MARKETING
COMUNICACIÓN
INTERNET
FORMACIÓN
RRHH
PUBLISHING & EVENTS
DIRECTORIO
Noticias de Despachos
Operaciones
TIC
Descontento ante la existencia de dos cánones, el de copia privada, ahora con cargo a los Presupuestos del Estado y el de AEDE para que los prestadores de servicios compensen a diferentes medios periodísticos La Comisión de Cultura del Congreso aprobó este miércoles—con 22 votos a favor, los del PP, y 20 en contra de la oposición— el texto del anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Ahora queda su tramitación en el Senado el próximo otoño para que posiblemente la norma entre en funcionamiento a primeros del año que viene. Esta reforma parcial y urgente ha generado bastante malestar entre los expertos, al margen de la tramitación de esta necesaria reforma. Al mismo tiempo la Directiva de Propiedad Intelectual que se tramita en Bruselas podría modificar estos cambios normativos que se están gestando en nuestro Parlamento. Para conocer mejor lo que supone la reforma de la LPI que se avecina hemos contactado con Sergio Carrasco, cofundador de derechoenred y experto en privacidad, Ofelia Tejerina, directora jurídica de la Asociación de Internautas, la propia IAB Spain, patronal de la publicidad digital y Paz Martín, Directora Jurídica y experta en privacidad de Herreros & Asociados. Cualificados expertos que denuncian las carencias de una reforma insuficiente. Sergio Carrasco, abogado experto en privacidad y cofundador de https://www.derechoenred.eu/ , una de las plataformas claves para entender el desarrollo del Derecho y las Nuevas Tecnologías, señala que “la reforma aprobada por la Comisión de Cultura del Congreso es totalmente insuficiente e inapropiada. No creo que vaya a lograr los objetivos para los que se ha planteado”, afirma. Para este experto pese a que se hayan quedado más de 160 enmiendas sin aprobar en la Cámara Baja “ los cambios que se establezcan tendrán que ver con la redacción de algunos temas más secundarios porque los aspectos más controvertidos de la reforma como son, los métodos de persecución de la piratería y el llamado Canon AEDE van a permanecer tal como están”, advierte. Le preguntamos también por los cánones que ahora tendremos, el de copia privada, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y el citado AEDE: ”Será bastante complicado ponerlo en marcha el citado canon al ver la posición de los titulares prestadores de servicios sobre la citada compensación. No ayudaría a crear un marco jurídico seguro su implantación”, añade. Desde su punto de vista el pago del prestador por esos fragmentos puede impedir que surjan nuevos servicios y perjudicar especialmente a aquellos prestadores más pequeños, lo que podría generar a medio plazo un movimiento de concentración en este sector donde los más fuertes sobrevivirían. Sobre las medidas que se implantan a las entidades de gestión como la SGAE para controlar su gestión, está de acuerdo aunque cree que “es posible que lleguen con años de retraso”. De todas formas cree que se queda corto. Para este reputado jurista la metodología que se aprueba para perseguir los delitos de piratería no es la más adecuada. Se refuerza la ya conocida Comisión Segunda, de carácter administrativo, que ya en activo ha dado muestras de su ineficacia “ sus intervenciones han sido mínimas y muchas de ellas anuladas luego en los tribunales ordinarios”, explica. Desde su punto de vista sacar del proceso a los jueces y dar más poderes a la citada autoridad administrativa no es la solución al problema de la piratería. “ Creo que esta reforma que plantea el Gobierno no es necesaria. La normativa actual está funcionando. Si los resultados no son los que quieren debería analizarse con más calma”. Y recuerda que la propia UE tiene previsto aprobar en breve una Directiva sobre Propiedad Intelectual que nuestro país tendrá que trasponer a medio plazo. “Es muy posible que nuestro derecho a la cita se matice en este entorno europeo”, añade. Polémica con el Canon AEDE Ofelia Tejerina es la directora jurídica de la Asociación de Internautas. Una entidad que ha sido muy crítica con esta reforma. Su punto de vista más extenso se puede consultar en este documento, http://goo.gl/0aqIwK, “Es una reforma hecha a medida para determinadas cuestiones. Poco tiene que ver con la defensa y la cultura de la propiedad intelectual y sí con la defensa de intereses de sectores económicos concretos” explica. Respecto a los dos cánones que aparecen en este escenario recuerda que “según la legislación europea es difícil explicar un canon digital implantado en nuestros impuestos, ahora desde el Parlamento se busca una financiación extra de los medios de comunicación”. Sobre la cuantía y cuándo entrará en funcionamiento nos comenta que tendremos que esperar a que entre en vigor el Reglamento correspondiente. Respecto a los cambios que se puedan introducir tras el verano en la Comisión de Cultura del Senado, la directora jurídica de la Asociación de Internautas es escéptica a que se introduzcan cambios importantes en esa reunión. “Confiemos que haya una reflexión mayor de la votación que pudimos seguir por streaming en el Congreso, daba la sensación que sus señorías no sabían lo que estaban votando. Es fundamental reflexionar sobre el derecho al enlace y a la cita y la propia responsabilidad del prestador del servicio sobre esa acción”. Respecto a la referencia del enlace periodístico a una noticia esta experta no considera que tenga que tener una remuneración importante tal y como se está barajando ahora. “Es preocupante que los medios de comunicación reciban dinero de los políticos de esta forma”, añade. A su juicio esta medida es grave en un Estado de Derecho y puede tener visos de inconstitucionalidad “esta medida no tiene ningún respaldo ni parangón en directivas o países europeos de nuestro entorno. Respecto a las medidas para proteger la protección intelectual Tejerina las pone en duda “no se ve ninguna medida práctica de protección sino que se insiste en grande multas para intentar frenar estas conductas.” Desde su punto de vista esta tasa que apoya a los medios periodísticos puede socavar su independencia “Como se ha visto la llamada Comisión Sinde no ha valido para nada y sus escasas resoluciones fueron recurridas. “De momento aún no ha hecho ninguna barbaridad pese a que la legislación actual se lo permite”, aclara. Con la reforma de las normas que controlan a las entidades de gestión “los autores podrán recibir las cantidades estipuladas y que antes no les llegaba por el mal funcionamiento de estas entidades”. Tejerina espera que no llegue aprobarse esta reforma y que se abra el debate que no se ha abierto hasta el momento. Peligrosa lucha contra las infracciones IAB Spain, la Asociación que representa al sector de la publicidad, el marketing y la comunicación digital en España, ve deficiencias en los cambios propuestos en la reforma de LPI, que incluye novedades que afectan de forma grave al entorno publicitario, como las obligaciones de colaboración e información de los “intermediarios de publicidad”, o el controvertido canon por cita. La reforma introduce la facultad de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual de requerir la colaboración de los “intermediarios de publicidad” y “servicios de publicidad” para que suspendan el servicio que facilitan a la web infractora y bloquear su financiación. Para Paula Ortiz, Directora Jurídica de IAB, “únicamente se penaliza al anunciante con nuevas obligaciones y sancionando su falta de colaboración, cuando estos nada tienen que ver con la actividad del sitio web infractor y simplemente van a ver como sus clientes cambian a proveedores de servicios de publicidad extranjeros, a los que la reforma no afecta”. Esta búsqueda de ahogar al infractor obligando a los "intermediarios de publicidad" y "servicios de publicidad" a colaborar, establece que a quienes incumplan su deber de colaboración se les aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 11 de la LSSI, que se refiere a los “prestadores de servicios de intermediación”, pero la actividad publicitaria no parece encajar en ese concepto, por lo que no serían un servicio de intermediación a efectos de la Ley, y por tanto no le resultaría aplicable su artículo 11, ni las sanciones de 150.001 hasta 600.000 euros que su incumplimiento acarrea. Además, la infracción prevista para la página web que incumple “por dos o más veces” un requerimiento de la Sección Segunda es grave, y conlleva una sanción de “entre 30.000 y 300.000 euros”; mientras que toda falta de colaboración por parte de los servicios de publicidad se considera muy grave, y su correspondiente sanción puede alcanzar los 600.000 euros. Se antoja desproporcionado que quienes de forma reiterada “vulneren directamente derechos de propiedad intelectual de forma significativa”, reciban una sanción inferior a quienes se limitan a ejercer una actividad legal, como es contratar un espacio para mostrar su publicidad a terceros, y no atiendan satisfactoriamente, a juicio de la administración, a un único requerimiento.. Esta reforma implica además un perjuicio para los usuarios o pequeños servicios, cuya actuación no sólo no perjudica a los citados autores, sino que habitualmente les sirve para posicionar y publicitar sus contenidos de forma gratuita. Además, únicamente están obligados al pago los proveedores de servicios ubicados en España, por lo que esta medida propicia la contratación de servidores y proveedores de servicios extranjeros (no obligados al pago). Es una medida que afecta a todos los actores del entorno publicitario puesto que los enlaces llevan tráfico a las páginas, lo que influye al volumen de inversión publicitaria. Norma polémica, sin consenso Por su parte, Paz Martin, Directora del Departamento de Nuevas Tecnologías de Herrero & Asociados, reconoce que las expectativas de la reforma han sido escasas desde incluso que entró en la propia Comisión de Cultura del Congreso. “Es una norma polémica llena de disposiciones contradictorias y poco consensuada con lo cual su futuro es muy incierto”, aclara. Tampoco cree que a los titulares de los derechos de propiedad intelectual les ayude a defender sus derechos. “No creo que sea la mejor herramienta para proteger sus legítimos intereses”, denuncia. Nuestra interlocutora considera que la imposición del canon digital a través de los Presupuestos Generales del Estado es una aberración. “No es por ello un pago compensatorio justo.” A su juicio, la situación actual es compleja porque solo unos pocos autores pueden vivir de lo que hacen o recibir compensaciones dignas. Respecto al canon AEDE, comprende la postura de los editores aunque también señala que Internet es otra cosa distinta a un medio convencional “ Nadie puede discutir que funciona gracias a los enlaces, links y demás elementos que hacen que la visibilidad de las noticias se incremente. Creo que se debería haber buscado una medida que congeniara los intereses de todas las partes implicadas”, comenta. Su puesta en práctica será compleja y se prevé para a medio plazo, realmente. Desde su punto de vista estas medidas impulsadas desde la famosa Comisión Sinde no ayudarán mucho a proteger los intereses de los creadores “la reforma se ha acelerado su trámite para que nuestro país abandone la lista negra de países que más implicados están en piratería. Es posible además que estos cambios contradigan a la Directiva de Propiedad Intelectual que ahora se está discutiendo”, señala. En su opinión la lucha contra la piratería hay que centrarla en dotar a la justicia de más medios para luchar contra los delincuentes y no crear Comisiones u órganos administrativos intermedios que tampoco tienen esos medios lo que hace que su efectividad sea muy escasa. “De hecho los resultados hasta la fecha no han sido los esperados”, apunta. Para Martín el “escándalo SGAE” ha hecho que se aprobasen estas normas para un control mejor de las entidades de gestión. “Ahora se va a mirar con lupa lo que hagan estas entidades, lo que redundará en los propios intereses de los creadores que ahora estarán más protegidos”, comenta. La clave está en que exista la voluntad de hacerlo, cuestión que hasta la fecha ha faltado, según señalan nuestros expertos. Y es que “las normas de propiedad intelectual no tienen que tener color pero por la votación que hemos seguido, toda la oposición está en contra. No obstante la gran reforma de la propiedad intelectual está aún por llegar.”
Buscar en lawyerpress.com
comparte ésta información
Tweet
<br />
copyright, 2014 - Strong Element, S.L. - Peña Sacra 18 - E-28260 Galapagar - Madrid - Spain - Tel.: + 34 91 858 75 55 - Fax: + 34 91 858 56 97 - info@lawyerpress.com - www.lawyerpress.com - Aviso legal
