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Abogados,
Procuradores
y el
‘Departament
de
Justícia’
acuerdan
excluir
a
los
ciudadanos
de
las
tasas
judiciales
catalanas |
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MADRID,
29
de
MAYO
de
2014
-
LAWYERPRESS |
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El
acuerdo
llega
después
de
semanas
de
negociaciones
y
desde
posiciones
iniciales
muy
distantes,
gracias
al
esfuerzo
de
todas
las
partes
 Los
representantes
del
Consell
de
l’Advocacia
Catalana,
del
Consejo
de
Colegios
de
Procuradores
de
Cataluña
y el
Departamento
de
Justicia
han
acordado
este
mediodía,
en
una
última
reunión,
excluir
a
las
ciudadanas
y a
los
ciudadanos,
es
decir
las
personas
físicas,
y a
las
pequeñas
empresas
de
la
aplicación
de
la
tasa
para
la
prestación
de
servicios
personales
y
materiales
en
el
ámbito
de
la
Administración
de
Justicia,
para
garantizar
el
derecho
a la
tutela
judicial
efectiva.
Este
acuerdo
ha
sido
posible
después
de
semanas
de
negociaciones,
a
raíz
de
la
sentencia
del
Tribunal
Constitucional,
que
avala
la
aplicación
de
la
tasa
catalana.
Pese
a la
dificultad
inicial
de
llegar
a un
acuerdo,
dada
la
lejanía
del
punto
de
partida
de
las
partes,
la
voluntad
de
consenso
y el
esfuerzo
de
los
diferentes
agentes
implicados
en
la
negociación
ha
hecho
posible
alcanzar
un
acuerdo
definitivo
en
la
aplicación
de
la
tasa
catalana.
Este
acuerdo
al
que
se
ha
llegado
hoy,
contempla
también
la
ampliación
de
los
supuestos
que
quedarán
exentos
del
pago
de
la
tasa.
Estos
supuestos
son:
las
demandas
de
ejecución,
las
reconversiones
y
las
solicitudes
de
concurso.
Asimismo,
a
petición
de
los
operadores
jurídicos,
el
Departamento
de
Justicia
ha
acordado
mantener
la
aplicación
de
un
descuento
del
25%
para
favorecer
la
presentación
telemática
de
demandas.
Sin
embargo,
las
partes
han
llegado
al
acuerdo
de
mantener
el
mínimo
de
60
euros
y el
máximo
de
120
euros
en
la
aplicación
de
la
tasa
catalana,
muy
lejos
de
los
importes
que
suponen
las
tasas
judiciales
impuestas
por
el
Estado
y
que,
en
algunos
casos,
pueden
llegar
a
10.000
euros.
En
este
sentido,
la 'Conselleria
de
Justícia'
se
ha
comprometido,
por
una
parte,
con
abogados
y
procuradores
a
instar
al
Gobierno
del
Estado
a
que
modifique
la
Ley
de
Enjuiciamiento
Civil
con
el
objetivo
de
que
se
puedan
incluir
las
tasas
catalanas
en
la
tasación
de
costas.
Es
decir,
que
quien
deba
abonar
la
tasa
sea
la
persona
jurídica
que
pierde
el
litigio.
Y,
por
otro,
a
pedir
al
Ministerio
de
Justicia
que
reduzca
sus
tasas
al
20 %
del
importe
de
la
tasa
catalana.
La
tasa
catalana
se
aplicaba
y se
aplicará
tanto,
en
los
ámbitos
civil
y
contencioso
administrativo,
dejando
fuera,
como
hasta
el
momento
de
su
suspensión,
los
ámbitos
penal
y
social,
así
como
a
todas
aquellas
personas
con
derecho
a la
asistencia
jurídica
gratuita.
Pero
dejará,
pues,
de
aplicarse
a
las
personas
físicas
(a
los
ciudadanos
y
ciudadanas),
para
hacerlo,
sólo,
en
las
personas
jurídicas,
excepto
las
pequeñas
empresas.
Finalmente,
y a
petición
expresa
de
los
operadores
jurídicos,
el
Departamento
de
Justicia
se
ha
comprometido
a
desarrollar
una
gestión
más
ágil
en
el
pago
de
la
tasa.
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