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La cuestión de los “aforados” en el derecho procesal penal democrático en España

MADRID, 15 de ABRIL de 2014
 

La Ley Orgánica del Poder Judicial vigente que sustituyó a la venerable Ley del siglo XIX y que lleva fecha de 1 de julio de 1985, le ocasionó graves problemas que influyeron, de forma relevante, en su actuación posterior, a quien fuera, en última instancia, su autor. Me refiero a un excelente Ministro de Justicia, cual fuera Fernando Ledesma, hoy Magistrado del Tribunal Supremo, proviniente de la carrera Fiscal y persona muy estudiosa de todas las cuestiones legislativas y que mantuvo una gran dignidad personal y actitud muy objetiva en todos los problemas, que fueron prácticamente todos en los que intervino como Ministro, seleccionando a sus colaboradores y asesores con verdadera independencia, sea cual fuere su posición ideológica.
La citada Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, ha sufrido, durante su vigencia, alrededor de cuarenta modificaciones en esos treinta años. Algunas de ellas, supusieron reformas parciales de cierta importancia, como se encarga de ejemplificar la propia posición de motivos del anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que pretende aprobar la administración del actual Gobierno. En la citada exposición de motivos se alude a que alguna de esas reformas parciales fue importante, como sucedió con la que afectó al sistema de elección de los miembros del Consejo general del Poder Judicial o la que reguló, con cierto detalle, la Oficina Judicial y las funciones de los Secretarios judiciales.
El anteproyecto citado va precedido de una muy extensa exposición de motivos, a veces sin exponer motivo alguno, sino simplemente hace una especie de descripción, repetitiva y meramente expositiva del articulado que desarrolla a continuación. Ha sido recibido con una cerrada critica por los Jueces y Magistrados así como por sus “asociaciones” que, por lo general, les agrupan y representan en los casos en que así se exige. Esa crítica muy dura, en ocasiones, en cierto modo recuerda a la que también llevaron a cabo con motivo de la censurable Ley de implantación de las tasas judiciales, condicionantes para poder formalizar los recursos marcados por la Ley. Con ella se afirmaba, por la Magistratura española, y no sin razón, que quebrantaba el derecho fundamental a la “igualdad procesal” en atención a la situación económica del ciudadano litigante.
A la vista de lo anterior, resulta que se ha perdido, en cierto modo, una ocasión espléndida para resolver la manida cuestión de los aforados y del inveterado aforamiento que, por lo general, ha existido en la Administración de Justicia española desde antiguo pues ya la Ley de finales del siglo XIX, en gran medida vigente, inició ese criticable camino.
La Constitución de 1978 en su artículo 14 dice literalmente “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Parecería que tan terminante mandato constitucional, constituido como derecho fundamental dentro del titulo primero de los “derechos y deberes fundamentales”, capitulo II denominado “derechos y libertades”, impediría cualquier tipo de aforamiento, salvo los muy contados casos que la propia Constitución establece de modo sumamente excepcional. Sin embargo, no ha sido así. Poco a poco han ido desapareciendo y llevándose a cabo, no cabe duda, una notable poda de esos aforados que campeaban por doquier en la vida procesal española después incluso de la vigencia de la Constitución de 1978. Pero quedaban y quedan muchos todavía. La ocasión se presentaba con la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que pretende se apruebe parlamentariamente el actual Gobierno de la Nación. No ha sido así y por esa razón quizás sea criticada y criticable por Jueces y Magistrados. La verdad es que el anteproyecto restringe, desde luego, el número de aforados reduciéndolos, según el mismo dice, a aquellos que establece la Constitución, y haciéndose eco de los aforados incorporados en los distintos estatutos de autonomía. Pero, al mismo tiempo pretende solucionar, según se expresa, una deficiencia histórica del sistema al incluir entre esos aforados a la Reina y a los Príncipes de Asturias. Según confiesa el anteproyecto se equipara, con su articulado a estos miembros de la familia Real con las demás autoridades (sic) del Estado establecidas en la Constitución. La otra novedad relativa a los aforados es que, según el anteproyecto, aunque abandone el puesto que les dio esa condición, seguirán siendo enjuiciados por el Tribunal que les correspondería, tal y como ya recogen algunos estatutos de autonomía en los casos en que el delito hubiera sido cometido en el ejercicio del cargo, pretendiendo, con esto último, evitar los retrasos en la instrucción, que suponía que dejaran el escaño con la investigación ya avanzada. Lo cierto es que, en mi opinión, no estamos en el buen camino, pues se está rozando todo el tiempo el derecho fundamental a la “igualdad procesal” que proclama el artículo 14 de la Constitución.
El aforamiento y los aforados deben ser objetos de una visión sumamente restrictiva para que no se contradiga la repetida “igualdad” procesal. Debe reservarse dicho instituto al Rey, que no tiene mucho sentido o mejor, ninguno pues no hay que declarar como debe ser enjuiciado quien no es enjuiciable, en su condición de Jefe del Estado que, desde otra perspectiva, resultaría por tanto superfluo, y al Presidente del Gobierno. Por supuesto, que entrarían en esa condición de aforados los Jueces y los Magistrados sean del orden jurisdiccional que fuesen, debido a la función que desempeñan y a garantizarles su total independencia sin estar sometidos a los avatares y denuncias de la ciudadanía. No deben ni pueden excepcionar, un derecho fundamental que por cierto no prevé casos especiales sobre su no vigencia, por imperativo constitucional, puesto que si así ocurriera la Ley correría el riesgo de que fuese declarada anticonstitucional, en el caso concreto de su aplicación.
La igualdad, como ha sentado, el propio Tribunal Constitucional, entendida como “igualdad procesal” debe tener una total vigencia, sin excepciones estéticas, de ninguna clase, salvo aquellas que sean derivadas del ejercicio de una función que, inexorablemente, así lo exija.


Manuel Cobo del Rosal, Catedrático de Derecho Penal y Abogado.

 


 

 

 
 
 
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