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Fuertes críticas al Proyecto de Ley de Orgánica de Seguridad Ciudadana que algunos expertos ya lo califican como “Ley Mordaza”
MADRID, 14 de JULIO de 2014 - LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez
 

Jueces para la Democracia, ICAB, Amnistia Internacional e Intermon Oxfam no ven justificada esta nueva norma que cuestiona ciertos derechos constitucionales

El Consejo de Ministros aprobó este viernes la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que actualiza la normativa vigente desde 1992. La norma define, por primera vez, el concepto de seguridad ciudadana y crea un marco jurídico adecuado para el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La norma refuerza la seguridad ciudadana, prohíbe que se hagan identificaciones indiscriminadas, regula los cacheos y protege expresamente el derecho de manifestación. El Gobierno también ha aprobado una norma para garantizar que los alumnos reciban enseñanza en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. Sin embargo, ya se han alzado las primeras voces que critican de injustificada esta norma, ya calificada como “Ley Mordaza” porque a juicio de diferentes expertos coarta diferentes derechos constitucionales de asociación, libertad de expresión, entre otros. En la capital de España, el mismo viernes, dia de la aprobación de la norma, tuvo lugar una manifestación contra la misma sin incidentes.
En opinión de Joaquin Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia este proyecto de ley de Seguridad Ciudadana no es necesario, la inmensa mayoría de las manifestaciones se celebran en nuestro país sin incidentes. Desde su punto de vista “la nueva ley lo que pretende es impedir determinadas críticas que son especialmente incómodas para el poder político. Y lo hace a costa de restringir las libertades.”
Para Bosch, en estos momentos de conflictividad social lo que debe hacer el Gobierno es convencer a la ciudadanía con argumentos sobre su gestión y no castigar la disconformidad a través de las leyes estatales. Sin embargo, el Gobierno está convirtiendo un conflicto social en un conflicto de orden público.
Respecto al contenido de la norma indica que se han suavizado algunos aspectos que eran anticonstitucionales “. Sin embargo, se mantienen preceptos que generan dudas de constitucionalidad en el ámbito de las retenciones, identificaciones y cacheos. Y, especialmente, se mantiene todo un listado de sanciones contra diversas formas de ejercicio del derecho de manifestación, del derecho de crítica y de la libertad de expresión, que son castigados con unas cuantías económicas desorbitadas.”
Desde Jueces para la Democracia se indica que con esta norma el Gobierno intenta buscar vías de sanción que no ha encontrado en el poder judicial, que de forma reiterada ha desestimado las pretensiones del poder político de castigar formas de protesta que están amparadas por la libertad de expresión y otros derechos fundamentales. Sin embargo, con la nueva ley el Gobierno pretende convertirse en juez y parte, para actuar sobre los derechos fundamentales en las situaciones en las que recibe críticas por parte de la ciudadanía.
Según Joaquin Bosch, con toda esta regulación no se produce ninguna protección de la seguridad ciudadana, sino que el Gobierno pretende disponer de un instrumento para poder acallar las críticas sociales. En conjunto, la reforma que se impulsa resulta contraria a la pluralidad propia de una democracia constitucional y supone un inquietante ataque a nuestro sistema de derechos fundamentales.

ICAB, contra esta reforma
El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) considera un grave retroceso para la democracia y los derechos fundamentales de las personas la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros.
En opinión de Oriol Rusca, decano de la entidad judicial no se puede combatir la violencia de grupos minoritarios con recortes en derechos constitucionales de asociación, de reunión, de expresión, de presunción de inocencia, de derecho al honor que tienen todos los ciudadanos. "Esto conlleva que la ciudadanía se convierte en víctima no sólo de los ataques de los grupos violentos que dañan bienes y derechos de las personas, sino también de las reformas legislativas que recortan derechos y endurecen más el código penal, que ya prevé penas graves para las actitudes violentas y los ataques a los cuerpos y fuerzas de seguridad ", afirma
Las reformas más importantes que introduce la ley de seguridad ciudadana giran alrededor del hecho de que muchas de las faltas pasarán a ser delitos menos graves o pasarán a ser consideras infracciones, que se castigan de forma más grave.
Así por ejemplo, y en relación al uso de las imágenes o datos de policías, serán consideradas infracción si pueden poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, las instalaciones protegidas o el éxito de una operación. "Esta medida también se contrapone con el derecho de defensa de las víctimas, por lo que es arbitraria y partidista", afirma Rusca. Y añade: "Esta Ley es propia de estados totalitarios que nos lleva a tiempos preconstitucionales que ya teníamos olvidados. Por esto es inadmisible". También será un paso atrás en los derechos y libertades de las personas que los agentes de la policía puedan retener durante seis horas un ciudadano sin necesidad de presentar cargos contra él.
Por estos motivos, el Colegio de Abogados de Barcelona critica que la Ley castigue el derecho de la ciudadanía de manifestar el rechazo ante las acciones que el Gobierno realiza y que le son contrarias. En los próximos días, , el Colegio estudiará con detenimiento la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, con el fin de denunciar aquellas cuestiones que considera inconstitucionales y pide enérgicamente la retirada inmediata de esta ley.

Preocupación ante el texto final
Ante las declaraciones del Ministerio de Interior, Jorge Fernández Díaz sobre la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, las organizaciones Amnistía Internacional e Intermón Oxfam aseguran, en primer lugar, que en la actualidad no existe un problema de seguridad ciudadana que justifique la necesidad de incorporar legislación que intente parar la protesta o restringir de alguna manera el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y manifestación.
Así lo han manifestado tanto con respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana como con el Código Penal. Las organizaciones, que han mantenido reuniones con el Ministerio del Interior para mostrar sus preocupaciones sobre la Ley, consideran positivo que durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Jorge Fernández Díaz haya declarado que el proyecto aprobado incluye de manera expresa el principio de no discriminación y el principio de proporcionalidad en las identificaciones por parte de la policía, o la obligación de entregar un boletín de información a las personas que vayan a estar retenidas más de seis horas con los motivos de la misma.
Las organizaciones ven también positivas las afirmaciones del Ministro en las que asegura que la disolución de la reunión será la última medida a tomar en las manifestaciones pacíficas. Asimismo, el hecho de que finalmente no se haya producido un incremente de la cuantía de las multas como se había anunciado anteriormente también es una buena noticia.
Las entidades analizarán el texto finalmente aprobado para ver cómo han quedado realmente reflejados, tanto los aspectos anunciados por el Ministro como otras preocupaciones que fueron compartidas con el Ministerio.
Sin embargo, Anmistia Internacional e Intermon Oxfam muestran su preocupación por el hecho de que el Ministro no haya mencionado o no haya incluído aspectos que son fundamentales como la introducción de mecanismos de control de la actividad policial y de rendición de cuentas.
Tampoco se ha hecho mención al uso no autorizado de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad o a cómo queda el aspecto de las infraestructuras críticas o la infracción de escalamiento.
 

 

 

 

 

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