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JUSTICIA
Según las organizaciones firmantes este cambio normativo vulnera la Constitución y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 1 de cada 4 personas padecerá a lo largo de su vida un problema de salud mental. La mayoría de ellas pueden recuperarse y alcanzar niveles razonables de funcionalidad e integración social si se les provee de medios sanitarios y sociales en un clima social menos negativo generado por el estigma y la discriminación que sufren; prejuicios sociales ancestrales pero todavía presentes y desgraciadamente efectivos para bloquear, en ocasiones, su recuperación, integración social y ciudadanía. En un momento en el que la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad se ha propuesto erradicar todas las formas de discriminación hacia este colectivo, al que pertenecen las personas con enfermedad mental, el Gobierno propone una Reforma del Código Penal que supone la vulneración más grave y frontal a los derechos fundamentales de este vulnerable colectivo en las últimas décadas. Diferentes organizaciones han suscrito un manifiesto que califican duramente esta reforma que quiere poner en marcha desde el Gobierno. Los firmantes son: Foro Andaluz de Bienestar Mental • FAISEM • Programa de Salud Mental • Asociación Española de Neuropsiquiatría • Asociación Andaluza de Neuropsiquiatría • Unión Progresista de Fiscales • Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales • CERMI - Andalucía • Federación Andaluza de Asociaciones de usuarios de Salud Mental “En primera Persona”. Las organizaciones firmantes de este Manifiesto reivindican respeto a la DIGNIDAD y a la LIBERTAD de las personas afectadas por un problema de salud mental bajo un modelo que garantice la SEGURIDAD JURÍDICA y esté orientado a la INTEGRACIÓN SOCIAL y la RECUPERACIÓN como cualquier otra persona merece o es que las personas con enfermedad mental SON DIFERENTES… En este manifiesto que reproducimos a continuación se desgranan los elementos que cuestionan a estas personas y sus derechos Asociar enfermedad mental con peligrosidad: Ningún estudio científico avala la asociación del concepto subjetivo de “peligrosidad” con las personas con enfermedad mental. No existen procedimientos que permitan prever de antemano la comisión de un hecho delictivo por una persona afectada por un problema de salud mental; como no los hay para la mayoría de las personas que pueden cometer un delito, tengan o no una enfermedad mental. Cuidado con el estigma: Toda la reforma se sustenta en el estigma y los prejuicios relativos a sus supuestas incurabilidad y peligrosidad, vinculada esta última a la violencia, cuando la comisión de actos delictivos de carácter violento por parte de personas con este tipo de problemas afecta a una clara minoría de las mismas. Se trata pues de ideas completamente erróneas y desfasadas pero que siguen estando asentadas desgraciadamente en muchas personas de nuestra sociedad. Vulnera Convención de la ONU: Discrimina clara y sistemáticamente a las personas con trastorno mental por razón de su diagnóstico, lo que resulta contrario a la Convención ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España y de obligado cumplimiento desde el 3 de mayo de 2008. Cadena perpetua. Medidas de seguridad que se prorrogan sin límite de plazos. Se abre la posibilidad de que una persona con problemas de salud mental que haya cometido un delito, independientemente de la gravedad de éste o de su estado de salud, pueda ser internada de manera indefinida a través de la figura de las medidas de seguridad prorrogables, sin establecer un límite. Prevención peligrosa. Privar de libertad a un ciudadano porque puede comentar un delito Esta medida atentan contra los derechos humanos y siendo claramente inconstitucional. Asimismo, se podrá establecer una medida de libertad vigilada, restringiendo de nuevo “preventivamente” la libertad en función de riesgos imaginarios nunca comprobables; retrocediendo así a la Ley “Vagos y maleantes” o de “peligrosidad social”. Inseguridad jurídica al no saberse porque se prorroga la medida de seguridad: No detalla cuándo, cómo, ni dónde se hará la evaluación para determinar si se debe prorrogar la medida de seguridad o no. La decisión recaerá en los jueces y magistrados que deberán basarse en un juicio preventivo de peligrosidad futura, difícil de realizar con fundamento científico, y que comprometerá a los profesionales del ámbito de lo social y lo sanitario al tener que firmar informes sanitarios y sociales. Discriminación en cuanto a penas frente a personas “sanas” Las faltas desaparecerán y algunas se convierten en delitos leves, generando desigualdad de trato por el mero hecho de padecer una enfermedad y contribuirá a incrementar la estigmatización. Así, una persona afectada por un trastorno mental que haya realizado un hecho delictivo calificado como leve, como una agresión que no provoque lesiones de consideración o alteraciones leves del orden público, será tratada como si hubiera cometido un delito. Menos posibilidades de recuperación y reinserción social Disminuirán exponencialmente las posibilidades de recuperación de las personas con trastorno mental. Con la permanencia involuntaria prolongada en centros cerrados se agravará considerablemente su patología y se dificultará su reinserción social. Por contra, para prevenir la cronificación y complicación de los problemas de salud mental son necesarios los mecanismos de atención sanitaria y social en comunidad. Así, el Gobierno debería centrar sus esfuerzos en adoptar medidas que sirvan para facilitar la prevención, la rehabilitación y la reinserción social del colectivo. Reforma que generará más gasto al Estado y sufrimiento a las personas Es una reforma injusta, ineficaz y que generará más gasto para las administraciones públicas sumado al sufrimiento de las personas ya que, al no fomentar la prevención ni la rehabilitación ni la inclusión social de las personas con enfermedad mental que hayan podido cometer algún hecho delictivo, se gastarán más recursos durante más tiempo y se les impedirá contribuir a la sociedad al no permitirles vivir en comunidad.
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