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Francisco Javier Lara, presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del CGAE:
“La reforma que plantea el Gobierno no ayuda a mejorar este servicio para ciudadanos sin recursos”
MADRID, 06 de MARZO de 2014 - LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez
 

Francisco Javier Lara, decano electo del Colegio de Málaga y presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del CGAE“La calidad del servicio de Justicia Gratuita en nuestro país es uno de los mejores de Europa, sin embargo la reducción de las inversiones de las diferentes administraciones, unido a las cargas que sufrimos los Colegios puede hacer inviable su continuidad”, este es uno de los comentarios de Francisco Javier Lara, decano electo del Colegio de Málaga y presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del CGAE. A lo largo de esta entrevista analizamos al detalle el proyecto de Ley que plantea el Ejecutivo sobre este servicio público. Muchos claros y oscuros en su desarrollo que obligan a pensar en la necesidad de un nuevo planteamiento: ”La pugna de Justicia con Economía no beneficia al turno de oficio como servicio. Hay cosas que no se pueden cuantificar a nivel económico. Y la justicia gratuita es una de ellas, en realidad. Es un servicio que se presta a ciudadanos con escasos recursos y hay que facilitar la relación con su propio abogado,”, señala. Pese a ello hay una línea de diálogo abierta entre la abogacía y el Ejecutivo de un servicio público prestado por 36.000 abogados en todo el país los 365 días del año.

En primera persona
“Desde el año 2004 estoy vinculado a la justicia gratuita y tengo que reconocer que los problemas se han cronificado y agravado en estos diez años. Ni siquiera asumir el decanato de Málaga me ha privado de seguir con mis guardias y atendiendo a estas personas.
La justicia gratuita pese a ser un servicio público que presta los abogados no ha tenido el respaldo económico que merece de las administraciones públicas, máxime cuando hay más perceptores del servicio por la actual crisis que vivimos.
Cada vez hay más expedientes que se gestionan de la llamada justicia gratuita pero los medios en lugar de adecuarse a esta situación, merman de forma notable. La propuesta de reforma del Gobierno impone más cargas a los Colegios y a los propios abogados pero reduce las inversiones a esta actividad.
A día de hoy hay 36.000 abogados en toda España que atienden el llamado turno de oficio, esto supone poder contar con estos profesionales los 365 días del año las 24 horas del día en cualquier punto del país, sea un juzgado de guardia o un centro de detención.
Pese a lo que se pueda pensar, es inviable vivir del turno de oficio. Puede ser una ayuda económica para los despachos pero no son los ingresos suficientes para vivir de este servicio. De hecho en muchos momentos los abogados no sabemos cuándo nos van a pagar lo que hacemos.
Soy presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del CGAE desde hace un año, con anterioridad había sido Diputado del Turno de oficio en el Colegio de Málaga. Nuestra institución fue la primera que realizó un homenaje a estos abogados.
Nuestros retos son la dignificación de la actividad del abogado de oficio, que cobre en un tiempo razonable. En Andalucía se lleva un año de retraso en los pagos, junto con Comunidad Valenciana son las que acumulan más demoras.
De la Comisión depende el Observatorio de Justicia Gratuita que organizamos con la Editorial La Ley, en esta ocasión el próximo 20 de mayo presentaremos la situación del servicio en toda España.”

Sr Lara, empezamos por la actualidad, ¿Les ha sorprendido el expediente abierto por la CNMC al Colegio de Guadalajara por prácticas anticompetitivas?
Este es un problema que tiene ya otros antecedentes. Se inició en Málaga cuando un letrado granadino quiso darse de lata en nuestro turno de oficio. Amparados en la Orden Ministerial de 3-11-97 le dijimos que no, era necesario que tuviera su despacho principal abierto en ese partido judicial.
Curiosamente frente al dictamen de Justicia que ampara esta Orden, Competencia rechaza la misma y aboga porque cualquier abogado pueda estar dado de alta en cualquier partido judicial o en todos los que quiera.
Nosotros hemos recurrido es propuesta de resolución de sanción que hay al Colegio por importe de 300.000 euros, sin embargo no hemos podido evitar que se abran otros expedientes en otros colegios.

¿Y como está la situación en estos momentos a nivel jurídico?
Nosotros planteamos en la reforma del Gobierno sobre Justicia gratuita la inclusión del artículo 25.2 que regulaba la necesidad de tener el despacho abierto en el partido judicial correspondiente.
El propio Consejo de Estado informó favorablemente de esta aportación nuestra, sin embargo tras conocer el nuevo texto del proyecto de Ley por la reunión última del Consejo de Ministros, se anuló dicho artículo a instancias del Ministerio de Economía y Competitividad por atentar a la competencia.
Con la situación actual no resulta práctico que un abogado de Santander esté dado de alta en el turno de oficio de Málaga. Es imposible que pueda dar un servicio de calidad debida.
Tampoco se entiende que en la nueva normativa se fije un espacio de tiempo de tres horas para asistir al detenido, con estas distancias, el servicio no es viable.

Desde fuera da la sensación que quien marca la pauta en Justicia Gratuita no es el Ministerio de Justicia, sino Economía.
Hay una relación fluida con Justicia que nos da la razón en muchos de los asuntos que planteamos, también ven disparatado que se haya suprimido el citado artículo 25.2 que hablaba de la territorialidad como exigencia.
La pugna de Justicia con Economía no beneficia al turno de oficio como servicio. Hay cosas que no se pueden cuantificar a nivel económico.
Y la justicia gratuita es una de ellas, en realidad. Es un servicio que se presta a ciudadanos con escasos recursos y hay que facilitar la relación con su propio abogado.

¿A quién beneficia esta nueva propuesta de la Justicia Gratuita, realmente?
Es complicado contestar a esta pregunta. Si uno reflexiona con calma se da cuenta que los grandes despachos sí pueden tener una red y dar servicio en todo el territorio nacional. Ellos si dispondrían de la infraestructura y los abogados adecuados.

La actual Ley de Justicia gratuita tiene 18 años de vida, pero un cambio así parece que es regresivo y poco útil…
No esperábamos este cambio hacia atrás, sobre todo cuando la nueva reforma abre el servicio a otros colectivos pese a que la potestad lo dice el artículo 24.2 de la Constitución quedaba en manos de los abogados.
Pese a ello, el proyecto de Ley aprobado en Consejo de Ministros abre la puerta a los graduados sociales, reflejado en el artículo 6, cuando no tienen la formación jurídica para atender al ciudadano en estas cuestiones.

La nueva reforma que plantean desde Justicia incrementa la burocratización generando costes innecesarios…
Los colegios tendremos que llevar diferentes registros mientras vemos reducida la aportación de la Administración a los propios colegios para atender esos gastos.
Al final esta situación lo que genera es que las propias instituciones colegiales usen sus propios recursos para poder mantener este servicio.
Si a este escenario hay que añadir que la futura Ley de Servicios Profesionales quiere limitar el importe de las cuotas cobradas a los colegiados, la situación es bastante compleja.

¿Qué dinero destina la Administración al turno de oficio aproximadamente?
La cantidad depende de cada Comunidad Autónoma. En algunas de ellas se paga un tanto alzado por expediente tramitado, otras pagan un porcentaje sobre la facturación de los abogados y el importe es diferente al final.
Nuestra Comisión de Justicia Gratuita está haciendo un estudio general sobre este mismo asunto al que usted se refiere.

¿Encajaría un modelo de agencia centralizadora de todos los pagos para dinamizar el turno de oficio?
Habría que estudiarlo con calma. Lo que sí puedo decirle es que la parte del territorio que no están transferidas las competencias de Justicia son los lugares del país que van más al día en los pagos.
Como antes le comenté, Andalucía y Valencia son los que más retrasos llevan en esta materia en concreto.

Desde fuera también se observa que las exigencias para reclamar el servicio de justicia gratuita no son las mismas en función del lugar en el que estés.
Hay que darse cuenta que la Ley es la misma aunque luego cada Comunidad Autónoma la adapta de una forma. Cada una invierte lo que cree conveniente en el servicio.
Las que tienen competencias delegadas lo organizan a su manera, tienen sus propios baremos o umbrales de acceso. En el estudio que estamos realizando queremos clarificar la situación sobre este tema en toda su dimensión.

Otra crítica desde el CGAE a la propuesta del Gobierno es que no respeta el trabajo de los abogados ni de los propios Colegios.
Nos preocupa el intervencionismo del Gobierno en este y otros temas relacionados con la justicia. Así pasa también en su propuesta sobre Ley de Servicios Profesionales en cuestión como el cobro de cuotas y otros servicios.
También queda abierta la puerta a que una Junta de Gobierno pueda ser intervenida por parte de la Administración para nombrar otra sustituta. Con tantas cargas y escasos recursos es complicado que los Colegios Profesionales puedan subsistir.

Sorprende que el proyecto de Ley del que hablamos cuestione usar más de tres veces el servicio de Justicia Gratuita.
Puedes verte en la situación que tienes un accidente de coche, te divorcias y te roban por el hecho de solicitar tres veces justicia gratuita ya para el legislador eres sospechoso de abusar del propio sistema.
Es posible que haya algún caso donde el justiciable comete un abuso, sucede en todos los órdenes de la vida, pero no por ello hay que pensar que todo el mundo puede estar en vías de cometer ese fraude que dice la futura Ley.
Sin embargo es un contrasentido que se tenga celo en el uso y que en otro artículo de la ley se amplíe la Justicia Gratuita a colectivos, que independientemente de su capacidad económica, pueden acceder a la misma.

¿Cómo se va a financiar la Justicia Gratuita sabiendo que el dinero de las tasas de Gallardón no era para estos fines?
Eso es lo que nos preguntamos en el CGAE. Este es un modelo que crece en solicitantes pero que cada vez tiene menos medios.
Hay baremos de los honorarios de los abogados que se ha reducido en un 40 por ciento. Los gastos en infraestructuras de los Colegios que abonaban las Administraciones se han reducido en un 50 por cien.
Toda esta situación nos hace pensar a que a lo mejor el legislador quiere que la justicia deje de ser un servicio público y se dirija a los despachos grandes que con una subvención anual se encarguen del servicio.

Entonces el cobro de los honorarios de los abogados, ¿quién los garantiza?
En este Proyecto de Ley no se dice nada al respecto salvo en la Exposición de Motivos. Luego en el articulado se habla de garantizar los cinco primeros días de asistencia al detenido, lo que tiene que ver con el juicio rápido.
Todo lo demás está en el aire. Pese a que se diga que es uno de los mejores sistemas de Justicia Gratuita los abogados no sabemos cuándo cobraremos.

Y menos mal que el CGAE impulsó el expediente electrónico para ayudar la gestión de la justicia gratuita.
Iniciativas de este tipo dejan claro cuál es nuestro compromiso con el ciudadano. Somos el único colectivo que ha desarrollado una aplicación de este tipo. Pese al esfuerzo económico que supone, lo hemos afrontado con espíritu de servicio sin ninguna ayuda o apoyo de la Administración.

¿Cómo se vislumbra el futuro del servicio en este contexto de reformas sin consensuar y problemas sin solventar?
No se entiende que el interlocutor de este asunto sea el Ministerio de Economía y Competititivad , parece que la crisis ya está amainando y no se puede medir todo en criterios economicistas.
Este es un servicio público que debe regularse a través de los Presupuestos Generales del Estado, fuera de tasas o de cualquier otra iniciativa extraña.
El futuro es negro. Aunque Justicia nos da la razón en muchas cosas nos encontramos de frente con Economía.

¿Puede peligrar la Justicia Gratuita como servicio en el futuro?
Sí, desde luego. Hay que darse cuenta que el nuevo proyecto de ley limita la justicia gratuita a la primera instancia, no a la totalidad del procedimiento como hasta ahora se ha hecho.
Se tendría que volver en la apelación a solicitar la propia Justicia Gratuita, en el orden penal puede vulnerar la tutela judicial efectiva.

Caso de no encontrar un consenso en el futuro con el Gobierno en esta Ley, ¿está abierta la puerta a una cuestión de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional?
Entiendo que sí, porque hay vulneración de derechos fundamentales, en cuestiones como la penal o extranjería antes mencionados, al tener que ratificar esa Justicia Gratuita en segunda instancia.
Veremos que sucede en los próximos meses. No sería la primera vez que acudimos a esta vía con el actual legislador.
 

 

 

 

 

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