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 La
última
semana
de
mayo,
la
Asociación
Profesional
e
Independiente
de
Fiscales
(APIF)
celebró
su
VIII
Congreso
Ordinario.
Las
Conclusiones
de
ese
Congreso
están
colgadas
en
la
página
Web
de
la
asociación
(http://www.apifiscales.es),
pero
creo
conveniente
destacar
el
deseo
de
cambio
profundo
del
funcionamiento
de
la
Fiscalía
española
que
anida
en
el
conjunto
de
conclusiones
y
propuestas.
La
APIF
se
opone
a la
politización
de
la
Fiscalía,
hoy
palmariamente
existente
a
través
de
la
influencia
de
dos
asociaciones
afines
a
los
dos
partidos
políticos
dominantes
en
España
y
del
nombramiento
del
FGE
por
el
Gobierno
de
turno.
Esa
politización
es
nefasta
en
muchos
aspectos
profesionales:
política
de
nombramientos,
arrinconamiento
de
reclamaciones
profesionales,
opacidad
de
la
Fiscalía,
falta
de
transparencia
en
las
relaciones
entre
la
FGE
y el
Gobierno,
mala
imagen
pública
de
la
Fiscalía,
entre
otras.
Pero
es
devastadora
en
la
lucha
contra
la
corrupción.
Fiscalía
y
CGPJ
politizados,
unidos
a la
institución
de
los
aforamientos,
a
las
presiones
sobre
la
Policía
Judicial,
al
control
de
la
Agencia
Tributaria
dejan
al
ciudadano
estupefacto
y a
la
APIF
en
disposición
de
plantar
cara.
No
vamos
a
callar,
no
será
este
tiempo
un
tiempo
oscuro
para
la
Fiscalía
y la
Justicia
española
contando
con
nuestro
silencio,
con
nuestra
complicidad.
Por
ello
reclamamos
una
serie
de
reformas
en
profundidad
en
la
organización
de
la
Fiscalía
que
se
orienten
en
la
dirección
contraria
(transparencia,
imparcialidad,
neutralidad
política)
a la
actual
(dominada
por
el
oscurantismo,
el
sectarismo
y la
politización).
Creemos
que
hay
que
potenciar
la
imparcialidad
en
la
actuación
de
los
fiscales,
mucho
más
que
potenciar
el
principio
de
unidad
y
dependencia
jerárquica.
Creemos
que
hay
que
luchar
por
erradicar
el
miedo
profesional,
que
hoy
se
fomenta
con
un
sistema
disciplinario
falto
de
garantías,
que
hay
sido
incluso
denunciado
por
instancias
internacionales
y
por
los
Tribunales
españoles.
Creemos
que
desde
la
libertad
profesional
(con
sujeción
naturalmente
a la
ley
y
las
reglas
generales
internas
de
la
Fiscalía),
se
rinde
mejor,
se
optimiza
el
rendimiento
profesional
de
cada
fiscal
y se
afronta
la
enorme
carga
de
trabajo
con
mejores
garantías
para
todos.
Creemos
en
la
aplicación
de
la
ley
con
igualdad
para
todos,
y
condenamos
la
influencia
política
en
nuestra
actuación
profesional.
Creemos
que
la
plantilla
de
la
Carrera
fiscal
es
absolutamente
insuficiente,
y
además,
que
la
creación
de
muchas
plazas
de
libre
designación
por
criterios
de
confianza,
además
de
fomentar
el
clientelismo,
ahonda
la
brecha
profesional
entre
fiscales.
Creemos
que
debe
suprimirse
la
tercera
categoría
profesional,
porque
los
fiscales
de
la
misma
hacen
exactamente
el
mismo
trabajo
que
los
de
segunda,
pero
ganan
mucho
menos.
Creemos
que
han
de
liberarse
a
los
fiscales
de
tareas
accesorias,
como
la
elaboración
de
estadísticas,
en
un
contexto
general
de
racionalización
del
trabajo
profesional.
Estamos
en
contra
de
la
general
supresión
de
los
fiscales
sustitutos,
y
reclamamos
su
recontratación
en
los
casos
de
bajas
estructurales
o de
cargas
de
trabajo
desproporcionadas.
Y
vamos
a
promover
un
debate
sobre
la
conveniencia
de
eliminar
los
aforamientos
de
fiscales,
como
paso
previo
a la
supresión
de
todos
los
aforamientos
en
España.
La
APIF
sale
fuerte
de
su
Congreso,
con
gran
ilusión
y
ganas
de
mejorar
la
Justicia
y la
Fiscalía
en
España,
pero
conscientes
de
que
hay
estructuras
construidas
desde
hace
muchos
años
desde
el
poder
político
con
la
colaboración
de
la
jerarquía
profesional,
que
no
va a
ser
fácil
desmontar.
Pero
vamos
a
intentarlo.
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