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La
sentencia
sobre
el
derecho
al
olvido
genera
inseguridad
para
las
empresas
según
adigital |
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MADRID,
22
de
MAYO
de
2014
-
LAWYERPRESS |
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Desde
esta
asociación
empresarial
se
critica
que
sean
las
propias
empresas
sean
las
encargadas
de
valorar
las
solicitudes
de
los
ciudadanos
sobre
la
no
indexación
de
sus
datos
 A
la
espera
de
que
finalice
el
proceso
iniciado
en
la
Audiencia
Nacional,
que
ha
motivado
la
sentencia
dictada
por
el
Tribunal
de
la
UE,
desde
la
Asociación
Española
de
la
Economía
Digital
(adigital),
se
considera
que
esta
sentencia
genera
inseguridad
jurídica,
al
plantear
diversos
interrogantes
y
afectar
a
uno
de
los
servicios
esenciales
de
Internet
–los
servicios
de
búsquedas-
ofrecidos
por
numerosas
empresas.
Para
Adigital,
los
argumentos
de
la
sentencia
se
pueden
extender
a
cualquier
empresa
que
ofrezca
enlaces
u
otros
servicios
de
intermediación.
A su
vez,
puede
afectar
a
todo
tipo
de
contenidos,
bien
sean
imágenes,
sonidos,
vídeos
o
texto.
Cualquier
persona
que
crea
que
un
determinado
contenido
le
afecta,
colgado
en
Internet
por
otra
persona
o
incluso
por
ella
misma,
puede
solicitar
que
se
limite
su
acceso
o
búsqueda
con
independencia
de
la
licitud
de
la
publicación
en
origen
y de
que
el
editor
web
no
elimine
dicha
información.
Desde
esta
patronal
digital
se
indica
que
la
sentencia
deja
en
parte
en
manos
de
las
empresas
la
obligación
de
realizar
la
valoración
entre
el
derecho
a la
información
y el
derecho
a la
protección
de
datos.
Las
convierte,
respecto
a
contenidos
de
los
que
ellas
no
son
responsables,
en
las
encargadas
de
valorar
cuestiones
que
afectan
a
derechos
fundamentales,
sin
ni
siquiera
ofrecerles
criterios
claramente
definidos
para
realizar
esta
valoración,
más
allá
de
referirse
al
papel
desempeñado
por
la
persona
en
la
vida
pública
y el
interés
público
de
la
información,
criterios
a
todas
luces
insuficientes.
Si
bien
en
los
casos
en
que
el
ciudadano
se
dirija
al
órgano
correspondiente
para
que
realice
la
valoración,
desde
esta
asociación
empresarial
queda
claro
que
las
empresas
deberían,
en
su
caso,
adoptar
las
medidas
a su
alcance
para
evitar
la
indexación.
Asimismo,
la
sentencia
no
establece
cuáles
serían
los
efectos
que
tendría
el
rechazo
de
las
solicitudes
presentadas,
cuando
el
particular
acuda
directamente
a
las
empresas
para
que
por
sí
mismas
realicen
la
valoración.
En
los
casos
de
rechazo,
las
personas
deberían
dirigirse
al
órgano
competente
para
que
éste
revisará
la
valoración
realizada
por
la
empresa
y,
en
su
caso,
ofreciese
un
plazo
de
tiempo
para
establecer
las
medidas
a su
alcance
que
eviten
la
indexación,
de
forma
que
solo
en
los
casos
en
que
no
las
adoptasen
y
fuese
firme
la
resolución,
la
empresa
pudiese
ser
sancionada.
Para
Adigital,
los
argumentos
de
la
sentencia
se
pueden
extender
a
cualquier
empresa
que
ofrezca
enlaces
u
otros
servicios
de
intermediación.
A su
vez,
puede
afectar
a
todo
tipo
de
contenidos,
bien
sean
imágenes,
sonidos,
vídeos
o
texto.
Cualquier
persona
que
crea
que
un
determinado
contenido
le
afecta,
colgado
en
Internet
por
otra
persona
o
incluso
por
ella
misma,
puede
solicitar
que
se
limite
su
acceso
o
búsqueda
con
independencia
de
la
licitud
de
la
publicación
en
origen
y de
que
el
editor
web
no
elimine
dicha
información.
Finalmente,
también
es
necesario
destacar
que
se
plantean
numerosas
dificultades
técnicas,
especialmente,
en
los
casos
en
que
la
información
indexada
no
se
elimine
de
donde
se
publicó
o de
donde
se
replicó,
ni
se
establezcan
medidas
para
restringir
el
acceso
a la
misma.
Esta
sentencia
señala
aplicabilidad
de
la
normativa
vigente
a
estos
servicios
y
marcará
el
desarrollo
del
futuro
Reglamento
de
Protección
de
Datos,
siendo
la
solución
ofrecida
respecto
al
derecho
al
olvido,
en
la
propuesta
de
Reglamento
aprobada
recientemente
por
el
Parlamento
Europeo,
más
adecuada
en
cuanto
a su
aplicación
práctica
que
la
ofrecida
en
la
propia
sentencia.
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