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JUSTICIA
La asociación judicial pide más persecución con los préstamos abusivos y una mayor lucha contra la publicidad engañosa así como una ley que regule el sobreendeudamiento de las personas físicas Fue en el reciente Congreso Nacional de la asociación judicial Jueces para la Democracia celebrado hace unos días en Oviedo cuando se respaldó el acuerdo tomado por unanimidad en las I Jornadas de la Comisión de Derecho Privado celebrado en Zaragoza el pasado mes de marzo donde se abordó el tema de la protección del cliente de la banca al hilo de las últimas reformas legislativas. Medidas más proactivas como la inspección preventiva de entidades financieras; mejorar la transparencia de los organismos reguladores como Banco de España, CNMV y FROB, luchar contra los prestamos abusivos así como la propia publicidad engañosa de estas entidades son algunas de las medidas que se instan a tomar. Otra medida destacada es la de elaborar una ley que aborde las causas subyacentes en los impagos de los préstamos hipotecarios y que trate de evitar las ejecuciones hipotecarias, contemplando los cambios en las circunstancias económicas de los prestatarios, los cambios sustanciales en el valor de los inmuebles y el posible resultado de hipotecas inviables, manteniendo al mismo tiempo incentivos apropiados tanto para deudores como para acreedores y reduciendo al mínimo el posible riesgo moral, tal como han solicitado a España el Banco Central Europeo en su dictamen de 22-5-2013 y el Parlamento Europeo en su sesión de 11-6-2013. En esa propuesta, a la que ha tenido acceso Lawyerpress, se insta al Gobierno de la Nación y de las Comunidades Autónomas, a los partidos políticos y al poder legislativo, en el ámbito de sus respectivas competencias, a ser más proactivo en el cuidado del consumidor de las entidades financieras desde diferentes perspectivas. Junto con la citada ley que frene las ejecuciones hipotecarias, la asociación progresista de jueces reclama que se suspendan los lanzamientos de vivienda en procedimientos de ejecución hipotecaria en tanto no se acredite un compromiso por el adquirente u otros a los que la transmita para la ocupación efectiva del inmueble en el plazo de seis meses, con recuperación de la posesión si tal ocupación no se produce. Al mismo tiempo se pide una de las reivindicaciones históricas, hasta ahora no logradas, como es la de Elaborar una ley de sobreendeudamiento de los ciudadanos, que proporcione protección a los deudores de buena fe y les posibilite su recuperación económica y que existe en otros países de nuestro entorno europeo más inmediato. Jueces para la Democracia apuesta por el desarrollo de inspecciones preventivas para controlar las prácticas de las entidades financieras en la contratación con consumidores, ejerciendo la potestad sancionadora frente a las que incurren reiteradamente en el uso de cláusulas abusivas. Al mismo tiempo se pide que se adopten medidas dirigidas a que los organismos de control como el Banco de España, CNMV y el FROB, actúen con transparencia, facilitando información de sus actividades, inspecciones y expedientes, exigiendo a sus consejeros, vocales y consejos rectores que den cuenta de sus actividades y retribuciones por todos los conceptos, con un rígido sistema de incompatibilidades antes y después de su ejercicio. Otro asunto que preocupa a JpD son los prestamistas abusivos, se pide un mayor control de esos profesionales que sin estar sujetas a la fiscalización del Banco de España o de la CNMV, se dedican a actividades de préstamo, imponiendo en muchos casos intereses usurarios o abusivos. A la vez se pide mayor persecución sobre la publicidad engañosa de estas entidades que disfrazan créditos fáciles y rápidos lo que son préstamos que rayan o incurren en la usura. En el citado documento del que estamos hablando se pretende promover y en su caso imponer de forma obligatoria para el empresario, especialmente en el sector bancario, el sometimiento a mediación de las controversias, incumplimientos o interpretación de los contratos con consumidores, especialmente los que puedan comprometer la vivienda familiar o los ingresos mínimos de la unidad familiar, antes de acudir a la vía judicial. También se apuesta por establecer legalmente tipos máximos de interés moratorio en la contratación con consumidores, así como promover normas imperativas del deber de información de las entidades financieras, en la contratación con no sólo con consumidores sino también con autónomos y pymes, similares a las que protegen a los destinatarios de servicios de inversión (realización de tests, exposición de escenarios, etc.). JpD señala la necesidad, además de, realizar campañas divulgativas para mejorar el conocimiento por los consumidores de sus derechos. Al mismo tiempo reclaman una mejor independencia del cuerpo de notarios impidiendo su vinculación a entidades financieras, debiendo cumplir sus deberes de expulsión de cláusulas abusivas, como forma de garantizar la observancia por su parte del deber de protección del consumidor. Desde esta asociación judicial se habla de impulsar el efectivo y eficiente funcionamiento del fondo social de viviendas destinadas a las personas que han sido desalojadas de su vivienda, extendiendo el ámbito de su adjudicación a más colectivos (ejemplo familias monoparentales con un solo hijo menor o cualesquiera vulnerables con hijos menores), y efectuar un seguimiento público que permita conocer el real funcionamiento del fondo y el número de ciudadanos beneficiados y rechazados.
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