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JUSTICIA
Periodistas de Lawyerpress vetados por el Congreso no pudieron hacer su labor pese a enseñar el carnet de ACIJUR y solicitar la acreditación con anticipación Los grupos de la oposición han comparado este pasado miércoles al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con un "conductor kamikaze" que va en contra de todos en sus reformas legislativas y han sospechado que busca "privatizar" la justicia gratuita, intentando que los abogados no se apunten al turno de oficio para terminar encomendándosela a "grandes" bufetes. El PSOE, la Izquierda Plural, UPyD, CiU, PNV y ERC presentaron en el Pleno del Congreso sus enmiendas a la totalidad al proyecto que reforma la ley de Justicia Gratuita, al entender que supone un "nuevo ataque" a los derechos de los ciudadanos, "nace muerto" con una financiación insuficiente y vulnera competencias autonómicas. Nuestros compañeros Carlos Capa y Luisja Sánchez, acreditados desde hace días a este Pleno, no pudieron estar presentes porque la jefa del prensa del Congreso impidió el acceso dando instrucciones en la entrada para ello. El caso se ha puesto en manos de ACIJUR, Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos y del propio presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, por nuestro director Hans Böck, en una carta de protesta enviada ayer mismo. El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó, con 155 votos a favor, y 170 en contra, las enmiendas de totalidad presentadas por el Grupo Socialista; CiU; EAJ-PNV; IU, ICV-EUiA, CHA; UPyD; y ERC, al Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita. Asimismo, la solicitud de avocación a Pleno fue rechazada por 151 votos a favor y 172 en contra. La iniciativa, defendida ante el Pleno por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, será remitida a la comisión correspondiente para continuar su tramitación. Una vez aprobada en la Comisión de Justicia, con competencia legislativa plena, se enviará al Senado. En este Pleno en el que las fuerzas políticas han hecho suyas las enmiendas de la abogacía fue el socialista Gabriel Echávarri, quien consideró la reforma "más restrictiva, compleja y burocrática" y recalcó que convierte, junto al 'tasazo', a la Justicia en "un artículo de lujo". En este sentido, critició que Gallardón "vendiera" las tasas como la vía para financiar la justicia gratuita y, sin embargo, solo haya destinado 34 millones a esta partida cuando ha recaudado 316 millones en concepto de tasas. "Todo era mentira. Era para hacer caja, ¿dónde ha ido a parar el resto del dinero?", preguntó. El portavoz de Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, denunció la existencia de una justicia "de clase business para el poder económico, los aforados y algunos indultados" y otra justicia "de pago sujeta a tasa" para el resto. "Las tasas se han convertido en una barrera infranqueable para acceder a la justicia y el desplome en algunas jurisdicciones es equivalente el año 2007", advirtió Llamazares, que exhorto a Gallardón a abandonar la "deriva" en la que está inmerso y por la cual es un "departamento mediático y piedra de escándalo". CiU, por boca del diputado Jordi Jané, censuró que el redactado "vulnera" las competencias que el Estatut atribuye a Cataluña, mientras que ha criticado el aumento de la burocratización y la obligación de que los abogados del turno de oficio se desplacen en tres horas a cualquier punto de España. El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha alertado de la "desigualdad territorial" que creará el proyecto de ley, el cual se suma a la "caldera de insatisfacción social de la ciudadanía con la democracia". Para el parlamentario del PNV, Emilio Olabarria, (en la foto) el proyecto de ley es "una huida hacia delante" de Gallardón contra todos los sectores afectados y un texto "fallido" que tiene en su contenido "el germen de su propia destrucción" al no garantizar la financiación de la justicia gratuita y frustar así las expectativas de sus beneficiarios. "Está fallando en todo. Peor no se pueden hacer las cosas", Desde ERC, Jan Tardá considera que Gallardón ve al ciudadano como "enfermo de una patología abusiva y perversa de utilización del sistema judicial" y califica de "injusto" que una persona no tenga justicia gratuita por sobrepasar por poco el límite del umbral de acceso, pero sí lo tenga en caso de ser víctima del terrorismo aunque disponga de "20 veces más de ingresos". Por su parte, el diputado en el Congreso de Compromís, Joan Baldoví, reprobó también la "sospecha" con la que el Gobierno mira al ciudadano que hace uso de los servicios públicos. El proyecto de ley establece una presunción de abuso de derecho a partir de la tercera vez que en un año se acude a la justicia gratuita, salvo en el orden penal, y determina que desde ese momento se comprobará si la petición está justificada. La abogacía, invitada al Pleno Entre los invitados presentes a este Pleno varios representantes de la abogacía española entre los que cabe destacar a Javier Lara, presidente de la Comisión del Turno de oficio del CGAE, y a Pere Huguet ,vicepresidente del CGAE y Juan Antonio García Cazorla, vicepresidente del CICAC y decano del Colegio de Sabadell. Ambos aparecen en esta foto flanqueando al diputado de CIU, Jordi Jané, que intervino en la mañana de ayer en este Pleno sobre Justicia Gratuita en el que no hubo debate a petición del propio Ministro Gallardón. Pere Huguet señalaba que “ es sintomático que todos los grupos políticos hayan pedido la devolución de este proyecto de ley al Gobierno.” Para este experto letrado lo que más desazona es el poco espíritu dialogador del Ministro Gallardón. “ En este debate se ha puesto de manifiesto esa falta de diálogo y de espíritu de consenso. Sabemos que si ambas partes nos sentamos a hablar se podría solucionar asuntos como el que estamos hablando”, apuntó. A su juicio es fundamental consensuar los proyectos de ley con otras fuerzas políticas y sobre todo con los operadores jurídicos. En opinión de Huguet esa enmienda a la totalidad que plantea toda la oposición en bloque es más que justificada. “ Hay que volver a hablar sobre este tema sabiendo que la ley actual 1/96 ha sido una muy buena ley y por lo tanto no es de recibo que vayamos en retroceso. Es fundamental introducir mejoras pero siempre que se nos escuche a los principales actores de la justicia gratuita que somos los abogados”, señaló. A juicio del vicepresidente del CGAE la intervención del portavoz del PSOE ha sido consecuente “ señalan que la ley no garantiza el acceso a la justicia de esos ciudadanos; es una ley restrictiva en algunos casos y en otros mantiene la opción que otros colectivos con medios económicos vayan a la justicia gratuita, cuestión que no se entiende”. Desde su punto de vista unir el efecto producido por la Ley de Tasas impulsada por el Ministro Gallardón para frenar la litigiosidad con el propio proyecto de ley de Justicia Gratuita “ estamos ante una situación delicada porque se vulnera el artículo 24 de la Constitución, al impedir que se pueda ejercitar el derecho a la tutela judicial efectiva de quien sobre todo no tiene medios”, subraya. Frente a estos comentarios de la oposición, las palabras del Ministro han sorprendido a los asistentes al hablar según Huguet de “ una ley social, defendiendo el proyecto de ley pese a que ha agradecido las críticas hechas desde el Parlamento.”. Para este experto no tiene sentido abrir la justicia gratuita a colectivos con medios económicos y olvidar aquellos más vulnerables “ vuelvo a repetir la necesidad de diálogo para enfocar bien esta cuestión y otras de este proyecto de ley”. Otro de los decanos existentes ha sido Juan Antonio Cazorla, responsable del Colegio de Sabadell y vicepresidente del CICAC; consejo regional catalán de abogados ha valorado las intervenciones de todos los grupos parlamentarios “Hemos oído muchas cosas sensatas, algunas de ellas basadas en las enmiendas de la abogacía y el Ministro Gallardón ha hecho una defensa poco creíble y demagógica del proyecto de ley”. A su juicio el ampliar de forma indiscriminada los colectivos perceptores de justicia gratuita vulnera el artículo 119 de la Constitución Española “donde se deja claro que la justicia gratuita es para aquellas personas que no tienen medios económicos para litigar. Esta ampliación lo que hace es perder su sentido real como servicio.” Respecto a la enmienda a la totalidad coincide con Huguet y los grupos parlamentarios que por lógica interna hay que hacer un cambio generalizado “ y no los parches que aparecen en la reforma que conocemos. De todas formas el portavoz de CIU ha dejado claro que este es el momento de sentarnos a negociar para ver si alguna de las enmiendas que ha presentado la abogacía se puede plasmar en el nuevo texto legislativo”, señaló. En esa negociación que ahora se abre tras el debate cuestiones como el uso de más de tres veces del servicio de justicia gratuita “creo que con el sistema de control que hay es suficiente aunque podría mejorarse”. El otro tema, la territorialidad del abogado es una cuestión que para este letrado se podrá alcanzar en la negociación que ahora se abre “es lógico que el abogado esté cerca de su cliente para poder ofrecer su servicio lo mejor posible,” indicó. Desde el CGAE se ve con preocupación la burocratización que se hace del servicio. “no tiene sentido que si apelas en tu asunto tengas que volver a solicitar la Justicia Gratuita”; señaló García Cazorla. Además observa que se han incrementado las cargas a nivel colegial sin ninguna contraprestación económica derivada de la misma. El vicepresidente del CICAC nos cuenta que todas las fuerzas políticas le han recordado al Ministro el asunto de las tasas judiciales que está impidiendo a muchos ciudadanos el acceso a la justicia. “Se le ha recordado que tiene que escuchar a los grupos parlamentarios, a la sociedad y a nosotros, los abogados como profesionales que gestionamos este servicio”, concretó nuestro entrevistado. En este intercambio dialéctico se ha vuelto a comentar que lo recaudado por las tasas no ha ido a financiar la Justicia Gratuita como era intención del Ministro Gallardón.
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