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Nota de urgencia sobre los Derechos Humanos en Ucrania
MADRID, 12 de MARZO de 2014 - LAWYERPRESS

Por Ricardo Ruiz de la Serna Abogado Profesor de Derecho (Universidad CEU-San Pablo)

 Ricardo Ruiz de la Serna Abogado Profesor de Derecho (Universidad CEU-San Pablo)La situación de Ucrania es un desafío en materia de derechos humanos. Todo urge, pero a la vez no hay tiempo para nada. Desde que comenzaron las protestas en la plaza de Maidan, la represión contra los manifestantes y la creciente violencia de los partidarios y los detractores de Yanukovich hicieron saltar las alarmas en las principales oficinas de derechos humanos de Europa. Las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, denegación de cuidados médicos, secuestros, desapariciones, uso desproporcionado de la fuerza, pillaje y homicidios motivaron cartas y denuncias de organizaciones de derechos humanos. Human Rights Watch ha escrito al Presidente de turno de la OSCE, el suizo Didier Burkhalten, para que la organización internacional envíe una misión para investigar las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de unos y otros.
El Consejo de Europa –del que forma parte Ucrania- se ha pronunciado a favor de la integridad territorial del país pero no consta que haya abierto ninguna investigación, por el momento, por los sucesos de los últimos meses. Habrá que esperar al resultado de los procedimientos penales que se están siguiendo en Ucrania contra los antiguos responsables del Gobierno de Yanukovich en diversos niveles (responsables policiales, funcionarios civiles, etc.) pero esto solo resuelve parte del problema. Quedan por investigar, por ejemplo, los asesinatos a manos de francotiradores en los últimos días de las protestas, un asunto cuya investigación independiente parece haberse olvidado en la euforia del cambio político.
El Parlamento de Ucrania dice haber pedido que Yanukovich sea juzgado por el Tribunal Penal Internacional. Las acusaciones contra el Presidente huido así como el ex Ministro del Interior Vitaly Zakharchenko y el ex Fiscal General Viktor Pshonka –todos ellos en busca y captura por las nuevas autoridades ucranianas- son muy graves: la muerte de más de 100 ciudadanos de Ucrania y otros países así como los más de 2.000 heridos durante las revueltas y docenas de casos de tortura, tales como mantener a los manifestantes desnudos a temperaturas de menos de 15 grados bajo cero.
Sin embargo, fuentes del Tribunal Penal Internacional han afirmado que no consta ninguna petición del gobierno ucraniano en este sentido. Además, desde un punto de vista estrictamente jurídico, es discutible que el Tribunal sea competente –al menos, en este momento- para juzgar a Yanukovich y sus altos cargos. Incluso si se entendiese que tiene jurisdicción –y esto es discutible- no basta que se hayan cometido violaciones de derechos humanos, sino que éstas deben encuadrarse dentro de alguno de los supuestos competencia de la Corte: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Por desgracia, ya el Holomodor –la hambruna causada a Ucrania por el régimen soviético entre 1932 y 1933 y que dejó más de siete millones de muertos- quedó impune y durante décadas fue incluso negado. Esta región del mundo tiene un largo y triste historial de impunidades.
Por otra parte, la radicalización de las protestas de Maidan abrió la puerta a acusaciones también contra algunas de las organizaciones involucradas en las mismas, como el Grupo de Derecha. Así, han ido creciendo los casos de declaraciones antisemitas y de reivindicaciones de líderes nacionalistas que colaboraron con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
Por supuesto, la parte del país que sigue reconociendo al Gobierno de Yanukovich así como la Península de Crimea –bajo control ruso- despiertan preocupaciones sobre las represalias que puedan tomarse contra los detractores del Presidente huido así como contra las minorías –singularmente la tártara- partidaria de la unión de Crimea con Ucrania. Con motivo del referéndum del próximo día 16 de marzo, se teme un recrudecimiento de la violencia entre los partidarios del regreso de Crimea a Rusia y los defensores de la unión con Ucrania.
Es difícil hacer pronósticos sobre Ucrania en materia de derechos humanos. Por una parte, dependerá de quién controle en cada lugar la lucha contra la impunidad y la investigación independiente de las denuncias. En los conflictos civiles, los recursos suelen destinarse más a vencer en ellos que a investigar las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la experiencia de las Primaveras Árabes ha demostrado que una o todas las facciones del conflicto pueden deslegitimarse, precisamente, por la violencia ejercida contra la población o, al menos, por tolerarla. Así, el respeto de los derechos humanos puede terminar convirtiéndose en el canon de legitimidad que se aplique tanto al Gobierno de Yatseniuk como a las autoridades de Ucrania Oriental y Crimea.
 

 

 

 

 

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