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Sobre la pretendida responsabilidad penal de las personas jurídicas

MADRID, 13 de MAYO de 2014
 

El titulo X del libro II del Código penal, se denomina los delitos contra la intimidad, el derecho la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, contiene como capitulo primero el descubrimiento y revelación de secretos, en el que se incluye el articulo 197, con desastrosa dicción y pésima factura. En el colmo del disparate, dicho articulo introduce un párrafo que llena de perplejidad al lector, y mucho mas si es intérprete de la Ley penal por profesión y oficio. Dicho párrafo dice lo siguiente: “ Cuando de acuerdo con lo establecido en el articulo 31 bis) una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este articulo, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas establecidas en el articulo 66 bis), los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del articulo 33.”
La verdad es que nada se dice, ni por el articulo 31 bis, ni por el 66 bis), acerca del hecho realizado por la persona jurídica de la que se trate, ya que ninguno de los dos artículos, por muchos subapartados que se le endilguen, supone la descripción de la materia penalmente prohibida.

Tan confuso, y además difuso, precepto penal es un claro ejemplo de cómo no debe legislarse en el orden criminal. No se sabe, a ciencia cierta, qué hecho se encuentra penalmente prohibido. Así, no podrán ser utilizados ambos preceptos para castigar con una multa a la persona jurídica en cuestión. Pues no hay que olvidar que el delito, antes que delito, necesariamente debe ser un hecho, taxativamente descrito por la Ley penal , y en el presente caso, un tanto de forma aparentemente engañosa se produce una serie de remisiones que conducen a un vacío fáctico que genera una autentica incerteza, cuando no inseguridad, a los justiciables, lo que no es admisible en un Derecho penal que debe ser, en todo caso, expresión de un Estado de Derecho.
La Ley orgánica 5/2010 debió aprovechar la ocasión para haber decretado unas multas, después de llevar a cabo la descripción de los hechos que se hubiesen valorado como acreedores, por su gravedad de sanciones económicas a las sociedades en cuestión. Nada se hizo, y nada se puede multar. Así de mal se confeccionó la citada Ley orgánica.
Por las anteriores razones se ha creado un apartado en el Código penal que, a la hora de su aplicación, resulta inútil, o mas claramente es inaplicable por los defectos con los que nació lo que es muy grave y también preocupante. En este caso el Código penal español en este tema en su gestación no ha escuchado, si es que las hubo, las ideas que le podrían haber reconducido a un camino de cierta normalidad técnica y constitucional y no haber descarriado, como lamentablemente ha sucedido. Es de esperar que la reforma, tantas veces anunciada, ponga un cierto orden en la manifestación legislativa de la represión de las sociedades, cuyo miembros se dediquen a quebrantar el derecho a la intimidad o a la propia imagen y no continuar manteniendo, de manera arbitrista, lo que se le ocurra al primero que pase.

No cabe la menor duda que, en este supuesto, se pone de manifiesto la pésima y errónea actitud de la legislación penal española pretendiendo quebrantar un dogma muy antiguo, pero que sigue siendo válido, cual es el de societas delinquere non potest, que nunca debió ponerse en tela de juicio y menos de la forma tan zafia y bruta con que se ha pretendido introducir por la gatera legislativa pues revela una falta, y muy grave, de respeto constitucional.


Manuel Cobo del Rosal, Catedrático de Derecho Penal y Abogado.

 


 

 

 
 
 
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