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El Servicio Jesuita a Migrantes España de ICADE ofrece a los candidatos al Pe propuestas para garantizar los derechos humanos en las políticas de inmigración El Servicio Jesuita a Migrantes España (SJM-España) ha presentado en ICADE COMILLAS, en el marco del vigésimo aniversario del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM), el documento “Que no se ahogue la esperanza”, que recoge las propuestas de la organización a los candidatos al Parlamento Europeo para garantizar los derechos humanos en las políticas de inmigración e integración en la próxima legislatura del Parlamento Europeo. La presentación, presidida por la Directora del Instituto, Mercedes Fernández, la realizaron Cristina Gortázar, autora del documento y profesora de Comillas, y Miguel González, coordinador del SJM-España. La cuestión fundamental que se ha planteado en el documento es: ¿Qué programa y qué estrategia deben situar al actual Programa de Estocolmo en la política de fronteras, inmigración y asilo? Y la base sobre la que se asienta todo el texto es que la debida protección de los derechos humanos debe prevalecer sobre cualquier otro legítimo interés estatal o comunitario que se encuentre aparentemente enfrentado con los derechos humanos. El SJM-España ha ofrecido una serie de propuestas en diversos campos. En el de acceso de la inmigración a la UE, ha propuesto, entre otras cosas, “estudiar nuevos canales para la inmigración legal (visados para búsqueda de empleo, inter alia) y reabrir el debate sobre la política general de visados, que debería sustituir el sistema por países por un sistema más individualizado”, así como “establecer mecanismos efectivos en los países fronterizos con la UE (como Marruecos y Argelia) que identifiquen a personas con necesidad de protección y garanticen la protección necesaria”. En materia de integración de la inmigración en la UE, ha sugerido “avanzar decididamente hacia un estatuto de la población inmigrada nacional de terceros Estados, similar al de los ciudadanos de la UE, incluyendo también un derecho comparable en materia de libre circulación” y orientar la integración hacia la inclusión social.. Sobre la gestión de la inmigración irregular, ha pedido “desarrollar y aplicar por parte de los Estados miembros sistemas razonables y flexibles de regularización de personas inmigradas en situación irregular, toda vez que la denominada Directiva de Retorno de la UE no obliga a su expulsión. Obliga: bien a la expulsión, bien a su regularización”. También ha instado a “priorizar y asistir el retorno voluntario de personas inmigradas” y “paralizar de manera inmediata los procesos de retorno forzoso a un Estado que no sea miembro de la UE, si este no garantiza la protección de los derechos humanos de las personas migrantes”. Asimismo, como en otras ocasiones, se ha reafirmado en que hay que “impedir el uso arbitrario del internamiento y garantizar que las limitaciones a la libertad sean una medida excepcional”, aparte de “implantar una política de retorno voluntario basada en el diálogo y el apoyo a las personas inmigradas en su reintegración en el país de origen, y no en la represión y la coacción”. Y, por supuesto, ha subrayado que se ha de “garantizar el ejercicio de los derechos de las personas internadas, cuya única limitación debe ser la falta de libertad circulatoria”. Y en cuanto a “garantizar la identificación y el acceso a protección de posibles solicitantes de asilo en las fronteras de la UE, especialmente en Ceuta y Melilla”, el director del SJM-España, Miguel González ha dicho que “sería posible organizar una misión con un grupo de letrados expertos en protección internacional que identifique a las personas susceptibles de protección que saturan los CETI, para trasladarlos a la península”. Y que “ante la saturación de los CETI se podría hacer una misión de jueces que puedan identificar a las personas que necesitan protección internacional”. Propuestas en materia de asilo En materia de asilo, entre otras cosas, el SJM-E ha solicitado “garantizar la identificación y el acceso a protección de posibles solicitantes de asilo en las fronteras de la UE, especialmente en Ceuta y Melilla”, y que la Unión Europea “debe disponer la no-criminalización de la asistencia humanitaria brindada por individuos u organizaciones a los solicitantes de protección: por ello, debe modificarse la Directiva 2002/90/EC y sustituirse la actual disposición de aplicación optativa (may not) por otra de carácter obligatorio (shall not)”. Y también desde el SJM-E se ha afirmado esta mañana que “se han de aprobar normas de la UE claras sobre la obligatoria asistencia y rescate en el mar. Las normas de derecho internacional sobre salvamento y rescate deben priorizarse (aclarando, en su caso, cualquiera de sus aspectos) respecto de cualquier otra norma estatal o comunitaria. La UE debe rechazar tanto el push back (devolución en la que no se garantizan mínimamente los derechos humanos, ver la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Hirsi Jamaa contra Italia, 23 de febrero de 2012) como también el pull back (esto es, colaborar con autoridades de terceros países para impedir que las personas puedan abandonar un país)”. En este sentido, la profesora Cristina Gortázar expuso tres casos en los que la Unión Europea ha condenado a tres estados miembros, Bélgica, Grecia e Italia, por vulnerar la protección de derechos humanos para salvaguardar una normativa interna de su Estado y ha señalado que ahora el punto de mira está en Bulgaria, donde los solicitantes de protección o inmigración están viviendo graves situaciones de vulnerabilidad de derechos. En estos casos mencionados, ha señalado la profesora, “el control o monitoreo falló y las personas defendidas recibieron al final el derecho a residir en la Unión europea y una indemnización económica” porque entre otras cosas “a estas personas no se les preguntó de qué huían ni si querían protección”.
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