El Tribunal Supremo señala que la llamada
jurisprudencia
vinculante
puede
tener
visos
de
inconstitucionalidad
Este mes de junio será
clave
para
una
de
las
reformas
claves
que
impulsa
el
Ministro
Gallardón.
Se
trata
de
la
LOPJ,
Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial
que
pretende
impulsar
una
nueva
forma
de
organización
de
la
administración
de
justicia
e
introducir
cambios
en
la
carrera
judicial.
El
Consejo
General
del
Poder
Judicial
que
abrió
el
debate
a
los
propios
jueces
a
través
de
un
formulario
online,
recibió
un
total
de
1.428
aportaciones
al
informe
al
Anteproyecto
de
Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial.
304
de
los
667
artículos
del
Anteproyecto,
que
también
consta
de
ocho
disposiciones
adicionales,
doce
disposiciones
transitorias,
disposición
derogatoria
y
cinco
disposiciones
finales,
han
merecido
alguna
opinión
de
los
aproximadamente
dos
centenares
de
magistrados
que
han
utilizado
esta
vía
de
comunicación
con
el
Consejo.
También
se
han
conocido
los
informes
críticos
del
Tribunal
Supremo
y de
la
APM
(Asociación
Profesional
de
la
Magistratura),
la
de
mayor
influencia
entre
los
jueces.
Y en
los
próximos
días
las
otras
tres
asociaciones
judiciales
de
forma
conjunta
presentarán
públicamente
sus
propuestas.
Por
su
parte,
los
vocales
del
Consejo,
tras
el
plazo
que
acaba
el
23
de
junio
votarán
en
Pleno
Ordinario
del
dia
26
el
citado
informe
de
este
órgano
judicial.
La nueva reforma de la LOPJ pretende
adaptar
la
carrera
judicial
y
los
recursos
de
la
administración
de
justicia
a
los
nuevos
tiempos.
Cuestiones
como
los
tribunales
de
instancia,
donde
los
jueces
decanos
serán
sustituidos
por
otros
presidentes,
nombrados
por
el
CGPJ
ha
generado
mucha
polémica
por
poder
interferir
la
independencia
de
los
propios
jueces.
En el informe que hemos conocido en la
tarde
de
ayer
de
la
Sala
de
Gobierno
del
Tribunal
Supremo
se
indica
la
preocupación
por
la
jerarquización
que
transmite
la
reforma.
Hablar
en
este
caso
de
tribunales
inferiores
al
Supremo
que
se
someten
al
CGP
no
es
acertado,
ya
que
a
juicio
de
los
magistrados
eso
puede
suponer
falta
de
independencia
de
cara
a
terceros.
Igual de controvertida es la llamada
jurisprudencia
vinculante
del
Supremo
que
pretende
aplicarse.
Cada
tres
meses
el
Pleno
de
cada
Sala
decidirá
cuál
es
su
jurisprudencia
vinculante
y se
publicará
en
el
Boletín
Oficial
del
Estado.
A
ella
también
se
incorporará
la
doctrina
creada
en
los
recursos
de
casación
en
interés
de
ley
y la
resultante
de
una
cuestión
jurisprudencial
previa
cuando
así
se
establezca
en
la
sentencia.
"La Sala de Gobierno no considera conveniente
la
incorporación
de
la
noción
de
jurisprudencia
vinculante,
en
la
medida
que
puede
llegar
a
alterar
el
sistema
de
fuente
establecido",
aducen
los
magistrados
del
alto
tribunal,
que
sugieren
regular
de
forma
más
adecuada
el
modelo
de
casación
de
modo
que
se
permitan
pronunciamientos
en
plazos
razonables.
También otro asunto que la levantado
suspicacia
es
el
que
tiene
que
ver
con
convertir
en
colegiado
el
fallo
penal
de
la
Audiencia
Nacional.
Los
jueces
consultados
sostienen
que
dejar
las
investigaciones
en
manos
de
un
tribunal
colegiado
formado
por
tres
instructores
supondrá
"un
retraso"
en
los
procedimientos,
en
lugar
de
agilizarlos.
Desde
su
punto
de
vista
esta
propuesta
"incumple
la
Ley
de
Enjuiciamiento
Criminal",
que
establece
que
los
casos
los
llevará
un
juez
de
instrucción,
y no
un
tribunal
instructor.
Por otro lado, a los jueces del Supremo
la
supresión
de
categorías
judiciales
-sólo
habrá
jueces
y ya
no
magistrados-,
porque
en
el
caso
de
los
de
tribunales
superiores
o el
propio
Supremo
sus
miembros
"ocupan
un
lugar
en
la
carrera
judicial
más
significado
y
elevado"
que
los
jueces
de
otros
órganos
y
"resulta
lógico,
razonable
e
incluso
inevitable
que
se
reconozca
esa
realidad"
Sondeo
abierto
en
el
CGPJ
Respecto al sondeo que ha hecho el
CGPJ
podemos
señalar
que
los
artículos
referidos
al
ingreso
y la
promoción
profesional;
la
selección,
nombramiento
y
capacitación;
la
estructura
de
los
tribunales;
la
composición
y
competencias
de
las
Salas
de
Gobierno;
la
jurisprudencia
vinculante
y la
libertad
de
expresión
están
entre
los
que
más
aportaciones
han
recibido.
Estas propuestas serán tenidas en cuenta
por
el
CGPJ
a la
hora
de
redactar
su
informe
al
Anteproyecto,
para
el
que
también
se
ha
recabado
la
opinión
de
los
órganos
de
gobierno
del
Tribunal
Supremo
–cuya
Sala
de
Gobierno
ha
remitido
hoy
su
informe
al
Consejo-,
de
la
Audiencia
Nacional
y de
los
Tribunales
Superiores
de
Justicia,
así
como
de
una
representación
de
los
Jueces
Decanos
y de
las
asociaciones
judiciales.
La Comisión Permanente del CGPJ celebrará
el
próximo
12
de
junio
una
reunión
monográfica
en
la
que
se
perfilará
la
propuesta
de
informe
al
Anteproyecto
de
LOPJ.
Los vocales del Consejo tendrán luego
de
plazo
hasta
el
mediodía
del
23
de
junio
para
realizar
alegaciones
al
texto,
que
finalmente
será
debatido
y
votado
en
el
pleno
ordinario
previsto
para
el
jueves
26
de
junio.
Asociaciones judiciales,
críticas
Respecto a las Asociaciones Judiciales,
salvando
la
Asociación
Profesional
de
la
Magistratura
que
ha
presentado
un
informe
donde
señalaban
posibles
injerencias
del
poder
legislativo
en
el
judicial.
De
hecho
el
articulo
que
permite
al
Ministerio
de
Justicia
pedir
al
CGPJ
que
inspeccione
determinado
juzgado
o
actuación
del
juez,
es
para
este
colectivo
de
jueces
inadmisible
y
debería
ser
suprimido.
Desde la propia APM se ve como un incremento
de
la
politización
de
imagen
de
la
justicia
que
en
la
nueva
LOPJ
se
fije
la
proposición
de
que
un
presidente
de
tribunal
pueda
ser
cesado
por
"pérdida
de
confianza"
si
así
lo
solicitan
tres
quintos
de
los
vocales
del
pleno
del
Poder
Judicial.
Una
medida
que,
además,
según
explicarán
"proyectará
una
mayor
influencia
partidista
en
los
tribunales
que
dependen
de
esos
presidente.
En este informe, que puede estudiarse
aquí,
http://goo.gl/arDwWk
la
APM
también
critica
que
el
anteproyecto
de
reforma
intente
recortar
los
derechos
de
las
asociaciones
judiciales,
consideran
que
limita
su
libertad
de
expresión
"de
forma
innecesaria"
al
prohibir
a
jueces
y
asociaciones
hacer
valoraciones
en
medios
de
comunicación
sobre
procedimientos
judiciales.
Curiosamente desde esta publicación
diferentes
magistrados
de
notorio
prestigio
han
llamado
la
atención
sobre
que
en
esta
reorganización
de
nuestra
justicia
hay
dos
elementos
que
el
legislador
aún
no
ha
comentado
nada.
El
primero,
la
parte
económica,
qué
inversión
habrá
que
hacer
para
reestructurar
nuestros
tribunales.
Y la
otra,
el
diálogo
con
las
CCAA,
no
hay
que
olvidar
que
gran
parte
de
las
competencias
están
transferidas
en
Justicia.
Sin
ese
diálogo
nos
podríamos
encontrar
en
la
situación
tecnológica
de
seis
sistemas
interoperables,
como
son
los
que
existen
en
nuestra
justicia,
apuntan
dichas
fuentes.
Queda por saber, y eso será la próxima
semana,
seguramente
en
una
rueda
de
prensa
conjunta,
cuando
Asociación
de
Jueces
Francisco
de
Vitoria,
Jueces
para
la
Democracia
y
Foro
Judicial
independiente
presenten
su
postura
común
frente
a
esta
reforma
de
la
LOPJ.
Sabemos
que
cada
asociación
se
ha
encargado
de
estudiar
una
parte
de
esta
voluminosa
reforma
y
que
previsiblemente
el
próximo
11
de
junio
en
Madrid
tendrá
el
encuentro
con
los
medios
informativos
y su
postura
común. |