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Manuel Cobo del Rosal
 

El derecho fundamental a la defensa

MADRID, 25 de MARZO de 2014
 

En la actualidad, el artículo 24 de la Constitución española de 1978 consagra la prohibición total de la lesión o menoscabo de hecho del derecho fundamental a la defensa “sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.
Formulado así de forma tan terminante el siempre llamado sagrado derecho de defensa, se constituye como uno de los pocos derechos fundamentales, con virtualidad absoluta, que no admite excepción de clase alguna, al menos en vía de principio general. Es cierto que no siempre se cumple y se ve manipulado y empalidecido más veces de las deseables. Las razones son muy variadas sociopolítica y judicialmente. Pero, ahora me voy a ocupar tan sólo de su enunciación y quizás de su exaltación, como debe ser.
Si existe un derecho que no admite fisura de ninguna clase en la estructura de un Estado de Derecho es el citado derecho fundamental. Si se negara, no podría hablarse de Estado de Derecho, pues es, sin duda, el mismo corazón del proceso ya sea de la índole que fuese. Antes de nada, conviene llevar a cabo un par de precisiones:

1.) Cuando se formula el derecho de o a la defensa como de primer rango constitucional, se debe tener muy en cuenta que es omnicomprensivo tanto de la parte procesal denominada “defensa”, como de la otra parte denominada “acusación”. Ambas tienen igual protección fundamental y para ambas rige en los mismos términos con carácter absoluto.

2.) Otros derechos fundamentales no son más que derivados del mismo:
El derecho a utilizar las pruebas pertinentes.
El derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales.
Ambos están recogidos también por el referido artículo 24 de la vigente Constitución que es, desde luego, el núcleo duro del procedimiento, sea cual fuere, éste.

La cuestión, por tanto, es vital para la aplicación del Derecho y resulta inadmisible, por su nulidad, cualquier supuesto en que se haya visto lesionado, no sólo por jueces y tribunales, sino también por fiscales, poder gubernativo de la índole que sea, e incluso por las propias partes procesales de las que se trate.
En España ningún dictador ha sido ejecutado ni, por supuesto, asesinado. El General Prim murió en situaciones que, inicialmente, parecían muy oscuras pero que, en la actualidad, están bastante claras. No obstante, debemos recordar que sus asesinos quedaros impunes y al margen de la “justicia”. Cuando tuve la oportunidad de ver el video por la TV española de la ejecución-asesinato del dictador rumano Ceaucesco y de su esposa y el “juicio” precedente, quedé realmente aterrorizado. Su defensor les pidió más penas de muerte que el fiscal, en su deseo, cruel y egoísta, de hacer méritos ante la nueva situación política, pero adoleció todo ese simulacro de “juicio” de una radical nulidad, cuando no inhumanidad. Todos, incluso los tiranos, tienen derecho inexorable a su defensa y ya se ocupó del tema resolviéndolo afirmativamente Santo Tomás de Aquino con su siempre acertado criterio, como he recordado en algunas ocasiones.
La proscripción de la indefensión se proyecta, en el procedimiento criminal, como sigue:

A) En la fase policial, de mera y simple investigación previa a la existencia misma del procedimiento penal.
B) En la fase, ya jurisdiccional, pero solamente instructoria y asegurativa de bienes y personas.
C) En la fase intermedia de concreción del objeto de acusación y proposición de pruebas.
D) Por último, en el llamado plenario o juicio oral donde la protección al derecho de la defensa es máxima y por la que debe velar el órgano sentenciador.

Especial peligro presentan las fases A y B, por su escasa o nula diafanidad, que debe ser minuciosamente analizada e incluso corregida tanto en la fase C cuanto en la D, siendo totalmente decisivas en orden a la constitucionalidad de la sentencia, y no siendo así correrá la suerte de su nulidad y carencia de cualquier efecto de la índole que fuere.
El derecho de defensa no es más que la concreción procesal de los principios constitucionales, como se reiterara por la doctrina liberal a principios del pasado siglo XX. Constituye, por último, un valladar inexpugnable para contener sus numerosas y tentadoras agresiones tanto por parte del poder gubernativo, como por el mismo poder judicial. Porque su negación es fácil de cometer y posteriormente muy difícil de reparar. Misión y principal de la abogacía es la de velar, en todo momento porque no se produzca, esto es, “sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. EN NINGUN CASO.

Manuel Cobo del Rosal, Catedrático de Derecho Penal y Abogado.

 


 

 

 
 
 
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