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Bajo el lema “Contruyamos accesibilidad”, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) acaba de poner en marcha una campaña de incidencia política para lograr la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal a fin de que las obras y actuaciones de accesibilidad en los elementos comunes de los inmuebles sean asumidas obligatoria e íntegramente por las comunidades de propietarios. La campaña de presión política consiste en el envío a todas las instancias del Gobierno- ministerios de Fomento, de Justicia y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad- y del Parlamento- comisiones de Fomento, Justicia y Discapacidad del Congreso- con responsabilidad en esta materia de una propuesta de cambio legislativo junto con la reproducción a escala natural de un ladrillo de los empleados de la construcción de viviendas que lleva grabados mensajes exigiendo la reforma urgente de la regulación de la materia. En concreto, las consignas adheridas al ladrillo (“Construyamos accesibilidad”. “Las viviendas no son prisiones”, “¡Reforma de la Ley de propiedad Horizontal, ya!”) recuerdan a los legisladores y los dirigentes gubernamentales la necesidad imperiosa de acometer la modificación de la normativa sobre propiedad horizontal, ya que es una de los ámbitos que las personas con discapacidad y personas mayores experimentan como más problemático y discriminatorio, generando cientos de quejas y denuncias. Paralelamente, a este envío masivo, el CERMI ha hecho llegar la propuesta de reforma legislativa a todos los Parlamentos autonómicos, pidiendo a las cámaras legislativas territoriales que planteen a las Cortes Generales una proposición de Ley de reforma de la normativa sobre propiedad horizontal, que obligue al Congreso a debatir sobre esta cuestión y en su caso tramitarla. No discriminación El CERMI entiende como necesaria una legislación general sobre no discriminación, transversal, de la que España carece, por lo que saluda la propuesta del nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en este sentido. En nuestro ordenamiento jurídico, contamos con normativas específicas para ciertos grupos o sectores sociales, en atención a factores como el género, la discapacidad, el origen étnico, etc., o para ámbitos determinados como el empleo, la contratación de bienes y servicios, entre otros, pero no existe un marco protector genérico contra la discriminación que aúne y trascienda los motivos concretos de trato desigual y que ya tienen algún tipo de amparo jurídico. Como movimiento social de la discapacidad, apoyamos esa legislación genérica que no sustituiría sino que complementaría las específicas ya disponibles, como es el caso de la de igualdad de oportunidades de personas con discapacidad. En la Legislatura 2008-2011, se trabajó en un proyecto de ley de este tipo, que llegó incluso al Parlamento, pero que no vio la luz por la disolución anticipada de las Cámaras. Es una cuestión pendiente, que el CERMI y toda la discapacidad organizada demandan y esperan de los grupos políticos.”
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