMC y los órganos de instrucción de las CCAA, a solicitud de cualquiera de las autoridades, estatal o autonómica. En 2013, la CNMC ha solicitado en el marco de 5 expedientes la colaboración de la autoridad autonómica correspondiente al lugar donde se iba a realizar la inspección. Además, durante 2013 la CNMC ha organizado la 6ª edición del curso de inspección, dirigido al personal de los órganos de instrucción de las autoridades autonómicas de competencia. Dicho curso tiene como objetivo ofrecer a los inspectores de las autoridades autonómicas formación relativa a la preparación y desarrollo de las inspecciones, transmitir la experiencia adquirida y contribuir en lo posible al establecimiento de procedimientos y criterios comunes. Reproducción permitida solo si se cita la fuente. La actividad de defensa de la competencia se ejerce de forma coordinada entre las comunidades autónomas y el Estado. La Ley 1/2002 establece el marco jurídico para el desarrollo de las competencias ejecutivas y establece un mecanismo de asignación, según el cual, las CCAA, notifican a la Dirección de Competencia de la CNMC todas las denuncias recibidas así como aquellas conductas detectadas de oficio respecto de las que existan indicios racionales de infracción. En paralelo, la Dirección de Competencia de la CNMC, notifica a los órganos autonómicos correspondientes copia de todas las denuncias recibidas y de las actuaciones practicadas de oficio respecto de las que existan indicios racionales de infracción que afecten al territorio de la Comunidad Autónoma en cuestión. En la actualidad ocho CCAA (Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, País Vasco, Extremadura y Valencia) cuentan con un órgano de instrucción y resolución en materia de competencia; otras tres (Murcia, Canarias y Madrid) cuentan con órgano de instrucción (resuelve el consejo de la CNMC); mientras que para el resto instruye y resuelve la CNMC, de acuerdo con los distintos convenios suscritos desde 2010. Esta cooperación está dirigida a garantizar una aplicación coherente y uniforme de la normativa de competencia en todo el territorio nacional, ya que es un elemento indispensable para garantizar la unidad de mercado y la igualdad de las condiciones de ejercicio de la actividad económica, y redunda en una mejora de la eficacia y seguridad jurídica de los operadores. Además, la CNMC trabaja de forma coordinada con las autoridades comunitarias y con otras instituciones en el ámbito internacional.
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